Por decretó, el Poder Ejecutivo de Uruguay declaró al proyecto Valentines, de la compañía india Zamin Ferrous (Aratirí) como Minería de Gran Porte. La multinacional pretende exportar hierro hacia China desde una amplia zona ubicada en las cercanías de la localidad de Cerro Chato.
En San José quieren limitar la minería a cielo abierto.
El Poder Ejecutivo emitió un decreto por el cual declaró formalmente como Minería de Gran Porte al proyecto Valentines con el cual la multinacional india Zamin Ferrous (Aratirí) pretende exportar hierro hacia China desde una amplia zona ubicada en las cercanías de la localidad de Cerro Chato.
Es la primera calificación de este tipo desde que se aprobó con votos oficialistas y algunos de la oposición el proyecto de ley de Minería de Gran Porte en septiembre.
La calificación se basa en que el proyecto supera las 400 hectáreas de área de intervención de explotación de minerales metálicos.
La ley incorpora garantías adicionales a las del Código de Minería vigente, establece rigurosas medidas de protección ambiental y crea un nuevo régimen tributario para esta actividad que asegura al Estado aproximadamente el 50% de las ganancias. Los fondos se destinarán, en parte, a obras de infraestructura para el desarrollo de todo el país, fundamentalmente en el interior. Por otro lado se crea el Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión (FSII). El eventual otorgamiento del título de concesión se realizará mediante la celebración de un contrato entre el Poder Ejecutivo y la minera con quien se está negociando.
Según informa el diario local Primera Hora, la resolución fue apoyada por los ediles blancos y colorados, durante una sesión a la que no acudieron los representantes del Frente Amplio.
“El tema megaminería metalífera a cielo abierto causa una gran preocupación a los distintos sectores sociales y productivos del departamento”, sostiene la declaración aprobada.
“Siendo San José fundamentalmente productor de alimentos, causa desconcierto tantas denuncias para prospección minera presentadas ante el MIEM en una gran cantidad de padrones rurales, que suman alrededor de 6.000 hectáreas”, agrega el documento.
Ante esta situación, la Junta Departamental resolvió “encomendar al Ejecutivo departamental para que en el marco de la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial y el decreto de directrices, asesorado con los técnicos que crean necesario busquen una solución legislativa para limitar y restringir la explotación minera metalífera a cielo abierto en el territorio del departamento a los suelos categorizados como rural productivo”.
