Un equipo encabezado por el ministro Axel Kicillof y una delegación de Repsol tuvieron ayer la primera reunión para definir los detalles del bono con que la Argentina indemnizará a la empresa española por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. En medios oficiales se indicó que las conversaciones están bien encaminadas y que ambas partes están "muy confiadas" en que el acuerdo definitivo se cerrará antes de fin de año, incluyendo el desistimiento de los juicios iniciados por parte de Repsol. La semana próxima técnicos de ambas partes terminarían con los detalles. 

Del encuentro que se realizó en la sede de YPF en Buenos Aires participaron Kicillof y el presidente de la petrolera, Miguel Galuccio. Por Repsol la delegación estuvo integrada por Miguel Klingerberg Calvo, vicesecretario general; Nemesio Fernández Cuesta, director de Negocios; y Miguel Martínez San Martín, director económico-financiero.

Por lo que se sabe hasta ahora, las partes tienen que resolver las características del bono que emitirá la Argentina para pagarle a Repsol, cuyo monto sería de u$s 5.000 millones. Poniéndole presión a lo que iba a suceder desde ayer en Buenos Aires, el titular de Repsol, Antoni Brufau, dijo el martes en Barcelona: "Nosotros nunca hemos dicho esa cifra , lo que hemos dicho es que lo que tengamos que cobrar debe ser de alguna forma una cifra cierta y que el valor presente justifique la retirada de los litigios".

Esa afirmación refiere al período durante el cual los bonos a emitir no percibirán intereses, al momento en que podrán empezar a venderse y a la fecha en que comenzará a amortizarse el capital. En principio, luego del preacuerdo alcanzado entre los gobiernos de la Argentina, México y España, el lunes 25 de noviembre, trascendió que los bonos tendrían un período de gracia de dos a cuatro años. Con todo, en las últimas declaraciones de Brufau no hay referencia a la necesidad de una garantía adicional, aspecto que sería posiblemente el más controvertido por tratarse de bonos a emitir por el Estado nacional por lo que no necesitan tener otros respaldos.

Se entiende que una vez terminada esta etapa con los detalles del título a emitir, ambas partes fijarán un plazo para la instrumentación. El Gobierno necesita que la emisión de deuda sea aprobada por el Congreso, y Repsol quedará obligada a desarmar los litigios iniciados contra el Estado nacional en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, y en Estados Unidos, España y Buenos Aires contra YPF, Chevron y Bridas.

Repsol deberá admitir una pérdida en el balance de algo más de 1.500 millones de euros, porque tiene previsionados 5.264 millones de euros por la expropiación de las acciones de YPF, y u$s 5.000 millones equivalen a unos 3.700 millones de euros. Sin embargo, los analistas financieros estiman que el acuerdo es beneficioso para la empresa española porque la vía judicial hubiera demorado varios años y el resultado era incierto. Ayer la calificadora Fitch consideró "ampliamente positivo" para la calidad crediticia de Repsol el acuerdo con la Argentina sobre YPF, aunque consideró la necesidad de contar con garantías y conocer los detalles de la compensación, consignó la agencia Europa Press.

César Pelli diseñó la torre que YPF tiene en Puerto Madero a pedido de la española Repsol, que quería de esa manera mostrar su compromiso con la Argentina. Es un caso de destino cambiado. El mismo edificio se convirtió en las últimas semanas en el recinto elegido por el gobierno argentino para sellar la salida definitiva de los ibéricos de los asuntos importantes de la petrolera nacionalizada.

Ayer, en el salón de reuniones del piso 33, se llevó a cabo el segundo encuentro de la saga que comenzó el lunes de la semana pasada para sellar un pacto que finalice la disputa por la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF.

Desde la mañana y hasta después del mediodía se sentaron a la mesa de negociación, por el lado argentino, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, junto con el ministro de Economía, Axel Kicillof, que asistió con sus colaboradores Rodrigo Cuesta, vicepresidente de Servicios Jurídicos de la compañía; Nicolás Arceo, su par de Administración y Finanzas, y el secretario de Finanzas, Pablo López.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, que fue considerado durante meses por el gobierno de Cristina Kirchner como el principal escollo para llegar a un acuerdo, envió a tres hombres: Miguel Klingenberg, vicesecretario general de Repsol; Nemesio Fernández Cuesta, director general de Negocios de la compañía, y Miguel Martínez San Martín, director general Económico Financiero y Desarrollo Corporativo. Los ejecutivos de Repsol tenían previsto abandonar el país ayer mismo.

Fuentes oficiales aseguraron a LA NACION que del encuentro no participaron representantes de bancos. También reconocieron que los españoles pusieron algunas objeciones a la propuesta argentina, que a su juicio no entorpecerán el acuerdo.

El 25 de noviembre, representantes de los gobiernos de la Argentina, España y México alcanzaron un preacuerdo para saldar la deuda. Si bien nunca fue comunicado de manera oficial, fuentes al tanto de las negociaciones sostienen que la oferta argentina contempla un pago de US$ 5000 millones en bonos.

Ambas partes acordaron acelerar las discusiones para intentar llegar a un acuerdo antes de fin de año, algo que le interesa más al Gobierno que a Repsol. Con ese objetivo se reunirán, a partir de la semana próxima, equipos técnicos de ambos lados para avanzar en cuestiones financieras y legales más finas.

