En medio del parate de las obras de construcción de la mina Pascua Lama ordenado por la Justicia chilena, un tribunal judicial y un representante de la comunidad aborigen recorrieron las instalaciones del proyecto minero para verificar si la empresa Barrick Gold cumple o no con las normas ambientales.

A la salida de esta inspección el representante aborigen se mostró descontento con la visita y dijo que sólo pudieron ver los lugares que la empresa autorizó y que no tuvieron libertad para recorrer las instalaciones.

La visita estuvo encabezada por el ministro del Segundo Tribunal Ambiental, Sebastián Valdés de Ferrari, junto al secretario del Tribunal y experto científico, Ricardo Serrano Rojas, además de Sebastián Cruz integrante de la Comunidad diaguita Patay Co.

Según publica el sitio: www.radio.uchile.cl el recorrido fue decretado por el tribunal para “mejor resolver” ante estas denuncias de contaminación de agua y de presiones de Barrick para cambiar la línea base de las aguas establecida en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y ajustarla a la alteración de niveles producidos por la intervención territorial del proyecto minero aurífero.

Una vez concluida la inspección el aborigen Sebastián Cruz aseguró que: “quedamos disconformes con la visita, fue nuevamente guiada por la empresa (Barrick Gold), llevada por ellos mismos. Nos tuvimos que subir a un avión de ellos, ponen la locomoción y todo. Es el homicida quien te lleva a la escena de los hechos y guiado por ellos mismos, que pueden preparar los espacios que visitamos”, puntualizó.

El dirigente señaló que, incluso, la Superintendencia del Medio Ambiente fue el día anterior y que todavía “no conocen los resultados de esa visita”. La Superintendencia del Medio Ambiente realizó un proceso y sancionó a la empresa, ante lo cual los Tribunales decidieron paralizar las obras, lo que aceptó Barrick.

El jueves 5 de diciembre se concretó la visita de la delegación del Segundo Tribunal Ambiental en el proyecto minero Pascua Lama, de la empresa canadiense Barrick Gold, en el marco de un recurso que interpusieron las comunidades del Valle del Huasco, exigiendo que se revocara la Resolución de Calificación Ambiental de la iniciativa que hoy está paralizada ante una serie de incumplimientos.

La visita fue decretada por el tribunal para “mejor resolver” ante estas denuncias de contaminación de agua y de presiones de Barrick para cambiar la línea base de las aguas establecida en la RCA y ajustarla a la alteración de niveles producidos por la intervención territorial del proyecto aurífero.

La delegación fue encabezada por el Ministro del Segundo Tribunal Ambiental, Sebastián Valdés de Ferrari, y asistió también un representante de los reclamantes: Sebastián Cruz de la comunidad diaguita Patay Co, quien manifestó que tenía bastantes esperanzas en la visita pero que quedó inconforme con ella.

“Quedamos disconformes con la visita, fue nuevamente guiada por la empresa, llevada por ellos mismos. Nos tuvimos que subir a un avión de ellos, ponen la locomoción y todo. Es el homicida quien te lleva a la escena de los hechos y guiado por ellos mismos, que pueden preparar los espacios que visitamos”, indicó.

El dirigente añadió que, incluso, la Superintendencia fue el día anterior y que aún no conocen los resultados de esa visita. La Superintendencia del Medio Ambiente realizó un proceso y sancionó a la empresa, ante lo que los Tribunales decidieron paralizar las obras, lo que aceptó Barrick.

Si bien por ahora el proyecto está detenido, Cruz indicó que se debió sancionar más fuerte a la firma, anulando sus permisos: “Son sanciones pecuniarias pero nunca se pensó en la revocación de la calificación ambiental, siendo que ellos se autodenunciaron. La Superintendencia eleva 23 incumplimientos y ellos aceptan 22 y luego sale la sanción, por faltas graves y gravísimas. Había cómo revocar la autorización, porque la han incumplido reiteradas veces”.

Entre los 23 incumplimientos que se nombran no sólo está el tema de las aguas, también hay reparos por falta de medidas para prevenir la contaminación material, en especial para proteger a sus trabajadores ante los daños que puede generar la exposición a metales pesados.

Además, hay reparos sobre el impacto que la minera ha causado al medioambiente, en especial en la reducción de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, lo que los especialistas catalogan como “un daño irreparable”. En este sentido, los ciudadanos del Valle del Huasco afirmaron que están a la espera de las resoluciones de las Cortes y que continuarán movilizados en la defensa de sus derechos.