El jueves pasado tuvo lugar una reunión de alto nivel entre los representantes del Gobierno Kirchner y de YPF, por un lado, y los de Repsol, por otro, para comenzar a negociar las condiciones del acuerdo de compensación de 5.000 millones de dólares en bonos por la expropiación a la española del 51% de la petrolera argentina.

Entre otros aspectos, en el encuentro de más de cuatro horas se trató uno de los aspectos clave del acuerdo, la retirada de todos los pleitos y demandas tanto a nivel nacional como internacional entre las dos partes.

En este contexto, tanto el Gobierno como la dirección de Repsol se mostraron partidarios de pedir al El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) que paralice el proceso arbitral ahora en marcha y se convierta, como Tribunal Internacional, en garante del acuerdo definitivo.

Según las fuentes consultadas, las dos partes habrían sondeado al CIADI para ver si esa opción que plantean es viable. Estas fuentes señalan que este Tribunal sí puede dejar en suspenso, a petición de las partes, el proceso en caso de que los enfrentados hayan firmado un principio de acuerdo que haga innecesario el juicio arbitral.

Pero además, el CIADI podría "ejercer de garante o valedor de las condiciones del pacto que se firme en Buenos Aires y aportar garantías adicionales al acuerdo de compensación con deuda soberana". Esta posibilidad sería especialmente favorable para Repsol, que así contaría con un aval internacional para el cobro de su deuda de cara al futuro.

El punto de partida del acuerdo firmado el 25 de noviembre en Buenos Aires establece bonos a diez años con un 8,75% de interés, ampliable en función de la evolución de las negociaciones, con el abono de sólo los intereses los primeros cuatro años. Los restantes seis años, Argentina pagaría el interés y la amortización de esa deuda soberana.

A la reunión del pasado jueves en la sede central de YPF en Puerto Madero asistieron el ministro de Economía, Alex Kicillof, y Miguel Galuccio, presidente de YPF, por parte argentina, mientras que en representación de Repsol acudieron Miguel Martínez, director financiero; Nemesio Fernández Cuesta, director de Negocio, y Miguel Klingenberg, vicesecretario general. El presidente de la petrolera, Antonio Brufau, sigue vetado en Argentina pese al acuerdo y ha delegado en su equipo todo el proceso negociador.

Brufau ha estado al margen del proceso político que se abrió entre los gobiernos de España, México y Argentina para buscar una solución a lo que ya se había convertido en un conflicto diplomático con el Ejecutivo Kirchner y amenazaba con enturbiar las buenas relaciones de España con el tercer país en liza.

Fue precisamente Enrique Peña Nieto, presidente de México, el que alertó a Rajoy en Panamá de que si Repsol no alcanzaba un acuerdo con Argentina, su accionista histórico y de referencia, Pemex (9,4%), saldría de la española. El enconamiento absoluto entre el Gobierno Kirchner y Brufau de los últimos meses había puesto muy nerviosos a los ejecutivos de Pemex, que han pedido explícitamente la cabeza del de Mollerusa.

Ahora, tras el acuerdo político a tres bandas, se abre una etapa de calma tensa, a la espera del cierre definitivo de los detalles financieros y de garantías de la compensación. Argentina ha pedido a los principales bancos del país que trabajen en el diseño de un instrumento financiero que establezca las garantías de cobro a Repsol, señalan fuentes financieras.