La reunión estaba citada para las 11 del lunes pasado. Todos llegaron puntuales. Entraron por la cochera al primer subsuelo y de ahí a un ascensor que los llevó directo al piso 33 de la torre que YPF tiene en Puerto Madero. Era feriado en Buenos Aires, pero entre las paredes vidriadas era todo vértigo.
La reunión estaba citada para las 11 del lunes pasado. Todos llegaron puntuales. Entraron por la cochera al primer subsuelo y de ahí a un ascensor que los llevó directo al piso 33 de la torre que YPF tiene en Puerto Madero. Era feriado en Buenos Aires, pero entre las paredes vidriadas era todo vértigo.
La cumbre empezó a horario. Estaban cara a cara por primera vez el ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria; el director general de Pemex, Emilio Lozoya; el ministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini y el embajador en España, Carlos Bettini. Por Repsol se sentó el director de Negocios, Nemesio Fernández Cuesta, además de Isidro Fainé en representación de Caixabank, accionista de la petrolera española. El anfitrión fue el presidente de YPF, Miguel Galuccio.
Zannini abrió la reunión. Dijo que se había estructurado un acuerdo entre los gobiernos de España, México y Argentina. "Ese espíritu de cooperación no existe de parte de Repsol; sí de España, que está representado por un ministro", dijo el funcionario. Luego hablaron los demás. Hubo cuatro interrupciones; tres para que el representante de Repsol llamara por teléfono a su jefe y presidente de la petrolera, Antonio Brufau; la cuarta fue para almorzar.
A las 15, el acuerdo estaba cerrado. En ese momento fue Soria el que dijo que ya había que comunicarlo a los medios. Esperaron a que cerraran los mercados y luego sí, se despachó el comunicado.
Atrás quedó un año de viajes, reuniones y negociaciones inconclusas. Atrás también quedaron aquellos encendidos discursos -encabezados por la presidenta Cristina Kirchner y Kicillof- que sirvieron de cotillón de artificio de la traumática estatización de la principal empresa argentina.
Atrás también quedó la voluntad del ahora ministro de Economía de cobrar por los daños que Repsol propinó al país y de no pagar por una expropiación ilegal.
Todo cambió. Se terminaba de acordar un pago de 5000 millones de dólares. Aquí, la historia de cómo se gestó un convenio clave para el futuro energético argentino.
Aquel discurso estatizador y casi vengativo de la Presidenta se empezó a amoldar a la realidad hace 11 meses. En ese momento, cuentan que en Olivos hubo una reunión en la que estaban la jefa del Estado, Zannini y Galuccio. Fue el embrión del principio de acuerdo al que se llegó el lunes.
El petrolero sintetizó los problemas que tenía YPF para diseñar una estrategia de negocios a futuro. Con esa etapa irresuelta no se podía avanzar. Zannini fue uno de los impulsores de pagar por la empresa hasta entonces confiscada. Desde Madrid, Bettini también le habló al oído a la Presidenta. Finalmente se optó por habilitar una vía de diálogo.
Entre enero y febrero empezaron las conversaciones. Fue Bettini el que trazó un panorama de cómo se movía el Consejo Directivo de Repsol. Apagado el canal Brufau, la decisión fue intentar con Fainé, presidente de Caixabank, poderosa entidad bancaria catalana que preside el ejecutivo y que es dueña del 12,53% de las acciones de la petrolera.
El lunes 25 de febrero pasado el ejecutivo estuvo en la Casa Rosada y se reunió con Cristina Kirchner. No era el primer viaje del catalán; en enero ya había estado en Buenos Aires, acompañado por Bettini.
Fainé se llevó un borrador en el que se hablaba de 6000 millones de dólares, mayoritariamente pero pagaderos con activos. Los negociadores propusieron crear una sociedad de la que participarían Repsol e YPF para explorar parte del yacimiento no convencional Vaca Muerta. El dinero de la indemnización, según ese acuerdo, se reinvertiría en el desarrollo de la cuenca. De esa manera, aspiraban en YPF, ese activo puesto en valor tendría un valor superior al que se establecía en el acuerdo.
