Pueblo Viejo ocupa una extensión de 11 kilómetros cuadrados, en los cuales trabajan alrededor de 2.000 personas tanto en puestos de trabajo directos como indirectos. Su explotación está encargada a un consorcio formado por las dos compañías mineras más grandes del mundo: las canadienses Barrick Gold y Goldcorp Inc.

El proyecto en ciernes prevé la creación de 12.700 puestos de trabajo y la aportación de 1.300 millones de dólares a las exportaciones de la isla de Santo Domingo. Además, las empresas pagan impuestos y las correspondientes “royalties”, incrementando de esta forma los recursos del Estado.

A pesar de las bondades económicas del proyecto, Pueblo Viejo está parado, en primer lugar, por problemas burocráticos. Los continuos retrasos en los permisos, las trabas en la contratación de personal y la negociación para facilitar las exportaciones y las importaciones de inputs, han hecho que el proyecto entre en barrena.

El parón no sólo es debido a problemas burocráticos. En las últimas semanas se han recrudecido las protestas de varios grupos de ecologistas y asociaciones afines que piden el cierre de la explotación para evitar daños medioambientales y la contaminación de las aguas. La experiencia indica hasta qué punto las mineras deben cumplir los planes de impacto ambiental para evitar la contaminación masiva de las aguas, tal como ocurrió en la antigua mina Rosario en 1999.

Tanto Barrick como Goldcorp aseguran cumplir estos protocolos de impacto ambiental. Cada día se procesan alrededor de 40.000 metros cúbicos de agua contaminada, la cual se depura y se evita que pase al consumo humano o animal. Según el jefe de operación ambiental, Jorge Lobato, los procedimientos que se siguen son novedosos y poco extendidos en el trabajo de otras mineras.

Las protestas ecologistas han llegado a las fuerzas de la oposición al gobierno. Critican su posición de apoyo y búsqueda de inversores extranjeros privados con el objetivo de desarrollar las principales fortalezas de la República Dominicana: el turismo y la minería.

Las presiones al gobierno surtieron efecto a principios de 2013: el gobierno del Presidente Danilo Medina obligó a una renegociación de los términos del contrato con Barrick Gold, pasando a percibir el Estado el 51% de los beneficios que generara el proyecto. Mientras tanto, Goldcorp ve cómo uno de sus proyectos estrella en la isla, la Cordillera Central, sigue parado por no concederse la licencia correspondiente.

Según fuentes consultadas por la agencia Reuters, la concesión de 26.000 acres de explotación minera para Goldcorp es una de las 284 solicitudes pendientes en la Secretaría de Minas.