La indemnización a Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF le terminará costando al Estado un total de US$ 8.000 millones, estimaron fuentes ligadas a la negociación con la petrolera española. Es por el impacto de las tasas de interés sobre los bonos que se entregarán como pago.

En una negociación entre los gobiernos de Argentina, España y México, se definió una indemnización para Repsol de US$ 5.000 millones, a pagar en bonos de la deuda. Estos serán a 10 años de plazo, con una tasa de entre 8,25 y 8,75 por ciento, coinciden fuentes ligadas a la discusión, en Madrid y Buenos Aires.

Los bonos poseerán una característica: tendrán un período de gracia de entre 2 y 4 años. Esto es, durante ese período el Gobierno no tendrá que hacer amortizaciones de capital ni pago de intereses. Pero durante ese período, además, Repsol no los podría vender.

Es por eso que la petrolera española ha insistido tanto en que quiere activos que sean “líquidos”, de rápida realización. “Es en ese punto que seguramente se concentrará Repsol en la negociación que arranca ahora”, dijo uno de los máximos ejecutivos que lideró la discusión. “Ellos buscarán que el período de gracia sea lo más corto posible, aunque también saben que si salen a liquidar bonos argentinos tendrán que aceptar un descuento muy importante sobre el capital”, agregó. El ex-subsecretario de Finanzas Miguel Kiguel estima que el valor presente de esos bonos sería de 4.000 a 4.500 millones de dólares: eso obtendrían los españoles si los vendieran hoy.

En lo que hace a la tasa de interés, para el ex gerente general del BCRA Hernán Lacunza, es un valor razonable.

“Menos no puede aspirar la Argentina”, señala. Igualmente, sigue siendo el doble de lo que pagan países como Uruguay o Bolivia.

Precisamente por la definición final de la tasa de interés y el plazo del período de gracia y la liquidez de los bonos es que Repsol decidió contratar un banco de inversión como asesor. Se tratará del Deutsche Bank. El miércoles, al aprobar el preacuerdo por la indemnización, el Consejo de Administración de Repsol había anunciado que contrataría un banco de inversión “de prestigio internacional” para dar apoyo su equipo y “una conducción profesional” al proceso. Así, el directorio de la española esperaba atender las “exigencias” de un problema tan complejo y “relevante”, así como “responder a los términos y garantías apropiados para asegurar su eficacia”.

El punto, tal como informó ayer Clarín, cayó mal en el Gobierno. El miércoles hubo una consulta por ese tema entre el ministro de Economía Axel Kicillof, y el secretario de Legal de la Presidencia, Carlos Zannini. Y Kicillof dejó trascender que el Gobierno negociaría con un banco. Ayer, el tono de las declaraciones del ministro confirmaron el malestar (ver Kicillof lo dijo).

“Eso demuestra que Kicillof no conoce mucho de grandes negocios privados ”, dijeron fuentes ligadas a la negociación. “La contratación de estos bancos que hacen “fear opinion” (algo así como asesoramiento en riesgo), es totalmente habitual, es una garantía que se toman las partes para dar mayor certeza a los contratos. De hecho, si se mira el detalle del acuerdo de YPF con Chevron se verá que la petrolera estatal también contrató una “fear opinion””, añadieron las mismas fuentes.

Los bancos extranjeros “felicitaron” al Gobierno por el preacuerdo alcanzado con la petrolera española Repsol por el pago del 51% de las acciones de YPF que fueron nacionalizadas en abril de 2012. Así lo expresó ayer Claudio Cesario, titular de la Asociación de Bancos de la Argentina. El trato, “permite comenzar a despejar el camino y encarar en forma conjunta la solución del resto de las cuestiones pendientes” Cesario consideró que si se persiste en esa senda, “el país podrá obtener, en el mediano plazo, el financiamiento necesario para encarar los importantes proyectos de inversión en infraestructura, energía, minería y en el resto de los sectores productivos que permitan generar riqueza y empleos”.