Tras un encuentro de cuatro horas de los máximos representantes del Palacio de Hacienda y de YPF con directivos de Repsol recién llegados de Madrid, en el día de ayer quedó más firme para ambas partes la sensación de que antes de las Fiestas de Fin de Año habrá acuerdo en los términos de la compensación que recibirá la petrolera española. Aunque no hubo ningún tipo de comunicación oficial, quedó de manifiesto que la reunión, encabezada por Axel Kicillof y Miguel Galuccio, del lado argentino, y Miguel Klingenberg Calvo y Nemesio Fernández Cuesta, por los españoles, había cumplido su objetivo: acercar posiciones entre las partes y dejar para una próxima reunión apenas la resolución de aspectos técnicos, como el levantamiento de las demandas presentadas en distintos tribunales internacionales y los detalles financieros de los títulos que la Argentina entregará para cerrar el diferendo. El pago que recibiría Repsol estará en torno de los cinco mil millones de dólares, según trascendió, confirmando lo anticipado en días anteriores.

A comienzos de la semana pasada, autoridades del gobierno español, del grupo accionista principal de Repsol y de la petrolera Pemex (también accionista de la petrolera española) acordaron en Buenos Aires un principio de acuerdo para resolver el conflicto surgido de la expropiación del paquete de control de YPF. Ayer fue el turno de los “equipos técnico-políticos”, encargados de darle forma al acuerdo.

El encuentro, que comenzó a media mañana, se desarrolló en las oficinas de YPF en Puerto Madero, el mismo edificio que levantó Repsol para mudar las oficinas históricas de Roque Sáenz Peña 777, en una de las únicas inversiones reales que se le reconocen a lo largo de su gestión. Junto a Galuccio y Kicillof se sentaron tres miembros del equipo de este último en Economía: Emmanuel Alvarez Agis (Política Económica), Pablo López (Finanzas) y Rodrigo Cuesta (Legal y Técnica).

Los tres representantes de Repsol que estuvieron presentes habían llegado pocas horas antes desde Madrid. Klingenberg Calvo, Fernández Cuesta y Miguel Martínez San Martín no estuvieron 24 horas en Buenos Aires. Por la tarde ya volaban de regreso a su país.

Klingenberg Calvo, vicesecretario general del Consejo de Administración, había sido designado para encabezar las negociaciones en la misma reunión de Repsol de la semana pasada que aprobó el preacuerdo firmado en la Argentina. En aquel encuentro en Madrid, Emilio Lozoya, de Pemex, había descalificado la conducción de Antonio Brufau en las negociaciones con la Argentina. La delegación de las tratativas en Klingenberg Calvo podría interpretarse como un reflejo de aquellas tensiones. En cambio, el regreso del director general de Negocios de Repsol, Nemesio Fernández Cuesta, a la mesa de negociación significa el retorno a ese plano de una figura muy allegada a Brufau. El tercer integrante de la misión, Martínez San Martín, es el director general de Economía, Finanzas y de Desarrollo Corporativo de la petrolera española.

Además de su alto significado político, el encuentro de ayer logró ir cerrando aspectos del pago en bonos que efectuará la Argentina para compensar el paquete de acciones expropiadas a Repsol en abril del año pasado. La suma, en valor presente, se ubicaría en torno de los cinco mil millones de dólares; el período de vencimiento alcanzaría a los diez años, con los primeros cuatro de gracia (en los cuales no habría vencimientos de capital ni intereses). La tasa de interés sería como mínimo del 8 por ciento, un punto por encima de las vigentes para los “bonos cortos” de la deuda argentina actualmente en circulación (Boden 2015 y Bonar 2017). De todos modos, la intención de Repsol sería liquidar inmediatamente los bonos en el mercado financiero para aplicarlos a bajar su elevado nivel de endeudamiento.

La semana próxima continuarían los encuentros. Pero, esta vez, a nivel de técnicos en finanzas y leyes. El propósito es limar los últimos aspectos del acuerdo, fundamentalmente el levantamiento de la demanda que presentó Repsol contra el gobierno argentino, no sólo en el Ciadi, que traba la salida al exterior de YPF a capturar fondos. Las partes confían en que antes de Nochebuena habrá otro festejo: el acuerdo que selle en su aspecto legal la transferencia de acciones de YPF a favor del Estado argentino.

La agencia de calificación crediticia Fitch ha mantenido elrating de Repsol y su perspectiva, que sigue en 'estable', al tiempo que destaca el proceso de desinversión de activos en el que trabaja la compañía y pronostica que habrá quedado cerrado a comienzos de 2014.

En una nota, la agencia considera "ampliamente positivo" para la calidad crediticia el reciente acuerdo con Argentina sobre YPF, pero coincide con la compañía en la necesidad de contar con garantías y conocer los detalles de la compensación.

Mientras, Repsol, cuyo rating se sitúa en 'BBB-' (tercera nota dentro de la calidad aceptable), "está intentando vender varios activos fijos y podría utilizar los ingresos para reducir su endeudamiento financiero", afirma la agencia.

La principal desinversión es la venta de activos de gas natural licado (GNL) a Shell, que permitirá a la petrolera apuntarse unos ingresos de 2.700 millones después de impuestos.

El programa de desinversión es "importante" para fortalecer la capacidad crediticia de la compañía, señala, antes de fijar para "comienzos" de 2014 la fecha para completar el programa. En paralelo, la empresa prevé invertir cerca de 19.100 millones entre 2012 y 2016.

"Repsol ha adoptado medidas para fortalecer su perfil financiero después de haber sufrido dos rebajas desde 2012", indica, antes de citar la venta de acciones en autocartera a Temasek por 1.000 millones y el 'scrip dividend' como parte de este proceso.