Es normal y previsible que en diciembre apriete el calor por estos pagos. Pero en la Argentina también se ha vuelto normal que cuando las temperaturas superan ciertos registros - ahora se habla de 32º C - durante algunos días, empiezan los cortes de electricidad en barrios de la Capital, el Gran Buenos Aires, y a lo largo y a lo ancho del país.
Por supuesto, el sistema eléctrico a veces falla, y a menudo nos enteramos por los medios de grandes apagones que se producen, sobre todo en centros urbanos importantes del mundo, como consecuencia de algún fenómeno meteorológico excepcional.
Acá, en cambio, las luces se apagan como consecuencia del deterioro gradual de la calidad del servicio.
Todos los años viene creciendo la cantidad de cortes y la duración de las interrupciones del servicio de energía eléctrica. Pero en 2011 el Ente Nacional Eléctrico (ENRE) interrumpió la difusión de estadísticas de reclamos y de indicadores para comparar, año tras año, la calidad del servicio.
Otro intento del relato de querer convencernos de que no falta la luz, de que se trata de una "sensación de oscuridad". Pero cuando se corta la electricidad, a la oscuridad se le suma el corte de todos los servicios, agua incluido.
Como aquí no sirven las explicaciones evasivas, frente a la normalidad de los cortes crecientes, el relato viene repitiendo un algoritmo exculpatorio que descarga las responsabilidades de los cortes primero en el clima, después en el crecimiento de la economía, y, finalmente, en las empresas prestatarias del servicio; en ese orden.
Así, el último calor, en la retórica oficial, siempre es el peor de todos, el que rompe todas las marcas; por eso se queman los cables, se rompen los transformadores y la estaciones reductoras se saturan. Es más difícil echarle la culpa al crecimiento económico. El argumento de que las tasas excepcionales de crecimiento económico han disparado la demanda de energía para justificar cortes e importaciones de gas y combustibles, se da de bruces con la realidad de una economía que vuelve a estancarse. Entonces van por las empresas de distribución eléctrica, a las que se acusa de no haber invertido y de demorar las soluciones atendiendo reclamos en contestadores saturados. Se las amenaza con la estatización cuando de hecho están intervenidas. Son empresas que no manejan precios ni costos y cuyas magras inversiones dependen de fondos fiduciarios que tampoco controlan. Operan lo que hay, y tienen que poner la cara. ¿Sabemos los argentinos que de los costos totales para generar, transportar y distribuir los electrones en todo el país las tarifas que pagamos sólo aportan la mitad de los ingresos? La otra mitad de los ingresos los aportan los subsidios, que no son un regalo del Gobierno, también los pagamos entre todos con impuestos o con emisión inflacionaria. Las tarifas políticas, más los subsidios para "todos y todas" (el cóctel populista) sólo cubren los costos operativos.
No hay ingresos para buscar financiamiento y pagar intereses, ni para el fondo de amortización, ni para la expansión del servicio. Si hasta algunas distribuidoras dejaron de pagar la electricidad que suministran. Resultado: empresas casi fundidas, con pérdidas y descapitalizadas. ¿Estatizar para entregar el management de los electrones a los cuadros políticos militantes? Sería otra salida de realismo mágico a lo Nicolás Maduro.
Los datos de la realidad nos dicen que la demanda de potencia entre 2003 y 2013 creció 9074 megavatios (de 14359 MW a 23433 MW), mientras la oferta de potencia (incluye todas centrales construidas o ampliadas) aumentó en 7725 megavatios. Este año fue peor: la demanda de potencia creció 1484 MW, pero se incorporaron sólo 101,6 nuevos megavatios a la oferta. La oferta corre de atrás a la demanda de energía. Estamos operando un sistema en los límites, casi sin reservas para los días de demanda pico. Un sistema más dependiente de combustibles fósiles más caros y contaminantes porque depredamos las reservas de gas natural. Es cierto, un sistema más vertebrado que antes por las obras de alta tensión realizadas, pero con creciente debilidad cuando hay que asegurar el suministro final a los distintos usuarios. Un sistema expuesto a una política que promovió el consumo y desincentivó el uso racional y la eficiencia energética. Un sistema entrampado en el corto plazo y sujeto a una intervención discrecional. Las soluciones dependen de una nueva política energética.