La senda a la que hizo referencia Cesario incluye los juicios en el CIADI, la deuda con el Club de París y la deuda en default. Arreglar esos temas “abre el camino al financiamiento externo” afirmó.

Cesario aprovechó el encuentro para defender la tarea que desempeña el sistema financiero, y buscó alejar conceptos muy instalados, como que los bancos no quieren prestar o lo hacen a tasas demasiado altas.

Sobre esos dos puntos, Cesario destacó: “Los depósitos del sector privado hoy alcanzan a $ 500.000 millones, mientras que los préstamos suman $ 470 mil millones, por tanto las entidades prestan toda la capacidad prestable, porque hay un saldo que debe inmovilizarse en el Banco Central”. Por tanto, enfatizó “no existe capacidad prestable ociosa”.

Luego, afirmó que las ganancias son sólo nominales. La utilidad representó 26% del patrimonio neto, y por tanto resultó negativa en 1,9% si se ajusta por el índice de precios implícitos en el PBI”.

Lejos del atril de la Casa Rosada y recostada en la hiperactividad de su jefe de Gabinete, Cristina Kirchner monitorea todos los asuntos de su gobierno desde la tranquilidad de la residencia de Olivos. En sus oficinas con relajada vista a los jardines la Presidenta mantuvo ayer dos audiencias: con el ex presidente y actual embajador del Paraguay en Argentina, Nicanor Duarte Frutos; y luego con el embajador argentino en España, Carlos Bettini. Bettini, platense, amigo de juventud y de estrecha confianza de la Presidenta, es uno de los negociadores clave del acuerdo por YPF y está muy imbuido en general sobre la situación de las empresas españolas en la Argentina.

Más temprano, Cristina llamó por teléfono al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, para agradecerle “la participación activa” que tuvo su ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en el acuerdo alcanzado con Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Soria viajó especialmente a Buenos Aires el lunes para cerrar la negociación, y se reunió con el ministro de Economía, Axel Kicillof.

Cristina Kirchner se había comunicado también el miércoles con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto agradecer y destacar el “preponderante rol” que asumió en el acuerdo el director general de Pemex, Emilio Lozoya.

Con Duarte Frutos (con quien los Kirchner tuvieron una buena relación cuando fue presidente entre 2003 y 2008) se repasaron las tratativas que lleva adelante el Mercosur con la Unión Europea. Paraguay con aval de Brasil está llevando adelante esa negociación y a fin de año el bloque regional debe presentar su oferta a la UE. Y la Argentina por sus trabas comerciales (el uruguayo José Mujica la acusó de “hacer añicos” el Mercosur) es el socio que más atrasado viene en esta agenda. Por otra parte, tras haber estado suspendido Paraguay debe reingresar formalmente al Mercosur, se supone que en la próxima cumbre de presidentes, en enero próximo. Y Cristina tiene pendiente designar nuevo embajador en Asunción.

En las imágenes que distribuyó la Casa Rosada de las audiencias pudo verse a la Presidenta de pantalón negro y una blusa de gasa blanca, confirmando la variante en su atuendo y la salida del luto que llevó por tres años.

Siguiendo las indicaciones de sus médicos la Presidenta dejó atrás el reposo luego de su operación del 8 de octubre pasado pero se impuso un ritmo muy moderado de actividades. Mientras espera un nuevo estudio el 9 de diciembre y que se le pueda dar la aprobación para volar en avión o helicóptero, a la Casa Rosada sólo concurrió una vez desde el alta médica, el último miércoles 20 para tomarle juramento a sus nuevos ministros.

Un día después de que Repsol aceptó el preacuerdo con el Gobierno para cerrar el conflicto por la expropiación de las acciones de YPF, quedó claro queempieza ahora un proceso de negociación entre las partes sobre el bono con que se cancelará la compensación que gira en torno de u$s 5.000 millones. "Este preacuerdo implica a partir de ahora , un análisis del punto de vista jurídico y otro desde el punto de vista financiero", dijo el jefe de gabinete, Jorge Capitanich.

