En las últimas semanas se conoció la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción que determinó la paralización temporal de la central termoeléctrica Bocamina II de Endesa que se ubica en Coronel y que no cuenta con una resolución de calificación ambiental.

Además, el vienes recién pasado Endesa aceptó parcialmente algunos de los cargos formulados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en su contra luego de realizar una serie de modificaciones en la planta  termoeléctrica que no están contempladas en su actual permiso ambiental.

En ese sentido, la eléctrica admitió parcialmente el cargo relacionado con la omisión de contar con una obra de descarga de residuos industriales líquidos del sistema de refrigeración del condensador, que penetre en el mar 30 metros desde el borde de la playa.

Cabe señalar que la Superintendencia de Medio Ambiente instruye un proceso sancionatorio en contra de la central a carbón.

Para la dirigenta de los recolectores algueros de la zona, Marisol Ortega, no es extraño que Endesa reconociera algunos de los cargos porque según ella  no tuvo otra opción debido al gran daño ambiental que se evidencia en la matanza de distintas especies marinas, tales como, sardinas, pejerreyes, lenguados, congrios y mucha alga y mariscos, además de las fuertes vibraciones y  ruidos acústicos que genera la planta.

La también vecina de la caleta Lo Rojas recordó que antes de que se instalará la central en la década del 70 los habitantes del sector tenían una vida libre de contaminación y contaban con el sustento económico necesario que le entregaba su actividad en el mar.

Por esto, Marisol Ortega afirmó que necesitan recuperar sus espacios vitales para desarrollarse como lo venían haciendo especialmente antes de la ampliación de Bocamina II, que solicitó Endesa en 2010 y comenzó a funcionar en 2012.

En esa línea, la dirigenta de Lo Rojas enfatizó que “lo que estamos exigiendo es la paralización de Bocamina II y Bocamina I para poder recuperar nuestro trabajo, nosotros queremos de vuelta el trabajo que teníamos, eso es lo que queremos de vuelta, recuperar nuestro borde costero, recuperar nuestro mar, recuperar nuestro aire limpio. Queremos nuestra dignidad del diario vivir tranquilo como teníamos antes y nuestra dignidad laboral al 100 por ciento”.

En tanto, otro proyecto de envergadura de la empresa eléctrica como es Punta Alcalde se encuentra paralizado por decisión de la Corte Suprema que por tres votos contra dos se viene a ratificar la resolución de la Corte de Apelaciones que frenó el proyecto, colocando la condición de que la compañía someta a participación ciudadana la instalación de un filtro para mejorar la calidad del aire en el Valle del Huasco.

Un capítulo aparte lo constituye el mega proyecto HidroAysén que está entrampado y aunque cuenta con la autorización ambiental. Colbún, propiedad del grupo Matte decidió por ahora no seguir adelante con las obras de construcción hasta que haya una definición del Gobierno.

Cabe señalar que HidroAysén considera 5 centrales hidroeléctricas, dos en el río Baker y tres en el río Pascua, ubicadas en la XI región de Aysén.

Sin embargo, entre los aspectos frágiles de HidroAysén está su alto costo que hoy alcanza a 11 mil millones de dólares, teniendo en cuenta que partió en 4 mil millones de dólares, lo que implica que no va a ser una solución de demanda energética para Chile puesto que va a ser energía cara y muy riesgosa por su extensa línea de transmisión, desde la XI región hasta el centro y norte del país.

Respecto de la judicialización de los proyectos energéticos, el ambientalista Patricio Rodrigo de Patagonia Sin Represas indicó que esto se debe a las malas prácticas que por años viene ejerciendo Endesa, entendido por el control monopólico del sector, la fijación de tarifas, el diseño de reglas hechas por la empresa.

En este sentido, el también abogado indicó que la judialización tiene su origen en “esa mala práctica de Endesa de hegemonizar el mercado le está pasando la cuenta porque los proyectos que ha hecho son malos, tienen deficiencias y hoy en este cambio de época donde la gente reclama un nuevo estilo de desarrollo de la política eléctrica, una nueva relación con el medio ambiente y sus comunidades, esas malas prácticas no tienen cabida porque la Corte Suprema ya incorporo el tema de la justicia ambiental. Lo que estuvieron cometiendo todo este tiempo, además, del saqueo económico y el brutal impacto a las comunidades, estuvieron, yo diría vulnerando la justicia ambiental con sus proyectos, en emisiones, en impacto a los bordes costeros, a las cuencas, entre otros”.

La central Neltume ubicada en la zona de Panguipulli es parte de Endesa desde 1970 con una capacidad de 490 mega watts y tiene un costo de 781 millones de dólares. A inicios de diciembre se postergo su evaluación ambiental para realizar la consulta indígena que establece el Convenio 169 de la OIT. Por esto, en la zona las comunidades mapuches organizaron el parlamento Coz Coz el cual sería abiertamente contrario a la central.

El 2013 estuvo marcado por la judicialización de los proyectos de ENDESA, la mayor empresa eléctrica del país, y sin pasar la desaprobación de las comunidades cercanas a las plantas energéticas debido al alto impacto ambiental que ocasionan en el entorno.

En concreto los proyectos de la empresa generadora de electricidad que se encuentran estancados son: Bocamina II, Punta Alcalde, HidroAysén y Neltume con una inversión total de 6.581 millones de dólares

Finalmente, las expectativas sobre el futuro de estos proyectos energéticos están a la espera que asuman las nuevas autoridades políticas y medio ambientales y conocer cuáles serán las medidas que se adoptarán en los primeros cien días de gobierno a contar del 11 de marzo de 2014.