Al respecto, el ente contralor pidió al Gobierno Regional de Madre de Dios inspeccionar y declarar la caducidad de aquellas concesiones forestales que en realidad son utilizadas para la extracción minera ilícita

Luego, aconseja formular los expedientes técnicos que sean necesarios para la creación de áreas de conservación regional que permitan recuperar las zonas deforestadas.

Recomendó asimismo a la autoridad regional adoptar medidas concretas para reducir el impacto negativo que está ocasionando la minería ilegal en la reserva de Tambopata, uno de los lugares de mayor diversidad de especies en el mundo.

A setiembre de 2011, la contraloría comprobó la existencia de 1,493 hectáreas deforestadas, pérdida de biodiversidad y del hábitat de especies de fauna, contaminación de agua y suelo, entre otros.

En la zona de amortiguamiento, que es el área que rodea a la Reserva Nacional, se han identificado 124 concesiones forestales.

Durante el primer semestre del 2012, la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos ha constatado que en algunas de ellas se están realizando actividades mineras auríferas de manera ilícita y desordenada, infringiendo normas mineras, ambientales, de seguridad y salud ocupacional.

Se determinó también que la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos comunicó al Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre sobre la presencia de actividad minera ilegal dentro de algunas concesiones de reforestación. Sin embargo, estos últimos no ejecutaron ninguna acción al respecto.

La Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre, por su parte, admitió que no atendió las denuncias presentadas a su despacho, durante el periodo 2010 a junio 2012, debido a que carecen de logística, presupuesto y personal técnico/profesional para realizar dicha labor.

Solo tienen tres trabajadores operativos y una secretaria para administrar, vigilar y controlar todo el recurso nacional de las provincias de Tambopata y el Manu, donde están ubicadas 245 concesiones.

Frente a esta situación, la Contraloría General ha recomendado al gobierno regional de Madre de Dios fortalecer la capacidad operativa de las direcciones regionales de Energía, Minas e Hidrocarburos; y Forestal y de Fauna Silvestre.

Con esto se busca controlar que las concesiones mineras ubicadas en la región desarrollen las actividades para las que fueron autorizadas y se adopten las acciones administrativas y legales contra los titulares de las concesiones que se dedican a la minería ilegal.

De otro lado, el informe de control advierte que el gobierno regional durante el 2010-2011 no asignó presupuestos institucionales orientados a reducir el impacto ambiental y social generado por la actividad minera artesanal en toda la región.

Denunció que esto contribuye al incremento de áreas deforestadas, erosión de suelos, trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, así como la proliferación de enfermedades como la tuberculosis (TBC) y Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), cuya incidencia en la región es una de las más altas a nivel nacional.

Se determinó que la Dirección Regional de Salud no implementó las estrategias sanitarias nacionales sobre VIH/SIDA y TBC a nivel nacional, lo que estaría ocasionando que no estén brindando una atención adecuada y completa a la población que padece dichas enfermedades.

Al no ejecutarse acciones de prevención, atención y mitigación, estos males podrían incrementarse.

Esta situación se registra pese a que el número de casos de VIH en Madre de Dios es diez veces mayor que el promedio nacional. En el 2010, el promedio regional fue de 31,6 mientras que el nacional fue de 3,4 por cada 100 mil habitantes.

Las zonas con más alta incidencia de VIH/SIDA son Laberinto, Colorado y Mazuko en el distrito de Inambari, las cuales son precisamente las áreas donde se desarrolla la actividad minera informal.

Madre de Dios es la región que también presenta las tasas más altas de incidencia de TBC y TBC multirresistente en todo el país.

En el 2010 tenía las tasas más elevadas y los distritos en los que la actividad minera es predominante, las tasas de incidencia son aún mayores que en el departamento.

A pesar de que este es uno de los departamentos más afectados por la trata de personas, la Gerencia de Desarrollo Social no ejecutó acciones concretas, actividades ni proyectos, para combatir este problema social, debido a la falta de presupuesto, de personal especializado y de poder de convocatoria para articular esfuerzo con otras entidades vinculadas al tema.