El funcionario indicó que "el análisis jurídico es el correspondiente mecanismo contractual y por el lado financiero, la emisión del instrumento de cancelación , y en virtud de ello los plazos y las condiciones, y esto implica un proceso de negociación entre las partes". Trascendió que ya la semana próxima llegarán a Buenos Aires representantes de Repsol y probablemente también del Deustche Bank, al que la empresa española contrataría para asistencia financiera.

Sobre la intervención de un banco de inversión, prevista en el documento del Consejo de Administración de Repsol, el ministro Axel Kicillof negó que ese punto provoque "malestar" en el Gobierno. "No me importa a quién meten ellos. Si quieren someter sus propias decisiones a un tercero, es un problema de la compañía . Pueden consultar a un banco, al Fondo Monetario Internacional, o a quien quieran", señaló, y llegó a decir que los representantes de Repsol "pueden venir con sus abogados, sus banqueros o con una pitonisa". "El tema es que vengan, negocien las condiciones finales y firmen", destacó. También afirmó que "el acuerdo fue aprobado por Repsol, ahora vendrá el representante a contarnos de qué quiere hablar, pero lo que trascendió y se dijo es que está aprobado, aunque ellos ahora tienen, como nosotros, necesidad de llegar a un acuerdo que va a ser extenso". Kicillof admitió que la negociación será "ardua", y que deberá conducirse "con seriedad"."Incluye cuestiones financieras del bono, vinculadas a la compensación, y otra fundamental, que todas las acciones legales, tanto las llevadas por la parte argentina como por la parte española, se desarticulen, lo que va a implicar bastante trabajo técnico"

Asimismo valoró que "la propuesta es muy razonable para el país y la compañía y tiene la aprobación del directorio de Repsol" y que "se ha avanzado una enormidad con respecto a cómo estuvimos estos 19 meses".

Kicillof sostuvo que "era imposible no indemnizar a Repsol , lo único que dije siempre es que no se iba a pagar unas cifras que reclamaban que estaban muy lejos de la realidad". También aseguró que la intención al expropiar las acciones de YPF "no era perjudicar específicamente a Repsol" y que por eso "no se avanzó más allá del 51% para tomar el control de la compañía por parte del Estado". En cuanto a las consecuencias que tendrá el acuerdo con Repsol sobre YPF, el presidente de la empresa, Miguel Galuccio, dijo a la agencia Reuters : "Vamos a trabajar para desarrollar junto con Pemex una asociación con múltiples facetas que podría incluir algún tipo de participación en Vaca Muerta y de intercambio de conocimiento y tecnología para el desarrollo del no convencional en México".

Por su parte, un consejero de Pemex indicó que se espera que la posibilidad de un acuerdo con YPF para participar en Vaca Muerta, se discuta en la próxima asamblea de accionistas que se hará el 19 de diciembre. La fuente agregó "hay un interés de ellos, hay un interés de Pemex, pero no hay nada concreto".

Nunca lo admitirán, pero ni siquiera los colaboradores más cercanos a Miguel Galuccio acompañaron la decisión de declarar públicamente que antes de fin de año el conflicto abierto con Repsol por la expropiación de YPF estaría resuelto. La meta -advertían-, anunciada en octubre a medios españoles, colocaba la vara demasiado alta. En rigor, ese descreimiento representaba al de la gran mayoría del empresariado petrolero local, que se mostraba escéptico a la hora de vaticinar una eventual solución al diferendo.

