La minería boliviana termina el año 2013 con la esperanza de que la nueva legislación proteja al sector, pero con varias amenazas que desalientan las inversiones privadas, y con dudas sobre el futuro de la Corporación Minera de Bolivia, que podría desaparecer, para dar paso a una nueva entidad que, por lo menos en sus enunciados, se alejaría de los vicios que aquejan a la actual administración de la Comibol. El fracaso del proyecto Mutún, el estancamiento del litio del salar de Uyuni y el letargo de toda la minería, han marcado a la actividad productiva. La contribución impositiva de la minería reporta una caída del 30% en esta gestión.
Las contradicciones en las políticas estatales acentúan la incertidumbre en el país, pese a los esfuerzos por promover nuevos proyectos de explotación e industrialización. Esta constante ha tenido graves repercusiones, ya que en este momento, solamente el Estado desarrolla precariamente algunos emprendimientos; el sector cooperativo aporta creando fuentes de trabajo, pero sin invertir en tecnología ni exploración, mientras el sector privado se mantiene a la expectativa.
Debemos recordar que en el caso de los actores mineros, fue promulgada una Ley en contra de los avasallamientos, la misma que ha sido incorporada al Código Penal, imponiéndose la privación de libertad en contra de los avasalladores, siempre dentro de un proceso ante la justicia ordinaria. Lamentablemente, pese a esa medida, han continuado las presiones y los avasallamientos, sin que los que sufren estos abusos hayan formalizado sus acusaciones ante el Ministerio Público para que se investigue y se proceda con las respectivas imputaciones penales, seguramente por temor que la medida resulte en contra de los propios denunciantes, considerando que los procesos y las acusaciones son personales y no contra colectividades de cualquier naturaleza.
El proyecto de nuevo Código de Minería, contienen algunas positivas medidas, como sanciones a los avasalladores y medidas de protección de las concesiones legalmente obtenidas; también exime del pago de impuestos a las cooperativas por que cumplen un rol social, pero endurece las condiciones de los operadores privados nacionales y extranjeros, lo que constituye otro factor que desincentiva las inversiones.
Actualmente el sector minero privado aporta al Estado, con el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) 37,5, regalías 6%, Impuesto a las Remesas al Exterior 12,5% por ciento. El proyecto de ley busca subir las regalías mineras y el impuesto por remesas al exterior.
Bolivia necesita ofrecer incentivos para la exploración, explotación y especialmente para la industrialización, que deberían tener un tratamiento preferencial. Solamente si se ofrecen condiciones favorables, llegarán capitales frescos y tecnología de punta al país. Lamentablemente, parece que se prefiere seguir explotando irracionalmente, sin previsiones para evitar la contaminación. Bolivia tiene grandes reservas de minerales, pero en este momento no existen inversiones de riesgo en la búsqueda y evaluación de nuevos yacimientos.