Anteayer, al teléfono desde Madrid, una fuente conocedora de la vida interna de Repsol sostenía que Fainé jamás votó contra Brufau y que más allá de algún enfrentamiento, han hecho una carrera juntos en las principales empresas catalanas. Las acciones de la petrolera están repartidas entre tres empresas y el mercado. Caixabank tiene 12,53%; la constructora Sacyr, 9,73%; Petróleos Mexicanos (Pemex), 9,43%, mientras que en el mercado flota 62,93 por ciento.
Fainé no logró imponer el acuerdo. Desde España, consideraron que los directivos de la petrolera española no estaban de acuerdo con una nueva asociación. Además -contaron el viernes desde Madrid-, había diferencias respecto de la valuación que se entregaba como parte de la compensación. "Hubo un excesivo optimismo argentino y un desconocimiento de cómo funcionan. En los momentos más importantes, Fainé jamás votó contra Brufau", contó la fuente.
Las discrepancias por la valuación pasaron a ser el motivo de desacuerdo. En febrero pasado, técnicos de Repsol y de YPF, incluido Galuccio, se encontraron en una importante capital europea. El propósito era ponerse de acuerdo sobre el precio y las bondades de ese subsuelo petrolero.
En Buenos Aires ya no había dudas de la necesidad de acordar. Los pocos hombres que sabían de las negociaciones tomaron un término del más común lunfardo porteño para referirse internamente a la operación.
Pese a ese encuentro en Europa, la propuesta quedó trunca. Fainé llegó a España y se mantuvo dentro de los andariveles que marcaba Brufau. "Previsible", resume ahora una fuente desde Madrid. Otra que participó en alguna de las reuniones dijo que Fainé, hombre del mundo financiero, no tenía conocimientos petroleros suficientes como para defender el acuerdo. Todo quedó ahí.
Galuccio y Bettini -"un optimista del acuerdo", como lo definió uno de los negociadores- iniciaron el camino de los mexicanos de Pemex. El CEO de YPF tenía el camino allanado con la petrolera. Sucede que en su época de gerente general de Operaciones de Schlumberger para México y América Central, el entrerriano convirtió a Pemex en uno de los principales clientes del mundo de la empresa alemana. Los contactos eran inmejorables.
NUEVO INTENTO
Una comitiva de cinco técnicos de Pemex llegó a Buenos Aires. En la torre de Puerto Madero se les habilitó un dataroom, una sala a la que se llevaría toda la información que solicitaran los mexicanos. En julio, ingenieros de Repsol cruzaron el océano Atlántico. El punto de reunión entre profesionales del petróleo de las dos petroleras fue en el Distrito Federal.
Además de los datos que se llevaron de Buenos Aires, los ejecutivos de Pemex, lideraros por el presidente de la empresa, Emilio Lozoya, habían contratado a dos consultoras internacionales para valuar y evaluar los yacimientos ofrecidos por YPF. Un ejecutivo que conoció esos informes elaborados por Ryders Scott y De Goyler & McNaugthon sostuvo que los activos tenían un valor suficiente como para compensar a Repsol. En Madrid, en cambio, dijeron que el precio era demasiado alto.
Finalmente surgió otra propuesta compleja. Entre Galuccio y la Casa Rosada se convocó a varias provincias, pero en especial a Neuquén. Sucede que los yacimientos corresponden a las provincias. Para salvar este impedimento, la Nación iba a comprar a los distritos ciertos yacimientos a cambio de bonos. Inmediatamente se daba vuelta y los entregaba a Repsol como compensación.
Según pudo saber LA NACION, con esos activos se capitalizaba 46% de la nueva sociedad. Como la intención era que tanto Repsol como YPF tuvieran 50% de la nueva empresa, los mexicanos de Pemex se comprometieron a entregar a sus socios españoles el restante 4% en instrumentos líquidos. El nuevo borrador llegó al Consejo Directivo hace no más de dos meses. En Madrid, la asociación indemnizatoria fracasó.
Mientras el acercamiento se producía, la estrategia de Brufau de minar de reclamos y juicios a los que intentaran una asociación con YPF se intensificaba. En Alemania, los principales ejecutivos de la poderosa petrolera Wintershall analizaron un principio de asociación con YPF en Vaca Muerta. "Imposible avanzar hasta que no se resuelva el tema Repsol", fue la respuesta que llegó desde Kassel, sede de la compañía.
