A principios de noviembre pasado, un particular -por casualidad- advirtió que la empresa YPF estaba perforando un pozo petrolero a menos de 200 metros del cauce del Arroyo Carrizal. Como nunca supo de la realización de audiencia pública alguna, instancia que forma parte del proceso de declaración de impacto ambiental, fue a preguntar al Departamento General de Irrigación y a la Dirección de Protección Ambiental si habían intervenido en el proceso para autorizar tal perforación. Según el denunciante, nunca hubo respuesta de ninguna de las dependencias.
El director de Protección Ambiental, Gonzalo Dávila, respondió a la consulta de Los Andes. Explicó que para este tipo de perforación, conocida como de "desarrollo", no hace falta audiencia pública y que la obra está fuera de los límites de la zona de restricción fijada por Irrigación.La polémica está planteada. La zona de El Carrizal viene con problemas de contaminación de acuíferos desde fines de la década de los ?90. Sus vecinos conocen los efectos de los daños ambientales y la aparición de un equipo de perforación contratado por YPF ha desatado reacciones inmediatas.Volviendo a la historia, dos notas fueron presentadas ante Irrigación. Una, el 13 de noviembre de 2013. La otra, cinco días después. En las mismas fechas ingresaron la misma cantidad de escritos en Protección Ambiental. Es que, entre medio, según relata en las últimas notas, hubo una reunión con un ingeniero de Irrigación, quien informó verbalmente que esa dependencia no había intervenido en el proceso de autorización del pozo. En la primera nota, pedía conocer si había intervención. En la segunda, solicitaba la paralización de la obra que estaba realizando YPF en terrenos de la ex finca Arizu, distrito Carrizal del Medio.El particular es José Cassio Guerra, quien está patrocinado por el abogado José Antonio Rubio. Este último es, además, vecino de la zona.El cuestionamiento de Guerra y Rubio está vinculado con la cercanía de la perforación a un arroyo, del Canal Merceditas (hijuela de riego) y de un pozo de agua. Por este motivo es que los denunciantes entienden que la perforación de un pozo petrolero "debe ser inexorablemente sometida a la evaluación del Departamento General de Irrigación", organismo que no ha intervenido en el tema. Desde el Departamento indicaron que al tratarse de un yacimiento que ya está en explotación, la Dirección de Protección Ambiental no ha dado aviso a Irrigación. Ya tuvo intervención en su momento y se determinó que no se afecta el recurso hídrico; si fuera una zona nueva, desde Ambiente debería haberse dado intervención al Departamento.El pozo corresponde al yacimiento conocido como Barrancas Sur, nombre que Rubio rechaza de plano, porque entiende que es un eufemismo para evitar nombrar la zona de El Carrizal, un nombre que, por los antecedentes en contaminación provocada por la actividad petrolera, inmediatamente enciende las alarmas.El director Dávila dice que los denunciantes siguen haciendo denuncias. "Nos pidió el expediente la fiscal (Claudia) Ríos", aseveró Dávila. Efectivamente, el expediente judicial en Delitos Complejos es el 116.908, del que no hay información disponible porque, según el propio Rubio, aún está bajo secreto del sumario.Los denunciantes están activos. Además de haber hecho presentaciones ante la fiscalía de Delitos Complejos de Ríos, también se supo que hubo denuncias ante la Fiscalía de Estado e incluso remitieron una carta documento al presidente de la reestatizada YPF, Miguel Galluccio.
