El Gobierno británico protestó ayer formalmente por la legislación argentina que penaliza a las empresas que contribuyan en la exploración y extracción de crudo en aguas de las Islas Malvinas.

Kate Smith, directora de la división para las Américas del Foreign Office, presentó la nota ante el agregado de negocios de la embajada argentina en Londres, Óscar Horacio Galli.

Los británicos quieren dejar constancia de su enojo por la enmienda de 27 de noviembre a la ley de hidrocarburos, que ilegaliza con penas de hasta 15 años de cárcel y multas equivalentes a 1,5 millones de barriles de petróleo a las personas involucradas, directamente o a través de terceros, en la exploración, extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.

Según Londres, con esa enmienda “se busca criminalizar a personas o empresas con intereses directos o indirectos en actividades de hidrocarburos en aguas que rodean a las islas Malvinas”.

Para el Foreign Office, como se conoce a la Cancillería británica, “es un gesto sin base que pretende impedir una actividad comercial legítima”.

Lo justifica con su argumentación de siempre: “La ley nacional argentina no se aplica a las islas Malvinas”.

En su protesta, el Foreign Office también acusó a la Argentina de “adoptar tácticas de acoso” para “sofocar la economía” de las Islas Malvinas.

También señala: “El Gobierno británico apoya completamente el derecho de los isleños a desarrollar el sector de los hidrocarburos para su beneficio económico (…)” Y en otro párrafo puntualiza: “Todas las actividades de hidrocarburos en la plataforma continental de las islas Falklands están reguladas por legislación del Gobierno de las Falklands, de acuerdo con la Convención de la Ley del mar de las Naciones Unidas”, señaló el comunicado.

El Gobierno de David Cameron ya había declarado en noviembre que veía “totalmente legítima” la exploración y explotación de crudo en las islas.

Tras un primer descubrimiento en mayo de 2010, la petrolera británica Premier Oil se prepara para extraer hidrocarburos en una zona conocida como Sea Lion, a unos 216 kilómetros al norte del archipiélago.

En una nueva escalada diplomática con Buenos Aires, el gobierno de Gran Bretaña presentó ayer una protesta formal ante la embajada argentina en Londres en rechazo a la ley que prevé sanciones a petroleras que operen en aguas territoriales de las islas Malvinas y acusó a la administración de Cristina Kirchner de intentar "estrangular" la economía de los isleños.

Por medio de una carta firmada por la directora para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Kate Smith, que se entregó al encargado de negocios de la embajada argentina en Londres, Oscar Galli, el gobierno británico emitió una dura queja y un nuevo respaldo a los isleños de las Malvinas.

"La ley nacional argentina no es aplicable a las Falklands [Malvinas], así que éste es un gesto sin fundamento que tiene como intención evitar una actividad comercial legítima. Estamos confiados en que no tendrá éxito", sostuvo la carta de la diplomacia británica en referencia a la ley 26.659 de hidrocarburos que el 27 de noviembre pasado el Congreso modificó para introducir penas de hasta 15 años de cárcel y multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo para quienes se dedican a las actividades de exploración de hidrocarburos, extracción, transporte y almacenamiento dentro de la plataforma continental argentina sin la autorización por las autoridades argentinas.

Por otra parte, en la queja presentada ayer Londres calificó de una "vergüenza" que la Argentina adopte una vez más tácticas de intimidación "en un intento de estrangular la economía de las islas Malvinas".

De esta manera, el gobierno británico reiteró su apoyo "a los derechos de los habitantes de las islas a desarrollar su sector de hidrocarburos para su beneficio económico". Según el Foreign Office, este derecho de los habitantes de las Malvinas "es una parte integral de su derecho a la autodeterminación que figura expresamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

Ayer, Mike Summers, uno de los asambleístas de las Malvinas, expresó a LA NACION que "el Reino Unido adoptó una línea sólida con la Argentina, ya que los isleños tienen derecho a desarrollar su economía en cualquier forma que deseen y no deben estar sujetos a tácticas de intimidación de un vecino mucho más grande tratando de hacer que fracase nuestra economía".

Por otra parte, Summers indicó que la carta de las Naciones Unidas "es perfectamente clara en referencia a la autodeterminación de los pueblos que fue expresada a través del referéndum que se realizó en marzo pasado".

Anoche, fuentes calificadas de la Cancillería dijeron a LA NACION que en las próximas horas habrá una respuesta de la Argentina ante las quejas de Gran Bretaña. Al parecer, la respuesta de Buenos Aires ratificará la decisión del Gobierno de aplicar penas y multas a empresas petroleras que operen en las aguas territoriales de las Malvinas. Sustentarán esta decisión en el histórico reclamo por la soberanía argentina sobre las islas del Atlántico Sur.

A su vez, fuentes de la Cancillería evaluaron que el malestar de Gran Bretaña estaría relacionado con el temor a represalias económicas de la Argentina que algunos inversionistas habrían planteado al momento de hacer proyectos de exploración petrolera en las Malvinas.

Stephen Luxton, el director de Recursos Minerales de la Asamblea isleña, explicó a LA NACION que "para 2017 vamos a empezar a explotar mucho petróleo y desarrollaremos ese recurso para nuestro futuro".

Se estima que en la segunda mitad de 2017 la explotación petrolera en el mar del norte de las Malvinas les dará unos 328 millones de barriles al año a los malvinenses. Y en los próximos 25 años, esperan sacar unos 70.000 barriles por año. Todo esto se haría en asociación con empresas de capital británico, italiano, norteamericano y con un fondo de inversiones mixto.