Más cuando los mensajes enviados desde Buenos Aires y Madrid, discordantes en el tono y sobre todo en el contenido, erosionaban la confianza. Es que mientras el Gobierno argentino filtraba que el Tribunal de Tasaciones fijaría una compensación a Repsol nunca mayor a los u$s 1500 millones, muy lejos de la suma exigida por Antonio Brufau, presidente de la petrolera ibérica, desde Madrid contestaban, hasta hace apenas dos semanas, que estaban terminando de pulir los detalles de una demanda en el Ciadi contra la Argentina por alrededor de u$s 20.000 millones.

El giro paradigmático del Gobierno a partir de la vuelta de la presidenta Cristina Kirchner a funciones ejecutivas -apuntalado por la incipiente pero clara intención de reconstruir los puentes con los mercados financieros internacionales para frenar la hemorragia de reservas del BCRA- terminó, sin embargo, de darle impulso a la estrategia que el presidente de YPF venía tejiendo desde hace más de un año. 

Entretelones del acuerdo

El acuerdo aprobado el miércoles en Madrid por el Consejo de Administración de Repsol es el resultado de un proceso de negociaciones que comenzó a tomar forma a fines de 2012, cuando la presidenta cenó en Olivos con Isidro Fainé, titular de Caixabank, primer accionista de la petrolera española y uno de los retadores de Brufau en el seno del directorio de la empresa.

Tras ese primer encuentro, en el que la mandataria manifestó su intención de llegar a un armisticio negociado, la historia sumó un nuevo capítulo en mayo pasado cuando en México se reunieron, en el más estricto secreto, Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico de la Presidencia; Axel Kicillof, flamante ministro de Economía, y el propio Galuccio, con Emilio Lozoya Austin, presidente de Pemex, petrolera estatal de ese país, que posee un 9,4% de Repsol, y Enrique Peña Nieto, presidente de la nación azteca.

Durante el cónclave se acordó que Pemex oficie de nexo para acercar una primera oferta de la Casa Rosada a Brufau, que contemplaba la creación de una empresa mixta para explotar Vaca Muerta. Como esa iniciativa no prosperó, la petrolera mexicana, con el respaldo de Peña Nieto, lanzó una ofensiva mediática contra Repsol que estuvo alineada con los intereses del gobierno argentino. Lozoya Austin incluso cargó contra Brufau al cuestionar su desempeño como CEO de la compañía ibérica.

La resolución del conflicto se aceleró en las últimas semanas, al calor de los cambios en el área económica y en la Jefatura de Gabinete, donde desembarcó Jorge Capitanich. La opción de compensar a Repsol a través de bonos soberanos se impuso por decantación: frente a la aceleración de la fuga de divisas -en 2013 el BCRA perdió depósitos por u$s 15.000 millones-, sólo quedó la opción de pagar con títulos de deuda.

¿Por qué ahora y no 20 meses atrás, cuando se expropió YPF? La respuesta está ligada a la redefinición de algunos pilares de la política económica. Es que el interdicto con Repsol no sólo complica la llegada de inversiones extranjeras para revitalizar la oferta de crudo y gas, que cae de forma ininterrumpida desde 2005 y es la causa madre del déficit energético, que este año le costará al país más de u$s 13.000 millones. También se convirtió en un nudo gordiano que atenta contra el plan de captar créditos blandos en el exterior para solventar obras de infraestructura por más de u$s 15.000 millones, la estrategia delineada por el Ejecutivo para alentar el ingreso de divisas. 

Quién ganó y quién perdió

Por eso, lo más probable es que Galuccio, fortalecido por este espaldarazo, adquiera todavía más protagonismo en lo sucesivo. El ingeniero entrerriano, que en los últimos meses acentuó su injerencia en la gestión energética, aspira a cerrar nuevas asociaciones con inversores, fundamentalmente para desarrollar Vaca Muerta, la formación de la cuenca Neuquina que es sindicada como un megayacimiento no convencional de hidrocarburos.

