Los productores metalíferos de Santa Cruz dieron el paso que anticipaban desde mediados de año, cuando la Gobernación de Daniel Peralta logró que la Legislatura avalara la creación del impuesto inmobiliario minero, que gravó el 1% de las reservas minables de las empresas. Según confirmaron a El Inversor Online dos encumbrados directivos del sector, al menos dos compañías elevaron un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar el cobro del tributo, por considerarlo violatorio de la Ley de Inversiones Mineras sancionada a principios de los ‘90, la que otorgó estabilidad fiscal por 30 años a las empresas extractoras de metales.

“Nos presentamos ante la Corte para pedir que se declare competente y resuelva la inconstitucionalidad del impuesto inmobiliario. Nosotros estamos convencidos de que su creación atenta contra el andamiaje regulatorio vigente”, expresó a este medio un ejecutivo minero que pidió confidencialidad.

Las mineras afectadas por la aplicación del impuesto inmobiliario en Santa Cruz, como productoras activas de minerales, serían: Cerro Vanguardia, controlada por la sudafricana AngloGold Ashanti; Minera Triton, de Pan American Silver, y Minera Santa Cruz, que responde a la peruana Hochschild y a la canadiense Minera Andes. En tanto que el tributo también alcanzó a Goldcorp, que está terminando de construir la mina de oro Cerro Negro, cuya inauguración está prevista para abril próximo, y Minera IRL, que empezará en 2014 a instalar una pequeña mina de oro llamada Don Nicolás en el Macizo del Deseado.

Las empresas habrían indicado que también prevén avanzar con una presentación ante la Justicia provincial, pero por cuestiones menores de índole administrativa. La gran apuesta es que el tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti se declare competente y falle a favor de las mineras. “Como el impuesto nos afecta de manera diferente, cada empresa se presentó ante la Corte en carácter individual”, aclaró otro empresario.

Según la administración patagónica, a partir del impuesto inmobiliario la intención es recaudar $ 150 millones anuales para el Tesoro provincial. Las mineras sostienen que si el tributo entrara en operación efectiva, la recaudación sería mucho mayor.

Los productores metalíferos de Santa Cruz dieron el paso que anticipaban desde mediados de año, cuando la gobernación de Daniel Peralta logró que la Legislatura avale la creación del Impuesto Inmobiliario Minero, que gravó el 1% de las reservas minables de las empresas. Dos encumbrados directivos del sector, al menos dos compañías elevaron un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar el cobro del tributo por considerarlo violatorio de la Ley de Inversiones Mineras, sancionada a principios de los ’90, que otorgó estabilidad fiscal por 30 años a los empresas extractoras de metales.

“Nos presentamos ante la Corte para pedir que se declare competente y resuelva la inconstitucionalidad del Impuesto Inmobiliario. Nosotros estamos convencidos de que su creación atenta contra el andamiaje regulatorio vigente”, expresó un ejecutivo minero, que pidió la confidencialidad.

Las mineras afectadas por la aplicación del Impuesto Inmobiliario en Santa Cruz -sin antecedentes a nivel local e internacional- son, como productoras activas de minerales, Cerro Vanguardia, controlada por la sudafricana AngloGold Ashanti, Minera Triton, de Pan American Silver; y Minera Santa Cruz, que responde a la peruana Hochschild y la canadiense Minera Andes. En tanto que el tributo también alcanzó a Goldcorp, que está terminando de construir la mina de oro Cerro Negro, cuya inauguración está prevista para abril próximo; y Minera IRL, que empezará en 2014 a instalar una pequeña mina de oro llamada Don Nicolás en el Macizo del Deseado.

Las empresas también prevén avanzar con una presentación ante la Justicia provincial, pero por cuestiones menores de índole administrativa. La gran apuesta es que el tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti se declare competente y falle a favor de las mineras. “Como el impuesto nos afecta de manera diferente, cada empresa se presentó ante la Corte en carácter individual”, aclaró otro empresario.

Según la administración patagónica, a partir del Impuesto Inmobiliario la intención es recaudar $150 millones anuales para el Tesoro provincial. Las mineras sostienen que si el tributo entrará en operación efectiva la recaudación sería mucho mayor.

(El Inversor Online)