La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) expresó su profundo malestar por los derechos antidúmping aplicados por la Unión Europea contra las importaciones de biodiésel nacional y estimó que la medida provocará pérdidas superiores a los u$s 1.500 millones para 2014.

La entidad aseguró que "es una evidente agresión contra la industria" nacional y denunció que el objetivo de la Unión Europea es destruir a los productores locales. España decidió directamente excluir a los productores argentinos de los potenciales exportadores de biodiésel."La imposición de derechos de importación por parte de la Comisión Europea es una evidente agresión contra la industria de biodiésel argentina", indicó la cámara.

En un comunicado, expresó su "profundo malestar por la publicación del reglamento de la Unión Europea, que impone a partir del día 27 de noviembre derechos antidúmping contra las importaciones de biodiésel de soja procedente de la Argentina". Las empresas productoras y exportadoras miembros de CARBIO consideraron que esta medida "es puramente proteccionista y no tiene fundamento alguno".

"Los altos derechos de importación fijados se basan exclusivamente en cálculos artificiales que suponen niveles de renta no realistas para ningún tipo de industria, y son absolutamente incompatibles con las reglas de la Organización Mundial del Comercio", afirmó la entidad. Agregó que "estas medidas tienen como efecto directo el de destruir una industria nacional altamente eficiente, generadora de divisas y de empleos genuinos que no recibe ningún tipo de subsidio y que no aplica práctica desleal alguna".

"La Unión Europea confirma su vocación proteccionista y contraria al fomento del desarrollo de los países emergentes como la Argentina, evitando el diálogo y la negociación y propiciando medidas injustificadas y legalmente insostenibles", denunció. 

El establecimiento de estos niveles exageradamente altos de derechos antidúmping van a detener totalmente la producción en la Argentina para exportación y a generar una crisis seria en la industria local. CARBIO dijo que continuará "colaborando con la Cancillería argentina en el cuestionamiento de esta medida ilegal en el foro multilateral apropiado, la OMC".

"Asimismo ha decidido llevar este caso ante la Corte de Justicia europea para procurar su anulación, al mismo tiempo que, para minimizar esta pérdida y evitar el cierre de empresas, se está buscando el aumento del corte con biodiésel en el mercado local", sostuvo.