Es tan grande el uso de la mentira en el relato que construye el kirchnerismo que la tergiversación termina siendo la norma. Y claro, puede llevarnos a errores en los diagnósticos y en las soluciones propuestas. Esta confusión se presenta con el tema de las tarifas de los servicios públicos, hoy tan en boga por los cortes eléctricos, que señalan que algo está verdaderamente mal.

Hace años se habla del atraso creciente de las tarifas de servicios públicos como si fuera un cáncer que anticipa males peores. En las antípodas, los K muestran las tarifas congeladas en un país con una inflación del 25% casi como muestra de triunfo popular en contra de las corporaciones.

Y así vamos, sin ahondar en la verdadera causa de los problemas que sufrimos todos los días o de lo que verdaderamente está en juego. Lo de los K es realmente inentendible.

Gran parte del subsidio en el precio de la energía va a los más ricos, simplemente por el hecho que consumen más.

Pero lo peor es que la energía se paga enterita con plata constante y sonante de nuestros impuestos. Es que para producir electricidad pagamos el gas y el fuel oil importado al valor real que tiene en los mercados internacionales. En otras palabras, juntamos recursos del impuesto a las ganancias, de los impuestos al trabajo, del IVA o de la emisión-inflación, para subsidiar a los más ricos.

Si cobrarle a todos los argentinos para subsidiar primordialmente a los que más tienen es nac&pop, yo ya no entiendo nada.

Pero el planteo simplista de que hay que eliminar estos subsidios puede terminar haciéndole el juego al propio gobierno sin beneficiar a la gente.

El problema de las tarifas se divide en dos temas que prácticamente no se tocan.

Por un lado está el problema de lo que reciben las empresas distribuidoras y generadoras como para tener ingresos que compensen sus costos operativos y la inversión necesaria para mantenimiento y expansión de la red. Por otro está el subsidio de precios financiado por el gobierno nacional para que los costos de generación sean menores a los reales y el precio se pueda mantener fuertemente subsidiado en el área metropolitana (el resto del país no solo que se arregle sino que se ponga para pagar ese subsidio).

El tema es que estos dos problemas tienen una dimensión muy diferente. Con Andrés Chambouleyron calculamos que las empresas necesitan un reacomodamiento tarifario de solo unos 5.000 millones para poder tener una situación lógica de rentabilidad y financiar inversiones como para mantener la red en estado.

Esto sería el equivalente a unos 80 pesos promedio en la boleta de luz de todos los usuarios del AMBA. Estos 5.000, sin embargo, empalidecen en comparación con el subsidio al precio de la energía financiado por el gobierno que suma un valor de 70.000 millones anuales.

Lo decimos de otra manera: el gobierno toma 70.000 millones de lo que recauda por IVA, ganancias, o con emisión, y lo usa para que algunos usuarios paguen la luz menos de lo que vale. Si se sacara este subsidio, no se resolvería en nada el problema de oferta de la energía (en todo caso solo porque se reduciría la demanda). La eliminación del subsidio simplemente mejoraría las cuentas públicas.

Para recomponer la ecuación económica de las empresas que ofrecen los servicios se necesitan no 70.000 sino solo 5.000 millones, pero, esto sí, que vayan a las empresas para ser invertidos.

Por ello el discurso de subir las tarifas para eliminar los subsidios, en realidad sirve a los fines de mejorar las cuentas fiscales, pero no realmente a resolver el problema de las empresas y mejorar la calidad del servicio que recibe la gente.

Acá llegamos entonces al punto central. Porque si se ajustaran los precios para que sea el consumidor y no el Estado quien ponga esos 70.000 millones, la pregunta inmediata que debemos hacernos es qué va a hacer el Estado con ese dinero. ¿Va a bajar el IVA 5 puntos, que generan un ingreso por un monto equivalente? ¿Va a eliminar el impuesto a los débitos y créditos bancarios? ¿Se va a comprometer a no emitir 70.000 millones eliminando la inflación? ¿O va a embolsar los 70.000 millones para gastarlos en cualquier otra cosa produciendo una nueva transferencia de las familias al Estado que financie más corrupción y clientelismo? (Por ejemplo, sosteniendo más corrupción en nuevas empresas públicas, como ya hace con ARSAT, AYSA y Aerolíneas que solitas ya chupan casi 20.000 millones de nuestros impuestos). Mi impresión es que, de cara a los que se viene en estos dos últimos años del gobierno, corremos el riesgo que ocurra, justamente, esto último.

Hay razones micro y macro para que los precios de la energía valgan lo que tengan que valer. Y los usuarios deberían poner un poco más de plata para que las empresas puedan invertir. Pero este problema, relativamente menor, no debieran usarse para justificar un tarifazo, que en última instancia implicaría una nueva apropiación de recursos por parte del Estado a costa de todos nosotros. Es mucho más preferible que la plata vaya a las familias del AMBA que darle ese dinero a un gobierno que ya gasta demasiado y demasiado mal.

Por eso, si a alguien en el gobierno se le ocurriera bajar los subsidios, no solo hay que pedir que se haga únicamente sobre los más pudientes sin afectar a los que menos tienen, sino, y sobre todo desde el Congreso, asegurarnos que lo que se recaude de más, se compense con una baja de otros impuestos por un monto equivalente. Si no lo hacemos estaremos alimentando una transferencia de ingresos al Estado, que sin duda alguna nos empobrecerá aún más.