Una serie de medidas dictaminó este martes la Corte de Apelaciones de Coyhaique con el fin de contar con nuevos antecedentes antes de resolver sobre el recurso de protección que más de 80 vecinos de Puerto Aysén y Coyhaique, junto a diversas organizaciones sociales, presentaron contra la aprobación de la central hidroeléctrica río Cuervo en septiembre pasado. 

El lunes se habían realizado en el tribunal de alzada los alegatos donde participaron los abogados de los recurrentes, Diego Lillo, de la ONG Corporación FIMA, y Rodrigo de los Reyes. Por los recurridos se presentaron el representante del Servicio de Evaluación Ambiental Edesio Carrasco, y de los distintos accionistas del proyecto, por Energía Austral José Luis Fuenzalida, por Glencore Javier Vergara, y por Origin Mario Galindo. Este último no es un novato en trabajar para mega proyectos hidroeléctricos, anteriormente también litigó a favor de HidroAysén.

Luego de esto el presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Luis Sepúlveda Coronado, el Ministro integrante Sergio Mora Vallejos y el fiscal judicial Gerardo Rojas Donat, determinaron suspender el estado de la causa mientras no se realicen nuevas diligencias, entre ellas la inspección ocular de la zona donde se pretenden emplazar las obras y el embalse artificial de Energía Austral, que superaría las 13 mil hectáreas. También, solicitarán a Carabineros elaborar un detallado catastro que consigne los pobladores que habitan en los sectores de lago Yulton, Meullín, la cabecera del río Cuervo, la laguna Quetro, la cuenca del río Tabo y del lago Los Palos, además del cauce del río Cuervo hacia el fiordo de Aysén.

Asimismo pedirán al Servicio Nacional de Geología y Minería que entregue un informe sobre el estado de cumplimiento de la sentencia que emitió la Corte Suprema declarando fuera de norma una primera aprobación del estudio de impacto ambiental de río Cuervo en mayo de 2012.  La resolución del máximo tribunal se conoció a los pocos días de la resolución de calificación ambiental (RCA) favorable emitida por la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén.

Impactos

En su presentación los vecinos consideran que la aprobación vulnera garantías constitucionales como el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, y el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Estas transgresiones estarían asociadas a irregularidades en el proceso de evaluación, los riesgos que implicaría levantar un embalse de 13 mil hectáreas sobre una falla geológica activa y en un área rodeada de volcanes, y la pérdida de ecosistemas únicos no intervenidos, entre otros aspectos.

“Es un proyecto altamente peligroso, nosotros no somos fanáticos ambientalistas, simplemente representamos a gente trabajadora que cree en el desarrollo sustentable y que no quiere tener un  peligro latente como es represar dos lagos, crear un embalse de 13.166 hectáreas. Es como tener una gran piscina en el techo de la casa, que va a provocar remoción sísmica y, tarde o temprano, va a generar una tragedia” señaló a Radio Universidad de Chile el abogado Rodrigo de los Reyes sobre la acción judicial

Diego Lillo, en tanto, expresó al mismo medio que en el alegato quisieron “ilustrarle a la corte que la RCA está muy desprolijamente fundada, tanto por incoherencias como por inconsistencias que emanan de lo técnico, porque el procedimiento de evaluación ambiental es eminentemente técnico. Lo que contesta el Servicio de Evaluación Ambiental y la empresa, son argumentos técnicos, entonces le están pidiendo a la Corte de Apelaciones que se metan a decidir lo técnico, que nunca fue nuestro objetivo. La idea que nosotros teníamos era insistir en el tema de la inconsistencia e incoherencia de la fundamentación de la RCA a través del escrutinio de estas respuestas que daban ellos”.