Kicillof es el otro funcionario que apunta a capitalizar el acuerdo. El narrador de esta historia guardó para él un papel multifacético, dado que modificó su rol de manera radical en función de los objetivos de Gobierno. Durante el proceso de expropiación, lideró la durísima ofensiva retórica contra la petrolera española. Su denuncia contra Brufau por el presunto vaciamiento de la compañía y la belicosidad de sus frases -"no vamos a pagarles un peso"- todavía están latentes en el imaginario colectivo. Sin embargo, apañado por el aura positiva que rodea la noticia y empoderado por su ascenso como titular del Palacio de Hacienda, el economista cercano a La Cámpora fue erigido por la Casa Rosada como el responsable de que las negociaciones llegaran a buen puerto. Incluso declaró que a Repsol le corresponde una compensación porque así lo marca la ley, a contramano de lo que promulgaba un año y medio atrás.

Hombre fuerte de Economía con la salida de Guillermo Moreno y con ascendencia directa sobre la cartera de Energía -es titular de la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas-, lo cierto es que Kicillof ofició durante los últimos meses como controller de las tratativas con Madrid vía México, cuya letra chica definieron, en mayor medida, Galuccio y en segundo lugar, Zannini. A pesar de eso, el desenlace del conflicto encuentra al poderoso secretario Legal y Técnico sumido en su inalterable perfil bajo, aunque algunas voces cercanas a la Rosada advierten que, lejos de poder capitalizar el logro, el funcionario quedó algo relegado en la consideración de la Presidenta a manos del tándem Capitanich-Kicillof.

La etapa “post-Repsol” que comienza a transitarse parece no tener entre sus protagonistas destacados a Julio De Vido, ministro de Planificación, que mantuvo a voluntad el control de los temas energéticos hasta fines de 2011. Relegado de tradicionales usinas de poder como Cammesa, la administradora del mercado eléctrico, y de Enarsa, la empresa estatal de energía, el santacruceño y sus colaboradores, los primeros en desembarcar en las oficinas de Puerto Madero en la tarde del 16 de abril, cuando se anunció la intervención de YPF, ni siquiera participaron de la reunión del lunes en Buenos Aires con delegados españoles (de Repsol, Caixabank y del gobierno) y mexicanos.

Inversores se buscan

La captación de nuevos inversores correrá por cuenta de lo que pueda hacer Galuccio al frente de YPF. En lo que puede ser considerada como una intervención fundacional de la nueva visión del Gobierno, Cristina Kirchner advirtió en su reaparición que la petrolera bajo control estatal "se asociará con quien se tenga que asociar, porque para recuperar la soberanía energética se precisan capitales muy importantes que lamentablemente no están en la Argentina". "Y si están, quienes lo tienen, no quieren invertir", cuestionó.

Al calor de un pragmatismo extremo, la Presidenta desactivó, de ese modo, el relato montado sobre la exaltación del Estado como principal motor de las inversiones en materia energética y denunciante de las malas prácticas del capital privado en el sector. Si antes, desde la óptica oficial, las petroleras eran responsables por la falta de energía, hoy, en cambio, la atracción de inversores del exterior -el caso de Chevron es el mejor ejemplo- se transformó en un objetivo prioritario. Esa necesidad esconde una realidad implícita: el mayor poder de negociación que adquirieron las productoras de hidrocarburos para exigir -y lograr- mejores condiciones de inversión. No es casual que en los últimos dos años el precio interno del crudo se haya incrementado un 30% y el Ejecutivo haya empezado a permitir mejores valores para el gas en boca de pozo.

Con esos alicientes, en YPF esperan, a partir de ahora, que lograr eventuales acuerdos de inversión sea mucho más sencillo. Tras la expropiación, Galuccio mantuvo reuniones con sus pares de petroleras de calibre internacional como ExxonMobil, la noruega Statoil y la rusa Gazprom, en busca de forjar asociaciones para desarrollar determinados activos, en especial las formaciones shale de Neuquén, que demandan ingentes desembolsos. El frente judicial inconcluso con Repsol -así como también falencias de la macroeconomía, como el cepo, la inflación y la imposibilidad de girar utilidades al exterior- atentó contra esa meta.

