Luego de que el año pasado la Comisión de Evaluación Ambiental aprobara el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Río Cuervo, las organizaciones sociales, en conjunto a la Corporación Fiscalía del Medioambiente (FIMA), presentaron un recurso de protección en la Corte Suprema de Coyhaique. Esto significó que el tribunal declarara ilegal la votación y obligara la realización de tres informes sobre las fallas geológicas de la zona, volcanización e impactos medioambientales.

Sin embargo, se acusaron irregularidades, ya que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) permitió la ausencia de dos de los tres estudios para su aprobación, señalando que éstos podrán ser presentados luego de la construcción de la represa.

Al respecto, Hugo Díaz, dirigente de la Agrupación Wallmapu, fue enfático en denunciar las falencias del sistema.

“El estudio de impacto ambiental de Energía Austral tiene muchas falencias, presentan a veces estudios inexistentes y el Servicio de Evaluación Ambiental no lo observa, no es capaz de ser lo suficientemente crítico de este tipo de proyectos. Mientras antes resuelvan y mientras antes se apruebe para ellos es mejor, con la excusa de que es necesario para el crecimiento del país. ¿Pero qué tipo de crecimiento queremos en este país? Tenemos un país que ha crecido a un ritmo relativamente sostenido y no ha sido capaz de dar ni justicia ni igualdad a nuestra gente”, afirmó.

Los argumentos de las organizaciones ciudadanas apuntan a que la construcción del proyecto vulnera garantías constitucionales como el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

El abogado Rodrigo de los Reyes, en conjunto a la Corporación FIMA, Fiscalía de Medio Ambiente, y los locatarios, presentan este lunes el recurso de protección. La acción judicial consiste en pedir a la Corte de Apelaciones de Coyhaique que declare que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén, no cumple con los requisitos que la ley exige.

La situación de los pobladores resulta compleja para los representantes de la causa. Es más, el abogado enfatizó en las consecuencias del proyecto.

“Es un proyecto altamente peligroso, nosotros no somos fanáticos ambientalistas, simplemente representamos a gente trabajadora que cree en el desarrollo sustentable y que no quiere tener un  peligro latente como es represar dos lagos, crear un embalse de 13.166 hectáreas. Es como tener una gran piscina en el techo de la casa, que va a provocar remoción sísmica y, tarde o temprano, va a generar una tragedia”, aseveró.

Por otra parte, las denuncias de los habitantes de la región apuntan a los riesgos de sismos inducidos que la empresa desconoce y que resultan impredecibles cuando se habla de represas muy bajas o en el proceso mismo de llenado.

El proyecto incluye levantar un embalse de 13 mil hectáreas, el cual se formará mediante la construcción de dos presas, una en cada brazo del río Cuervo. Proporcionará 640 MW, los cuales irán unidos con el Sistema Interconectado Central de Chile (SIC).

Para Energía Austral, empresa a cargo de la construcción del proyecto, la central Cuervo será “segura ante fenómenos naturales, como sismos y erupciones”, además de tener “un proyecto capaz de responder a estos escenarios”. “Los niveles de peligro volcánico del área no se ven modificados o afectados por el hecho de existir o no el proyecto de generación eléctrica Central Hidroeléctrica Cuervo”, agregan.