Deportado a un auditorio después de que los diputados de izquierda tomaran el recinto, la cámara baja del Congreso de México aprobó ayer una reforma energética histórica diseñada para atraer miles de millones de dólares en inversiones a un sector encadenado al estado durante 75 años.

Tras atravesar rápidamente el Senado, el ambicioso proyecto de ley que lidió entre el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el conservador Partido de Acción Nacional (PAN) se aseguró los votos necesarios para reescribir partes de la Constitución.

Es difícil sobrestimar la importancia de la reforma que deja la puerta abierta a un regreso de empresas como ExxonMobil y Royal Dutch Shell al puesto número 10 entre los mayores productores de petróleo del mundo. En México, el control estatal sobre los recursos energéticos fue sagrado desde que se expulsó a las grandes compañías petroleras extranjeras y se nacionalizó el sector en 1938.

“Este es, sin duda, un cambio sumamente importante”, dijo Ed Morse, jefe global de investigación de commodities del Citibank de Nueva York. Morse sostuvo que era prematuro tratar de cuantificar el impacto, pero Marco Oviedo de Barclays dijo que la inversión en el sector podría aumentar del 2% o menos actual al 3,5% del producto interno bruto en los próximos años.

La revolución del shale en Estados Unidos, que redujo drásticamente el costo de la energía en el vecino del norte de México, dio un nuevo impulso a la reforma: la producción petrolera propia de México cayó un cuarto en la última década, lo que aumentó las costosas importaciones de energía. Entretanto, la industria mexicana este año pagó 45% más por su electricidad que las fábricas de EE.UU., señala Oviedo.

La energía es el punto culminante de un programa de reformas radicales –incluso en materia de telecomunicaciones, laboral, tributaria y de educación– que Enrique Peña Nieto defendió en su primer año como presidente, y que los analistas aclaman como un hito, en términos del potencial de transformar la economía de México, tan importante como lo fue Tratado de Libre Comercio de América del Norte hace 20 años.

Las emociones estaban caldeadas entre los diputados de izquierda, algunos de los cuales cerraron con candado el recinto y bloquearon la puerta con sillas en un intento por desviar el debate, y luego celebraron una sesión paralela en la que pusieron carteles que decían “traidor“ en las bancas oficialistas.

En una audiencia caótica que se trasladó a las apuradas a un pequeño auditorio, marcada por abucheos y algunos enfrentamientos.

La reforma allana el camino para que los monopolios del petróleo y la electricidad de México, Pemex y CFE, respectivamente, se conviertan en “empresas productivas”, para que las empresas petroleras privadas exploren y produzcan petróleo y gas en el marco de licencias y acuerdos de producción o de participación en beneficios, y para que las empresas privadas de energía generen y vendan electricidad.

Aunque Pemex se aferra con fuerza a las fibras sensibles de la nación, un sector energético nacionalizado actualmente brinda muy pocos beneficios a los mexicanos. El combustible es más caro que en EE.UU. y hasta las tarifas subvencionadas de electricidad se encuentran entre las más altas de los 34 miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo.

“Nadie habla de la reforma del sector eléctrico, pero esta tendrá un efecto general mayor en la economía”, dijo Rafael Ch de CIDAC.

Si bien desde 1992 se permite cierta generación privada y más de las tres cuartas partes de la nueva capacidad instalada en los últimos 16 años vino del sector privado, las empresas privadas de México, incluidas las españolas Iberdrola y Unión Fenosa y la japonesa Mitsubishi, no tuvieron previamente la capacidad de vender electricidad directamente a las empresas sin tener que pasar por la CFE. Eso va a cambiar.

El gobierno aplica un recargo en la electricidad a los sectores industriales y comerciales de México a fin de subsidiar a los usuarios del sector residencial, agrícola y de servicios. Por ejemplo, las tarifas residenciales sólo representan el 42% de su costo real, dijo Ch.

Incluso Francisco Salazar, director de la Comisión Reguladora de Energía de México (CRE), resaltó la anomalía de que Pemex importe el gas natural licuado a un precio que, como mínimo, quintuplica el precio del gas en los EE.UU., y consideró el elevado precio de la electricidad en México un elemento disuasorio para la inversión.