Opinión
Ricardo Valcárcel
Enero del 2010 fue la meta legal para eliminar el alto nivel de azufre en los combustibles que se comercializan en el Perú. Tuvo que posponerse por la incapacidad técnica, económica y financiera de Petroperú para ejecutar tal proyecto. Hoy, cuatro años después, Petroperú hará un nuevo intento para modernizar su refinería en Talara, que podría estar operativa optimistamente en el 2017, habiendo escalado su costo desde US$ 400 millones a US$ 3,500 millones, previéndose que terminaría costando cerca de US$ 4,500 millones. Para ello, el Congreso ha dado la Ley 30130, tratando de armar un esquema que tiene algunos elementos razonables pero se queda corto para ser viable.
La participación privada en el proyecto es una de sus mayores debilidades. ¿Qué inversionista se arriesgaría a convertirse en socio minoritario en Petroperú o qué entidad financiera le prestaría fondos, cuando la empresa estatal tiene pésimos antecedentes de intromisión política en sus decisiones y una muy baja rentabilidad patrimonial en la última década? Además, los talareños, que consideran a la refinería un ícono, ¿tolerarán que se venda buena parte de Petroperú a un tercero, que posiblemente exigirá tener un manejo activo de la empresa? Se vislumbran problemas sociales ante un gobierno que solo sabe retroceder en esos casos. También, se manda, reorganizar a Petroperú primero y sanearla en todos sus aspectos para que pueda, entonces, negociar la incorporación de un socio estratégico. Eso llevará dos años, mínimo.
Encima, el negocio de la refinación de petróleo está mostrándose mediocre, no solo para Petroperú. Lo que sucede con la Refinería de La Pampilla es un ejemplo. Esta refinería, que cuenta con una buena cadena de grifos, ha tratado de ser vendida últimamente sin éxito. Mostrar una pérdida de US$ 6 millones en los últimos 21 meses y tener que gastar cientos de millones de dólares en su propio proyecto de desulfurización han alejado a los inversionistas. Y eso se ha reflejado en la Bolsa de Valores, donde la cotización de su acción ha bajado 70% en el periodo 2012-2013.
Para complicar las cosas está el tema de los US$ 1,000 millones de garantías del Gobierno para la refinería de Talara, que, contingentemente, se convertirán en deuda para apalancar el financiamiento requerido. En suma, con la tuya y con la mía, con nuestros impuestos, cargaremos esta gran factura.
