El vicecanciller Eduardo Zuaín citó hoy al embajador inglés para transmitirle el rechazo del Gobierno argentino a la nota de protesta que el Ministerio de Relaciones Exteriores británico entregó ayer al Encargado de Negocios argentino en Londres por la ley que penaliza explorar y extraer petróleo en Malvinas

Según Cancillería “la parte británica alega pretendidos derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

“La ley 26.915, modificatoria de la ley 26.659, a la que hace referencia el Gobierno británico, fue sancionada por el Congreso Nacional y tiene como ámbito espacial de aplicación los espacios marítimos argentinos, definidos como tales por las leyes correspondientes, adoptadas en el marco del derecho internacional aplicable. La norma establece sanciones penales para cualquier persona física o jurídica que tenga participación directa o indirecta en actividades de exploración y explotación e hidrocarburos en la plataforma continental argentina, así como su transporte o almacenamiento, que no hubieran sido autorizadas por la autoridad competente”, dice el comunicado oficial.

La Cancillería argentina sostuvo ayer que el Reino Unido realiza “una manifiesta violación” de las resoluciones de Naciones Unidas (ONU) y las declaraciones internacionales al “promover y autorizar la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables” en las Islas Malvinas.

A través de una carta a la embajada británica en Buenos Aires, el Ministerio respondió formalmente las acusaciones de Londres, que el lunes protestó contra la ley aprobada el mes pasado por el Congreso para penalizar a aquellas empresas y personas que realicen exploraciones petroleras sin permiso del Gobierno nacional.

“Si bien no menciona en su texto específicamente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, en su nota el gobierno británico reconoce que esa ley se aplica a los espacios marítimos circundantes a esos archipiélagos, y no podría ser de otro modo, ya que son parte integral del territorio argentino”, señaló la misiva de Cancillería.

La carta expresó su rechazo a “la pretensión del Reino Unido de promover y autorizar la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables en el área bajo disputa de soberanía”.

Recordó que esas acciones “son una manifiesta violación de lo dispuesto por la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a las dos partes en la controversia a que se abstengan de introducir modificaciones unilaterales” mientras se negocie una solución al conflicto, tal como recomendó también el organismo internacional en su resolución 2065.

La cartera a cargo de Héctor Timerman también indicó que los países del Mercosur y Estados Asociados reconocieron “el derecho que asiste a Argentina para adoptar las acciones legales contra las actividades de exploración y explotación no autorizadas de hidrocarburos en el área en controversia”.

“La pretensión del Reino Unido de autorizar actividades en el área bajo disputa de soberanía se halla, además, en violación de la obligación de resolver pacíficamente las controversias internacionales reflejada en la Carta de las Naciones Unidas”, agregó.

El gobierno argentino insistió en que el derecho a la libre determinación de los pueblos con el que se escuda Londres para no mantener conversaciones, “resulta total y evidentemente improcedente e inaplicable a la controversia sobre la soberanía de las Islas Malvinas”.

“Al invocarlo con el propósito de continuar una situación colonial, tal posición británica intenta desnaturalizar ese principio, violentando los fines para los cuales fue concebido”, agregó.

La carta también exhortó al gobierno británico “a cumplir con sus obligaciones en materia de solución pacífica de controversias y en consecuencia a reanudar las negociaciones relativas a la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

El Foreign Office se quejó el lunes ante la embajada argentina en Londres por la modificación a la ley 26.659 que aprobó en noviembre el Congreso, que incorporó la "responsabilidad penal" para "personas físicas y jurídicas que sin la autorización realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en el lecho o en subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentinos".

La iniciativa prevé penas de prisión de hasta 15 años; multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, la inhabilitación de las personas y las empresas para operar en Argentina, y el decomiso de los equipos e hidrocarburos que se hubiesen extraído ilegalmente.

El vicecanciller Eduardo Zuaín citó al embajador británico, John Freeman, a fin de transmitir el rechazo del Gobierno a la nota de protesta del Reino Unido por la ley que pena la explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas.

