El Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) pidió hoy al Gobierno "acatar en todos los casos" un fallo emitido la semana pasada por la Corte de Constitucionalidad (CC) de este país que avaló las consultas populares sobre minería como acciones vinculantes.

Yuri Melini, director de Calas, en declaraciones a Efe este lunes dijo que "el Gobierno debe tener como un indicativo obligatorio" el resultado de las consultas populares que se realicen en las comunidades donde se pretende promover proyectos MINEROS.

"La CC dio por válido el derecho de la Municipalidad de Mataquescuintla, de consultar a sus vecinos sobre su aceptación o rechazo respecto a la explotación minera en su comunidad", lo cual sentó un precedente jurídico en el país que debe ser acatado de inmediato y a nivel nacional por parte del Gobierno, señaló Melini.

La semana pasada, el máximo tribunal de este país centroamericano falló en contra de dos recursos promovidos por abogados de la Cámara de Industria y la Gremial de Mineras Extractivas, para que una consulta popular realizada en noviembre de 2012 en la población de Mataquescuintla fuera declarada "inconstitucional".

En su resolución, la CC señala que "es incuestionable el derecho de los pueblos a ser consultados", por lo cual es válido que la Municipalidad haya pedido la opinión de sus vecinos respecto a si estaban a favor o en contra de que en esa población se desarrollaran proyectos de exploración y explotación minera.

El 11 de noviembre del año pasado, el 96 % de los 10.375 pobladores de Mataquescuintla, un municipio rural del este de Guatemala, rechazaron la exploración y explotación minera que cuatro empresas privadas pretenden realizar en ese lugar, por medio de una consulta popular realizada por la Municipalidad.

El alcalde de ese municipio, Hugo Loy Solares, dijo entonces que la consulta fue convocada por las autoridades ediles a petición de un grupo de 3.000 pobladores que pidieron un referendo para conocer la opinión de los habitantes.

Los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, encargados de la autorización de las licencias de reconocimiento, exploración y explotación minera, no se han pronunciado al respecto, pero Melini insistió en que "el Gobierno debe acatar la decisión de la CC".

Ello implicaría la cancelación de las licencias en las comunidades en donde los pobladores, mediante consulta popular, se han opuesto a estas.

"Que la CC haya declarado que las consultas municipales de vecinos son vinculantes, es un avance importante" respecto a los derechos de las decenas de comunidades del interior del país que se han opuesto a la presencia de las empresas extractivas en sus comunidades, agregó el director de Calas.