La paradoja se había instalado en la petrolera estatizada. Con sus razones, Repsol socio con 12% de las acciones, había elaborado una estrategia de tomar de rehén a YPF con sus reclamos. Y lo lograba.
El 1° de octubre, Galuccio expuso en Londres en la Oil&Money Conference. Había tomado una decisión: ir a Madrid y hablar con la prensa. "Antes de fin de año habrá una solución", dijo el 3 de octubre en Madrid. Además del contacto con los periodistas, se reunió con Soria, ministro de Industria español. El encuentro, que debía ser secreto, se hizo en un hotel del Paseo de la Castellana, minutos después de que el CEO de YPF se reuniera con la prensa. Inmediatamente, la reunión trascendió. El viaje fue acordado con los mexicanos de Pemex para dar una señal pública de que la Argentina estaba dispuesta a negociar.
El 19 de octubre, el presidente de México, Enrique Peña Nieto plantea por primera vez el tema al máximo nivel político, en una reunión en Panamá con su par Español, Mariano Rajoy. El mandatario llevaba una carpeta preparada por la empresa en la que explicaba por qué se descartaron las anteriores ofertas.
A principios de noviembre la presión mexicana se empezó a sentir. Del otro lado del océano llegaban versiones de paralizar todas sus inversiones en España.
El 14 de noviembre Soria viajó a México. Llevó una carpeta de 50 páginas que le entregó Brufau. Los términos eran los mismos que repetían hacía meses: US$ 5000 millones en activos líquidos, nada de activos o nuevas asociaciones con YPF. En México hubo novedades: la Argentina estaba dispuesta a negociar con la emisión de un bono. En la reunión de Soria con Lozoya, también participó el secretario de Energía, Pedro Coldwell, el español escuchó fuertes críticas a Brufau y lo acusó de ser intransigente con la Argentina.
MÁS PRESIÓN MEXICANA
Pemex subió la presión sobre el presidente de Repsol. Mientras hablaba a diario con la Casa Rosada, Lozoya lo denunció ante el Congreso mexicano por su "alta remuneración" y por el mal manejo de la firma.
El jueves 21 de noviembre, un hombre de máxima confianza de Rajoy le dijo a Sergio Massa en Madrid que estaban cerca de un arreglo. "Estamos a un 30% del precio con el que llegaríamos a un acuerdo", le dijo. Cuentan que Rajoy no lo recibió para no interferir en la negociación. El diputado electo intentó traer información de primera mano. Hay quienes dicen haberlo visto el sábado 23 de noviembre por el Paseo de la Castellana, cerca de donde se levantan varios de los edificios corporativos más importantes de Madrid, entre ellos, el de Repsol.
En Buenos Aires, Kicillof había cambiado de opinión. De los retos a Repsol y las amenazas de juicios por daños ambientales pasó, en silencio, a diseñar un bono para pagarles a los españoles 5000 millones de dólares. Pragmatismo kirchnerista puro.
El sábado 23, la Presidenta dio el consentimiento para pagar esos 5000 millones de dólares en bonos que cancelará, seguramente, otra administración. Galuccio y Zannini delegaron el diseño del bono en Kicillof, que, a su vez, se lo entregó a dos personas de confianza, una de YPF y otra del Ministerio de Economía.
Esa misma tarde, la noticia llegó a Madrid. El domingo pasado todos organizaron el viaje a Buenos Aires. Desde España venían el embajador Bettini, el ministro Soria, Fainé y Nemesio Fernández Cuesta, un hombre de estrecha confianza de Brufau. Solloza armó las valijas en México mientras que Galuccio, Zannini y Kicillof esperaban acá.
A las 11, todos llegaron puntuales y subieron directo de la cochera al piso 33. Ya no había tanta tensión; todo estaba prácticamente acordado. Fainé, el hombre de los acuerdos truncos, permaneció muy callado; Kicillof habló con un tono más cauto que el que exhibió en abril de 2012; Zannini era la voz oficial del Gobierno. Fernández Cuesta se paró tres veces a hablar con Brufau, que desde Madrid repetía las mismas instrucciones. Al mediodía almorzaron ahí, en plena torre vidriada. Ensaladas y lomo argentino fue el plato que ofrecieron los anfitriones. A las 15, el acuerdo estaba firmado. No se escribió nada, apenas un comunicado en el que se expresaba la voluntad de acuerdo. Aún no hay letra grande, menos chica.
