Sólo la gran confusión que vive el país puede explicar tantos aplausos sobre el acuerdo de pago por la expropiación de YPF al grupo Repsol, todavía secreto.

Casi igual al que envuelve el acuerdo con Chevron.

La pregunta clave es qué pasará con las graves acusaciones formuladas por el mismo gobierno, que denunció el vaciamiento realizado por el grupo Repsol. En el Informe Mosconi, elaborado meses después de la sanción de la ley, se afirma que Repsol tuvo una “estrategia de depredación, desinversión y desabastecimiento del mercado interno”, iniciada desde que adquirió YPF en 1999 y profundizada “a partir del año 2003”, con un “proceso de sistemática desinversión en Argentina”.

En el Senado, Kicillof acusó a Repsol de no invertir, de provocar una fuerte caída de las reservas de gas y petróleo, mientras elevaba sustancialmente los dividendos, que eran girados al exterior, todo financiado con un endeudamiento exponencial de YPF a partir de 2008. Según Kicillof, Repsol, que había pagado efectivamente 13.158 millones de dólares para adquirir YPF, hacia 2012 había retirado en dividendos 16.000 millones. Si a eso se agregan las posteriores ventas de paquetes accionarios, en unos años el grupo no sólo recuperó el pago inicial sino que ganó, además, 9.000 millones de dólares. Debe haber escasos precedentes mundiales en el sector petrolero de una ganancia tan extraordinaria.

Durante todo ese período, el representante del Estado en el directorio de YPF calló.

Durante nueve años, el kirchnerismo hizo silencio y, por lo tanto, avaló la estafa. Con ese antecedente el gobierno jamás podía ir al CIADI a denunciar un vaciamiento que había permitido. El costo de esta complicidad son los 52.000 millones de dólares que hemos pagado desde 2003 en importación de energía.

¿El gobierno respetará la Ley de Soberanía Hidrocarburífera con la que expropió YPF en 2012?

Allí se establecía que el precio de los bienes sería determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, siguiendo la Ley de Expropiación.

¿Y qué pasará además con los pasivos ambientales denunciados por Kicillof en el Senado?

El funcionario había prometido observar “qué pasó con los pozos, dónde tiraban cada metro cúbico de agua contaminada, vamos a ver qué es lo que nos encontramos cuando abramos la caja negra”. ¿La indemnización tendrá en cuenta esta promesa del ministro de Economía?

Entretanto, mientras ignoramos cuál es el monto de la indemnización, si se respetará la ley, si se considerarán los pasivos ambientales y qué sucederá con las denuncias de vaciamiento, el ministro Kicillof nos invita a celebrar un acuerdo que no conocemos. Mejor sería que diera a publicidad su contenido y explicara su falta de coherencia entre lo que hace hoy con las graves acusaciones que él mismo formuló.