A fines de la semana pasada, el pleno del congreso aprobó el proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la modernización de la Refinería de Talara y el fortalecimiento del gobierno corporativo de Petroperú.
El proyecto de modernización requiere de una inversión total de US$ 3,500 millones, de los cuales US$ 2,730 millones aportaría Petroperú y los US$ 770 millones restantes del sector privado. El MEF explicó que estos números no afectan la caja fiscal pues Petroperú financiará el proyecto con endeudamiento externo, que finalmente será pagado con los flujos de caja futuros de la empresa. Sin embargo, el Estado avalaría la deuda por hasta US$ 1,000 millones.
A cambio de este esfuerzo, el MEF ha podido lograr la incorporación de capital privado de hasta 49% en la empresa estatal. Si bien la modernización de la planta de Talara, como pudo sustentar el Ejecutivo de manera técnica, es importante, es el fortalecimiento del gobierno corporativo de Petroperú lo que hace de este proyecto de ley uno de necesidad pública y de interés nacional.
Si las principales (y legitimas) críticas hacia las empresas estatales apuntan a que dichas empresas son normalmente usadas como una herramienta política o de apoyo social por parte del gobierno de turno o que sus trabajadores no tienen incentivos reales para obtener resultados basados en eficiencia o que no están sujetas a ningún tipo de control externo, todo eso se resuelve con la apertura del capital a inversionistas privados y su cotización en la Bolsa de Valores.
Ningún privado estaría dispuesto a arriesgar su capital en Petroperú si no pensase que su inversión va a traer un retorno positivo. Por ello, las decisiones tendrían que estar orientadas exclusivamente al aspecto económico. Por otro lado, las exigencias de listar en bolsa permiten un nivel de transparencia y control para medir la salud de la empresa en cualquier momento y, de esa forma, medir los éxitos o fracasos de su gerencia.
Finalmente, una empresa de este tipo debería mantener total independencia del Ejecutivo, puesto que la idea de fondo es tener una empresa estatal, pero que funcione como una privada.