"Está la música, falta la letra", dijeron en Madrid. Por lo pronto, en la Argentina bailan de contentos al ritmo de esa melodía.
ENTRE FALTAZOS Y UN VOCERO QUE HABLÓ
El martes sesionó el Consejo Directivo de Repsol, en Madrid. Se trataba de una de las reuniones más importantes de los últimos años. La sorpresa fue cuando se pasó lista. El gran ausente fue Isidro Fainé, representante de la CaixaBank y principal impulsor del acuerdo con YPF. El hombre, que según decían en la Argentina estaba enfrentado con Antonio Brufau, se tomó un avión y partió rumbo a Hong Kong. Pero había más sorpresas: dejó un poder para que Brufau votara por él. Así enterró todas las especulaciones que corrían en la Argentina sobre el enfrentamiento entre ambos.
El lunes, un día antes de la junta directiva, los teléfonos de la petrolera estallaron. Sucede que esa mañana estaba agendado un acto oficial al que había comprometido la presencia del ministro de Industria español, José Manuel Soria. Pero el funcionario no llegó. Un periodista quiso saber dónde estaba y un vocero de palabra fácil respondió: "El ministro está en Buenos Aires, en una reunión por el acuerdo con YPF". El vocero se quedó solo; los periodistas corrieron a llamar a Repsol.
La nueva gestión de YPF ha dado una primera valoración de sus propias acciones. La petrolera argentina ha puesto en marcha un plan de entrega de acciones para sus directivos en el que ha valorado los títulos de la compañía a una media de US$16,9, en las operaciones realizadas hasta el momento, lo que supone valorar todo YPF en US$6.641 millones. De este modo, el 51% expropiado tendría un valor de US$3.320 millones, con lo que Repsol ha conseguido US$1.680 millones más en el preacuerdo alcanzado para sellar la paz por la expropiación.
Por otro lado, esta valoración de las acciones supone el doble de lo que Argentina estaba dispuesta a pagar en un primer momento, ya que según la prensa, la oferta que podía dictaminar el Tribunal de Tasaciones, dependiente del Ministerio de Planificación, podía haber ascendido a US$1.500 millones (unos 1.150 millones de euros).
Antes del preacuerdo alcanzado el pasado 25 de noviembre en Buenos Aires a tres bandas, entre Argentina, México y España, la intención del Gobierno argentino era consignar la cantidad que dictaminase este tribunal para dar por cumplida la normativa. El Gobierno de Kirchner dispone de dos años para hacer efectivo el pago por la expropiación (7 de mayo de 2014).
El plan de acciones en el que YPF había desembolsado más de US$19 millones (14 millones de euros) podía, además, haber servido como base jurídica a Repsol para sus reclamaciones judiciales e incluso ser utilizada ante el organismo de arbitraje del Banco Mundial, el Ciadi. En concreto, los directivos de YPF recibirán acciones como estímulo al trabajo y como forma de complemento a sus salarios. Este plan fue aprobado por la junta de la compañía el pasado 30 de abril y sólo se extiende a los gerentes y técnicos.
Algunos accionistas criticaron al nuevo presidente de YPF desde la expropiación, Miguel Galuccio, durante esta junta al considerar que es más prioritario elevar la producción que distribuir este incentivo extra a los trabajadores, que tras el acuerdo alcanzado se incrementa notablemente puesto que las acciones de la petrolera se han disparado un 12%.
Después de más de año y medio de la expropiación, YPF y Repsol han enterrado de momento el hacha de guerra. Ahora las compañías deben negociar sobre la base del preacuerdo alcanzado y la petrolera española exigirá garantías o avales de cobro de los US$5.000 millones en bonos a 10 años, que la compañía intentará vender a terceros antes de que acabe el plazo. El problema principal es que estos bonos soberanos cotizan en los mercados con un fuerte descuento. Además, el mercado de deuda argentino es poco líquido, lo que complicará el deseo de Repsol de convertir el bono en efectivo.
