Analiza quitar paulatinamente los subsidios a la energía y el transporte, que alcanzan los 122 mil millones anuales. Antes, el Ejecutivo busca superar la tensión social de diciembre.
Los últimos días de la semana encontraron al Gobierno enfocado en contener los preanunciados saqueos y las protestas que iban a desatarse el viernes pasado. El temor era que se potenciara el malhumor social. Finalmente, todo transcurrió sin grandes sobresaltos. Ahora, superado este escollo, el kichnerismo estudia implementar un viejo plan en el que trabaja desde hace varios años y que desempolvó en los últimos meses: la quita paulatina de los subsidios a los servicios públicos como la luz, el gas y transporte.
“Estamos trabajando en eso, hay que ordenar la matriz energética y los subsidios como están no pueden contenerse más, pero no vamos a hacer nada que sea impopular y que afecte a los de menos recursos”, adelanta un funcionario que visita asiduamente la Jefatura de Gabinete, en el primer piso de la Casa Rosada.
La idea del Gobierno, coincidieron varias fuentes, era “descongelar” las tarifas en enero, muy cerca de las últimas elecciones y muy lejos de las próximas y más importantes en 2015. Pero todo cambió en los últimos días con los cortes en la Ciudad, que el martes pasado llegaron a afectar a 40 mil hogares.
Según pudo saber PERFIL la tensión social de las últimas semanas atrasó la decisión para febrero o principios de marzo porque creen necesario hacer algunos retoques en la “sintonía fina” de la medida.
Los privados. Las empresas que distribuyen la energía en la Ciudad, Edenor y Edesur, entienden que es necesario multiplicar al menos por ocho veces la tarifa energética que llega con la boleta a los hogares para alcanzar un equilibrio financiero y un modelo de negocio no deficitario. Advierten que recomponer la matriz energética llevará tantos años como los de atraso en las inversiones. Fuentes del mercado estiman que será necesaria una inversión de unos U$S 2.000 millones para recomponer la red de distribución energética del área Metropolitana.
Fuentes el Ejecutivo aseguran que es imposible pensar que el descongelamiento tarifario pegue con magnitud en los bolsillos de los contribuyentes y por eso se trabaja en distintos escenarios de recaudación que logren alcanzar progresivamente una tarifa de equilibrio sin afectar los sectores de bajos ingresos.
Un ejemplo ayuda a enfocar los verdaderos costos de la energía sin los subsidios. Cuando en enero de 2011 el Gobierno Nacional anunció –en un acto en el que participaron el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, y el titular de Planificación, Julio de Vido– que quitaba el subsidio al alumbrado público de la Ciudad, la factura que pagaba el gobierno porteño trepó de un día al otro de los $19 millones a los casi $120 anuales que paga hoy.
Otro de los grandes imanes para subsidios es el transporte público, que tampoco discrimina según el poder adquisitivo del pasajero. Desde hace meses, en el Ministerio de Economía trabajan para hacer un retoque tarifario en el costo del boleto. Hoy más del 90% de los viajes en el área Metropolitana se hacen con la tarjeta Sube con tarifas “básicas” que van desde los $1.50 para viajes en la Ciudad a los $2,25 para interubanos. “No podés pagar el boleto lo mismo que valen dos caramelos”, aclaran dentro del Gobierno pero tranquilizan: “estamos trabajando en un aumento de la tarifa, pero no va a ser elevado”. Aunque aseguran que todavía no está totalmente definido, el mayor incremento podría trepar hasta el 50%. El que paga uno $1,5 podría superar los $2. Pero aún no estaría definida la letra chica y además, se implementaría una tarifa social para los que tienen menos recursos.
Una salvedad no menor: una alta fuente del área de Transporte del Gobierno aseguró a PERFIL que “el sinceramiento” en las tarifas estaba pensado como un anuncio en la última semana del año, que empieza mañana, con nuevos esquemas que correrían a partir de enero de 2014.
Pero otras fuentes –en clara coincidencia con los reclamos de varios gremios– estimaron que el malhumor social en los grandes centros urbanos habría llevado al Gobierno a prorrogar el anuncio para “más entrado el verano”.
Oportunidad. Quizá el alejamiento de Cristina Fernández de la coyuntura política sea un buen momento para transmitir la mala noticia. La jefa de Estado estará hasta la primera semana de enero en El Calafate. Capitanich, convertido en el principal vocero oficial, podría absorber el costo político del anuncio y no esmerilar aún más imagen presidencial, que subió durante enfermedad, pero bajó cuando se reincorporó.
Dentro de las empresas que distribuyen la energía aseguran que la prioridad para el Gobierno es evitar que durante las fiestas, que se esperan altas temperaturas, haya cortes en el suministro. “Hay que llegar a enero sin problemas”, escucharon reconocer a algunos funcionarios del área energética.
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) estima que el gasto en subsidios para 2014 alcanzará un total de $ 122.614 millones. De ese total, $72.863 serán para sostener la política energética y $ 31.609 para el sector del transporte, según el Presupuesto del año que
viene.
Mañana a las 11 el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, recibirá a empresarios, gremios y representantes de diversos sectores para tejer parte de las políticas que se implementarán el año que viene. Las tarifas, claro, serán una pieza clave de la discusión que viene.