El proyecto Tía María, propiedad de Southern Cooper, llevaba dos años paralizado luego que la comunidad no otorgara la licencia social.
El proyecto Tía María, propiedad de Southern Cooper, llevaba dos años paralizado luego que la comunidad no otorgara la licencia social. De acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo, el conflicto se registró desde agosto de 2009 hasta abril de 2011, concluyendo con la emisión de la Resolución Directoral N° 105-2011 –MEM-AAM del Ministerio de Energía y Minas que declaraba inadmisible el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María.
Luego de varios estudios y nuevas propuestas, Southern realiza importantes modificaciones al EIA original, con la intención que los pobladores del Valle del Tambo, acepten la realización del proyecto de cobre, ubicado en la provincia de Islay. La empresa retomó el proyecto con un nuevo impulso. Levantó todas las 138 observaciones que hicieran tanto la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) como el l Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Los principales temas que empañaban el antiguo EIA, estaban relacionadas con el agua, el polvo que se genera en la extracción de cobre, desechos químicos y posibles filtraciones. Ahora se utilizará agua de mar (ver “Agua de mar”), se procederá a la supresión y colección del polvo a fin de reducir la contaminación del aire, se implementarán sistemas de impermeabilización, con dos capas de malla plásticas y dos de arcillas, que evitan las filtraciones, y los desechos serán almacenados en espacios espacialmente diseñados y periódicamente llevados con todas las medidas de seguridad necesarias hacia Lima, donde existen rellenos especiales para procesar los desechos tóxicos.
Estas son algunas de las nuevas propuestas planteadas para el proyecto de Southern que costará casi US$1.000 millones, quien además se comprometió a realizar un aporte voluntario a la comunidad de Cocachacra por S/100 millones con el fin de realizar obras tendientes a mejorar la infraestructura hídrica, desagües, y otras obras de relevancia para este distrito.
Entre manifestaciones de agricultores, disturbios y hasta huelgas de hambre, finalmente Southern llevó a cabo los talleres participativos y las dos audiencias públicas exigidas por la autoridad nacional para la evaluación final del EIA. “Aquí no se aprobará nada, simplemente vamos a comenzar a despejar las dudas que se generen. Estamos dispuestos a escuchar todas las opiniones y hacer los ajustes que sean necesarios”, manifestó Julio Morriberon, director de relaciones institucionales.
Como en cualquier otro proceso de evaluación, el EIA es evaluado por el MEM al igual que todas las observaciones que se levanten durante esta etapa, y puede o no ser aprobado, y posiblemente la empresa tenga que levantar nuevas observaciones. Este es un proceso que podría tomar tiempo, pero lo más importante para que la minera pueda comenzar, más allá de todos los estudios técnicos y aprobaciones de diferentes entes (ANA, Cultura, MEM, etc), es obtener la licencia social.
El conflicto que generó la paralización de Tía María en el 2010/2011, se debió principalmente al plan de la empresa de utilizar agua dulce, proveniente del subsuelo, lo que despertó el enfrentamiento con los agricultores del valle de Tambo. Todos los contratiempos (ver “Un conflicto de nunca acabar”), hicieron que Souther reviera su EIA e incorporara el agua de mar como una salida estratégica.
Para su operación, Tía María requerirá de 7 millones de m3/año. Este recurso provendrá del pacífico y se construirá una planta desalinizadora cuyo costo oscila en los US$ 70 millones.
Si bien ésta es una alternativa por la que están optando varias mineras alrededor del mundo para preservar los recursos hídricos dulces y no afectar a la población, un grupo de agricultores –opositores al desarrollo de Tía María- se oponen argumentando que “contaminarán el ecosistema marítimo”.
Pero el agua será captada mar adentro, a unos 450 metros de la costa, a través de una tubería, luego bombeadas a unas membranas especiales donde se separa la sal. José Vargas, jefe de Proyecto, explica que se utilizará el 40% del recurso captado y el restante 60% se devolverá al mar. Y este remanente es el que reclaman los “ambientalistas”. Pero el agua, si bien tendría una mayor concentración del cloruro de sodio, no afectaría la fauna y flora marina ya que será depositada 800 metros mar adentro, a través de un sistema especialmente diseñado: una tubería con un sistema de difusores que disuelve rápidamente la concentración de sales.
Los estudios hidrológicos realizados por expertos en la materia, reflejan que, a esa distancia, existen corrientes externas que impiden que el agua regrese a las playas.
El agua no solo será utilizada en la producción, sino también para minimizar el polvo a través de riego periódico y será potabilizada para el consumo humano, con lo cual será el agua que utilizarán en el campamento minero.