Así, una de las preguntas es si la petrolera podría vender estos títulos con facilidad en el mercado. Tras las numerosas reestructuraciones y quitas de deuda -el último canje fue hace apenas tres años-, el Estado argentino no está emitiendo bonos actualmente.
Por ello, algunas fuentes apuntan a que es posible que el acuerdo incluya una opción de recompra del bono emitido por parte de la Casa Rosada, lo que facilitaría hacer líquido el pago. Con esta solución, Repsol se convierte en uno de los mayores acreedores de Argentina, con un 2,5% de la deuda del país, que supera los US$196.000 millones -representa un 43,6% del PIB- y ni siquiera un tercio está en poder del sector privado.
La compañía que preside Antonio Brufau también busca blindar jurídicamente el acuerdo para evitar demandas de los minoritarios. Y es que Repsol solicita en el arbitraje ante el Ciadi unos 15.000 millones de euros, al incluir también la valoración potencial del yacimiento de Vaca Muerta y su lucro cesante. Se trata de una cantidad muy superior a lo que va a recibir ahora, pero hay que tener en cuenta que el pacto logrado garantiza una rápida liquidación que un dilatado proceso judicial no habría asegurado y el acuerdo da estabilidad al acabar con la incertidumbre del proceso.
Además, Repsol también ha conseguido una oferta superior a la trasladada a través de Pemex el pasado mes de junio y que consistía en darle entrada en una sociedad conformada por activos del yacimiento Vaca Muerta, correspondientes al 6,4% de la superficie de dicho yacimiento, y que ascendía también a un valor de US$5.000 millones, pero con una tasación del yacimiento desfavorable para Repsol. Por ello, la petrolera española contrató a varias consultoras independientes para valorar la oferta de YPF y determinaron que el valor real de la oferta de Galuccio rondaba los US$3.500 millones.
El bono a 10 años cobrará los intereses en seis cuotas anuales a partir del quinto ejercicio. El acuerdo fija una rentabilidad del 8,75% y garantiza el cobro de 5.000 millones de dólares.
Argentina y Repsol se han puesto manos a la obra para cerrar un acuerdo definitivo sobre la expropiación de YPF. La petrolera quiere conseguir las máximas garantías de pago, tal y como le encargó su consejo. Por ello, una de las cartas que se ha puesto ya sobre la mesa es que sea el Ciadi, el organismo de arbitraje internacional dependiente del Banco Mundial, el que vigile el cumplimiento del pacto en forma de un laudo transaccional, es decir, de un sistema que permita volver a reiniciar la demanda judicial si se produce un incumplimiento de pago.
El principal punto de la negociación que se abrirá la próxima semana, tal y como anunció ayer el propio jefe de gabinete de la Casa Rosada, Jorge Capitanich, se centrará en cerrar rápidamente un acuer- do, pero Repsol quiere "asegurar las máximas garantías de obligación recíprocas", tal y como consta en las líneas básicas que transmitió el ministro de Industria José Manuel Soria, en su encuentro con el secretario de Estado de Energía de México, Pedro Joaquín Coldwell, y el director general de Pemex, Emilio Lozoya, el pasado 15 de noviembre y como reiteró en Buenos Aires en el encuentro del pasado lunes.
El Ciadi ya contempla la posibilidad de que se suspenda un proceso arbitral en curso, pero se mantenga la causa abierta, para activarla en caso de incumplimiento, siempre que el pacto logrado en Buenos Aires se convierta en definitivo a lo largo del próximo mes de diciembre.
Según la información a la que ha tenido acceso elEconomista, el acuerdo pactado con Argentina prevé una compensación en 5.000 millones de dólares (unos 3.700 millones de euros al cambio actual) de valor nominal en bonos soberanos argentinos a 10 años con un tipo de interés del 8,75 por ciento.
En el preacuerdo, que únicamente incluye las grandes líneas, se ha acordado el pago del mismo en seis cuotas mensuales a partir del quinto año del bono, lo que supondría un ingreso para la petrolera española de 450 millones de dólares al año, directos para la cuenta de resultados.
