En la década del ‘50, el Gobierno provincial planeó para aprovechar el cauce del río San Juan montar cuatro diques, y uno más sobre el Río de Los Patos; pero, a contramano de lo que marcan las reglas que propician la explotación de los saltos de agua más importantes, se comenzó por la presa que estaba aguas abajo, o sea Quebrada de Ullum, que se inauguró en 1980. Ahora y tras tres intentos fallidos desde que se hizo el primer proyecto de factibilidad de la central hidroeléctrica El Tambolar, allá por 1970, el Ejecutivo local anunció que ya cuenta con el financiamiento para solventar un presupuesto que estará en orden a los 450 millones de dólares: se licitará en el segundo semestre del 2014 y está previsto que arranque la obra en los primeros meses del 2015, para culminasre a fines del 2019. 

Antes, ‘’posiblemente en enero o febrero del año entrante’’, empezarán con el desvío del río, tarea que demandará entre 12 y 14 meses, y para la que van a emplear a unas 600 personas, según precisó el vicegobernador, Sergio Uñac, quien estaba acompañado por el ministro de Infraestructura, José Strada. 

Se trata de una presa que dispondrá de una potencia instalada de 70 Megavatios, convirtiéndose en la segunda más importante de las cinco que hay en San Juan, entre construidas, en obra y proyectadas. 

El raid del dique El Tambolar para que tenga luz verde definitiva tocó algunos ribetes increíbles, al punto que casi se empezó a construir y, en un abrir y cerrar de ojos, quedó en la nada. Es que de aquel primer diseño, hace ya 43 años y que tenía como fin empezar a diagramar la ingeniería que le de forma al proyecto, trastabilló en varias intentonas por avanzar en los próximos casi 14 años. Tres quinquenios después pasó a estar incluido en el mismísimo presupuesto nacional. En 1985 las gestiones de Raúl Alfonsín, en la Nación y Leopoldo Bravo, en San Juan, dieron el OK para que ese mismo año empezara la obra, algo que a la postre no ocurrió, atado a los vaivenes de la economía nacional que echaron por tierra varios proyectos en la geografía nacional. Hasta ahí dos traspiés propios de tamaña obra y de escenarios que fluctuaban entre gobiernos de facto y constitucionales pero carentes de un hilo conductor. 

Ahora bien, la frutilla de la torta en los desencantos que acarreó este dique fue cuando el 15 de abril de 1989 el consorcio empresario ítalo-argentino Impregilo Spa, subsidiaria del grupo Fiat, cumplió con el plazo comprometido y entregó al entonces gobernador, Carlos Gómez Centurión, la propuesta de ejecución de la central hidroeléctrica. Llamativamente, por un acuerdo previo entre Argentina e Italia, estaba la condición que no se iba a hacer licitación pública sino adjudicación directa, y que al dique lo iba a construir el consorcio conformado por Impregilo, en asociación con las nacionales Cartellone, Albano y la local Paolini. Pero, otra vez, la fragilidad política y económica amedrentó a los empresarios italianos.