Si bien es una tecnología relativamente moderna, ya existen empresas que cuentan con sus plantas desalinizadoras. Milpo es una de ellas. AQM Copper Perú está previendo una para su proyecto Zafranal con una inversión de US$ 300.000, y en Chile hay hasta el momento 10 plantas desalinizadoras. En todos los casos conocidos a nivel mundial no existe contaminación alguna.
La pelea por Tía María lleva años y es un conflicto que pareciera podría llegar a buen puerto a pesar de las constntes protestas. Al menos, Southern logró realizar los talleres y audiencias públicas, algo que en el pasado se vio impedido gracias a las manifestaciones en contra por parte de la comunidad y al Estado, que no supo –o no quiso- apoyar en su momento el desarrollo minero.
Cuando en 2009 las protestas se hacían cada vez más visibles, el MEM le exige a Southern que dé más detalles sobre la utilización del agua, a fin de “llevar tranquilidad a la población”. Ya comenzaba a barajarse la posibilidad de usar agua de mar, aunque por ese entonces, el gobierno no estaba muy convencido ya que por el alto costo que implica este tipo de sistema, se recibirían menos impuestos y menos canon…
En febrero de 2010, cuando estaba previstas las primeras audiencias, tras una reunión con la población y autoridades de Cocachacra y Dean Valdivia y luego de haber consultado a la empresa minera Southern Perú, el Ministerio de Energía y Minas decide postergarla.
Ese mismo mes, las comunidades, mediante una consulta popular, deciden rechazar el proyecto minero. Algunos congresistas y autoridades regionales de aquel entonces, deciden “acatar” y firman un acta donde además le exigían al MEM que paralizara la evaluación del EIA.
Plantean una nueva fecha, abril de 2010, y otra vez entre paros y manifestaciones violentas, se suspenden. Días más tarde, el gobierno suspende todas las actividades de Tía María por 90 días. Las mesas de diálogo fueron un fracaso.
““Nosotros no queremos que nos expliquen de dónde sacarán el agua, tampoco la tecnología que usarán para evitar la contaminación, solo queremos que se vayan del valle y nos dejen vivir tranquilos”, expresaba Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo.
Los problemas para Southern no terminaban más. El conflicto fue escalando posiciones y en abril de 2011 los opositores logran que el gobierno primero suspenda el EIA por 180 días, y luego declare nulo el estudio por “observaciones inviables”, según declaraciones del entonces ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez. Además, dispuso el retiro de maquinaria por las violentas protestas.
En 2012 la minera se ponía a trabajar en el nuevo EIA y anunciaba operaciones para 2015.
Errores de la compañía, un conflicto politizado, muertos y heridos, fue el saldo que ha dejado este conflicto.
En declaraciones a la prensa, el presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, ha expresado su desacuerdo en como la empresa minera llevó adelante todo el proceso. Según Guillen, “para que Southern Perú logre la licencia social que le permita sacar adelante el proyecto minero Tía María, debe ser mucho más humilde y dejar atrás actitudes soberbias como lo hizo en el pasado”.
"Tenemos que escuchar a la población y hacer inversión en función de lo que signifique un desarrollo sostenible a largo tiempo. El tema del agua es clave en Tía María y Southern, en su nuevo estudio de impacto ambiental (EIA), va a considerar agua desalinizada del mar. Es un gran paso. Estamos seguros de que Tía María será uno de los nuevos proyectos en desarrollo", expresó el funcionario.
Ayer, se realizó finalmente la útlima audiencia pública, donde a pesar de las huelgas de hambre, la fuerte presencia policial, la amenza de nuevos enfrentamientos, todo resultó tranquilo. Esperemos que ahora sí impere el sentido común y se obtenga la licencia social para darle a Arequipa un gran proyecto que puede mejorar, y mucho, la calidad de vida de la región.
EL PROYECTO
Tía María, propiedad Southern Copper (Grupo México), está ubicado en la provincia de Islay, Arequipa.
Su construcción demandará una inversión de US$1.000 millones.
Tía María es un sistema de pórfidos de cobre, que consiste en la explotación de dos yacimientos: Tía María, y La Tapada. La producción estimada es de 120 mil ton/año.
Para la recuperación del cobre se utilizará un sistema de hidrometalurgia que no produce relaves ni emisiones al ambiente.
El mineral de ambos yacimientos será triturado en el tajo y luego llevado por fajas hacia Pampa Cachendo. La hidrometalurgia es un sistema que emplea la empresa desde hace casi veinte años en las operaciones de Toquepala y Cuajone.