El problema para Repsol es que estos bonos cotizan en los mercados con un fuerte descuento, en torno al 30 por ciento, y la deuda argentina es muy poco líquida.
Tras el principio de acuerdo, la petrolera se ha fijado un plazo de diez días para elaborar una amplia propuesta de acuerdo definitivo, sobre el que comenzar a negociar con Argentina a lo largo del mes de diciembre.
El propio presidente de Repsol, Antonio Brufau, liderará estos equipos de trabajo, al margen de que esté presente o no en las futuras reuniones con el Gobierno argentino. Hay que recordar que la mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, vetó la presencia del presidente de Repsol en la negociación del principio de acuerdo.
Las comisiones técnicas creadas por la petrolera trabajan ya con varios equipos para desarrollar la vía jurídica, financiera y de mercado, donde están trabajando expertos de diferentes ámbitos en Madrid, Nueva York y Buenos Aires. El grupo ha contratado a Deustche Bank para profundizar en el análisis económico y soportar toda la reestructuración de la oferta completa que se plantea Argentina en los próximos días. Esta entidad realizará de forma independiente los cálculos de la compensación, de modo que sirva como garantía jurídica si tras el cierre del acuerdo algún accionista lo considerase insuficiente y decidiera acudir a los tribunales para reclamar daños y perjuicios a los administradores.
En la negociación del preacuerdo alcanzado en la sede de YPF, el ministro de Argentina, Axel Kicillof, se oponía a la elección de una entidad independiente. No obstante, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, recordó al mentor de la expropiación que es una práctica habitual en este tipo de operaciones y que también se había utilizado en el convenio alcanzado con Chevron para explotar Vaca Muerta.
Por ello, el grupo argentino también elegirá ahora a una entidad para que valore la oferta y en caso de que no haya acuerdo se contratará a un tercer banco. Hay que tener en cuenta que la deuda de la República de Argentina en moneda extranjera a largo plazo es considerada como bono basura. Moody's fija un rating de B3, S&P lo sitúa en CCC+ y Fitch, el más bajo, en CC.
Repsol está haciendo un planteamiento de todos los escenarios posibles sobre eventuales incumplimientos del contrato. En el aspecto jurídico, la española cuenta con el asesoramiento de Uría y Menéndez para blindar jurídicamente todos los aspecto y escenarios. y con los bufetes americanos que han trabajado el frente judicial contra YPF.
Otro de los puntos que debe tener en cuenta el acuerdo definitivo es en qué legislación se articula. Una de las claves será si la emisión se realiza bajo la legislación argentina, bajo la británica o la estadounidense. En el primer caso, Argentina podría cambiar la condiciones, pesificar la deuda y tumbar las cantidades a cobrar.
Si la legislación elegida fuera la americana, Repsol debe tener en cuenta la posibilidad de que los fondos buitres embarguen el pago del interés mencionado.
Tampoco hay que perder de vista que fue el propio ministro de Economía, Axel Kicillof, quien aseguró que "sería de tarados pagar a Repsol" por la expropiación. No obstante, el tiempo y los resultados han jugado en su contra. El déficit energético no se ha revertido, sino todo lo contrario, el país cuenta cada vez con menos liquidez y la inversión internacional se paró en seco tras la nacionalización de YPF, el mayor expolio a una inversión extranjera de la historia.
En un intento de salvar los muebles de la mejor forma posible, la mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha ordenado a su pupilo Kicillof entablar una negociación. También es verdad que Repsol ha aceptado los 5.000 millones de dólares, una cantidad que la Casa Rosada estaba dispuesta a negociar y que está muy lejos de la cantidad que podría haber logrado por la vía judicial, pero sobre la que no se tenían garantías del plazo y el ingreso, al igual que ha ocurrido con las más de 40 causas que tiene el país austral en este organismo y que quiere ahora arreglar a toda prisa ante los problemas de financiación.
"Nosotros estamos esperanzados en la negociación", afirmó Kicillof. Ahora bien, también deja claro que el Gobierno argentino está conduciendo "con muchísima seriedad" la "ardua" negociación acerca de la compensación en bonos, pero también en cuanto a las acciones legales pendientes.
