Elizabeth Huanca.
Arequipa.

El Consejo Regional de Arequipa aprobó por mayoría (seis votos a favor, uno en contra y una abstención) la declaratoria de necesidad e interés público -regional del proyecto “Expansión de la Unidad de Producción Cerro Verde”. Sin embargo, la luz verde se dio en medio de suspicacias y dudas.

El acuerdo partió de un trámite que empezó la empresa minera el 22 de julio pasado, ante el Ejecutivo regional. Su intención era comprar los terrenos donde se desarrollará la II etapa de su proyecto extractivo, pues la propiedad de la zona es del Estado. El centro de operaciones de Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) se ubica a 30 kilómetros de la Ciudad Blanca (Uchumayo).

Carlos Leyton, asesor del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), explicó que al igual que la mayoría de proyectos mineros, Cerro Verde solo posee la titularidad del denuncio de subsuelo, más no de la superficie. Esto lo hace vulnerable a invasiones o en el peor de los casos a que un tercero reclame los terrenos y frustre el proyecto. "Con la compra, Cerro Verde sanearía la propiedad", comenta.

Con la expansión de su unidad minera, la empresa extractiva pretende triplicar su producción, de 120 mil a 350 mil toneladas de cobre al día.

Desde marzo pasado, según confirmó la vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cerro Verde, Julia Torreblanca, se iniciaron los trabajos (movimiento de tierras) de la segunda etapa de la mina, valorizada en 4,400 millones de dólares.

PROCESO DE VENTA

Con la ordenanza aprobada, se inicia un largo trámite para regularizar la propiedad a nombre de Cerro Verde. La consejera Yamila Osorio, integrante de la comisión de Asuntos Legales que promovió la ordenanza regional, señala que la declaratoria es solo un primer paso. Esta le permitirá al GRA inscribir los terrenos como propios y posteriormente venderlos de manera directa a la SMCV.

Para ello gestionará ante la Superintendencia Nacional de Bienes (SNB), actual titular de los terrenos, la transferencia de los mismos para la inscripción de primera de dominio. Así el GRA, como titular de la propiedad, podrá obtener el 97% del valor de la venta del predio. De lo contrario, solo obtendría el 3% y la SNB se quedaría con el resto.

Para establecer el valor de los terrenos se deberá hacer una tasación, aunque de acuerdo al presidente del Consejo Regional, José Cárcamo, la venta de la propiedad podría valuarse en S/. 60 millones.

SUSPICACIAS Y DUDAS

En el proyecto de ordenanza que se aprobó ayer, los términos descritos no fueron consignados con claridad. Los consejeros, si bien conocían la implicancia de la declaratoria, desconocían a ciencia cierta qué área se vendería y el motivo por el que Cerro Verde necesita comprar los terrenos.

Según Leyton, la extensión del terreno aún está por determinarse, pues la venta se haría por tramos y de acuerdo a la solicitud de la empresa.

Estos vacíos merecieron el cuestionamiento del consejero por la provincia de Arequipa, Henry Ibáñez, quien dejó entrever que la poca claridad de este procedimiento demostraba la marcada preferencia hacia la empresa Cerro Verde. "Será una salida legal, pero no transparente (...) Hay intereses ocultos de algunos consejeros", dijo. Por ello, a la hora de la votación, Ibáñez sufragó en contra.

Con el dinero de la venta de los terrenos, el GRA pretende cubrir el forado que dejó el embargo de S/. 7.5 millones que hizo Oncoserv a la Región y los S/. 26 millones que hacen falta para la transferencia de presupuesto a provincias. "Eso no está incorporado en la ordenanza, ¿qué se oculta? Para conseguir ese dinero se debería hacer otras gestiones", increpó Leopoldo Bellido.

Derogatoria de ordenanza de harineras también causó polémica

La derogatoria de la Ordenanza 032-2008 también causó polémica en la sesión de Consejo Regional de ayer. La norma prohibía la instalación de plantas de harina de pescado en el litoral arequipeño, dando prioridad a la pesca para el consumo humano.

Días atrás, el Ministerio de la Producción planteó el inicio de una acción de inconstitucionalidad contra la normativa regional, pues sobrepasaba competencias de índole nacional.

Yamila Osorio, consejera de Camaná, mostró su rechazo a la derogatoria, pues "se dejaba abierta la posibilidad al ingreso de nuevas harineras".

Sin embargo, otros consejeros señalaron que era innecesario ser demandados, pues se debería trabajar junto al ministerio.