El gobierno argentino cuestionó que en esa nota que el Ministerio de Relaciones Exteriores británico entregó al Encargado de Negocios argentino en Londres, "la parte británica alega pretendidos derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".

"Si bien las leyes a que se refiere dicha nota no mencionan en su texto específicamente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, en su nota el Gobierno británico reconoce que esa ley se aplica a los espacios marítimos circundantes a esos archipiélagos, y no podría ser de otro modo, ya que son parte integral del territorio argentino", indicó la nota formal del Gobierno argentino difundida por la Cancillería.

El Vicecanciller concluyó la reunión transmitiendo una vez más la "disposición" del gobierno argentino a "reanudar negociaciones bilaterales a fin de encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa de soberanía" referida a la Cuestión de las Islas Malvinas, "de conformidad con los múltiples pronunciamientos de las Naciones Unidas y demás organismos y foros internacionales".

La ley en cuestión establece sanciones penales para cualquier persona física o jurídica que tenga participación directa o indirecta en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, así como su transporte o almacenamiento, que no hubieran sido autorizadas por la autoridad competente.

Propone sentencias de hasta 15 años en prisión, fianzas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, la prohibición de individuos y compañías operando en Argentina y la confiscación de equipo y cualquier hidrocarburo que pudiera haber sido extraído de manera ilegal.

La nota del Gobierno argentino subrayó al respecto que los jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados "han reconocido el derecho que asiste a la Argentina para adoptar las acciones legales implementadas en el ámbito de su legislación contra las actividades de exploración y explotación no autorizadas de hidrocarburos en el área en controversia".

Y recordó que en el mismo sentido se manifestaron el pasado 29 de noviembre los ministros de Energía de los Estados Miembros de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), quienes además, "tomaron conocimiento de las resoluciones dictadas por la Secretaría de Energía de la Nación respecto de las empresas involucradas en dicho accionar ilícito".

"La pretensión del Reino Unido de autorizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área bajo disputa de soberanía se halla, además, en violación de la obligación de resolver pacíficamente las controversias internacionales reflejada en el artículo 2, párrafo 3, de la Carta de las Naciones Unidas", subrayó el Gobierno.

Y agregó que "la invocación por parte del Reino Unido de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en nada altera las consideraciones precedentes", ya que "el derecho a proyectar espacios marítimos desde el territorio sólo puede ser ejercido cuando la posesión de tal territorio es lícita, circunstancia que no se presenta para el Reino Unido en relación con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur".

La Cancillería reiteró finalmente que "el principio de libre determinación de los pueblos, que -subrayó- es el único elemento en el que el Reino Unido pretende basar su posición en relación con las Islas Malvinas, resulta totalmente improcedente e inaplicable a la controversia sobre la soberanía", por lo que "al invocarlo con el propósito de continuar una situación colonial, se intenta desnaturalizar ese principio, violentando los fines para los cuales fue concebido".

"La realización de una votación entre los ciudadanos británicos que residen en las Islas Malvinas que se menciona en la nota de referencia en nada altera aspecto alguno de la disputa de soberanía relativa a la Cuestión de las Islas Malvinas, la cual continúa irresuelta como consecuencia del reiterado rechazo del Gobierno británico a cumplir con la obligación que el derecho internacional le impone de resolver pacíficamente la controversia que mantiene con la Argentina mediante la reanudación de negociaciones", indicó.

Este lunes, el gobierno británico había protestado formalmente ante la Embajada Argentina en Londres por esa ley y acusó a la Casa Rosada de querer "estrangular" a la economía del archipiélago.

"La ley argentina no se aplica para las Falkland Islands (Islas Malvinas), por lo tanto este es un gesto sin ninguna base para amedrentar a quienes llevan adelante una actividad comercial legítima", había enfatizado en la nota de protesta la directora para las Américas de la Cancillería británica, Kate Smith.