Recomposición

Allegados a Galuccio señalan que ahora se inaugura una nueva etapa y que se apuntará a reflotar esas negociaciones. También suman a Pemex a la lista de posibles inversores en Vaca Muerta. Desde México, en cambio, advierten que la fragilidad de las finanzas de Petróleos Mexicanos no viabilizan una excursión exterior. La deuda de la empresa con proveedores de servicios como Schlumberger, Weatherford y Halliburton, por ejemplo, supera los u$s 1200 millones. La petrolera está impulsando, de hecho, la mayor reforma energética de México para permitir el ingreso de capitales privados al sector petrolero, a fin de explotar sus recursos hidrocarburíferos offshore y los campos de shale gas en la cuenca de Burgos. "Sería raro que, mientras reduce sus desembolsos en el país por falta de fondos, se lance de manera agresiva a aumentar su presencia en el exterior", analiza un empresario mexicano.

Resta saber, además, qué decisión tomará Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, que controla un 8,4% de YPF. En las últimas semanas, trascendió que el titular de Grupo Financiero Inbursa concretaría una oferta para comprar un porcentaje de Repsol -la difusión de la versión, que de concretarse resquebrajaría el poder de Brufau en el directorio, fue funcional a los intereses de YPF-, pero desde el holding de Slim lo negaron. Aún así, las fuentes consultadas no descartan que el dueño de la telefónica Claro aproveche la apertura mexicana para convertirse en un operador petrolero en ese país. Con todo, la Casa Rosada está en deuda con Lozoya Austin y con el gobierno de Peña Nieto, por lo que no sería extraño que Pemex ingrese como socio en algún área de Vaca Muerta.

CFK agradeció también la intervención del gobierno de Mariano Rajoy, que instruyó a su ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, para que avale la oferta argentina. La recomposición de la agenda con Madrid incluye varios temas. El más urgente, quizás, es resolver la situación de las exportaciones argentinas de biodiésel, perjudicadas por la decisión de España de endurecer los aranceles a la importación del biocombustible.

El alto de las hostilidades entre la Argentina y España es un elemento que no estaba en los planes de Brufau, al menos no para este momento. Es un hecho político en sí mismo que fuera Isidro Fainé, vice de Repsol y timonel de Caixabank, quien firmara el pacto en Buenos Aires. Enfrentado desde hace tiempo con Brufau, es probable que Fainé aspire a desplazar al catalán cuando el acuerdo sea oficial.

Las señales que transmitió ayer el gobierno argentino a España fueron inequívocas: hará lo posible por acelerar las negociaciones técnicas con Repsolpara pagar la indemnización de 5000 millones por las acciones de YPF que nacionalizó en abril de 2012.

La propia presidenta Cristina Kirchner le transmitió a su par español, Mariano Rajoy, que su voluntad es cerrar el conflicto antes de fin de año y para eso está dispuesta a discutir las "garantías" adicionales que pidió la petrolera española antes de firmar un contrato que implicaría la renuncia a las acciones legales que interpuso contra la Argentina después de la expropiación.

En un breve diálogo por teléfono, la Presidenta le agradeció además a Rajoy la "destacada labor" que tuvo su gobierno y en especial su ministro de Industria, José Manuel Soria, en las gestiones diplomáticas para abrir la puerta a un acuerdo que parecía imposible. En Madrid, valoraron el gesto. Lo consideraron un paso más para normalizar una relación bilateral que estuvo malherida durante 19 meses.

El pacto político para compensar a la petrolera española se alcanzó el lunes en Buenos Aires: la Casa Rosada aceptaba pagar 5000 millones de dólares en bonos soberanos para compensar a Repsol. Anteayer, el directorio de la petrolera valoró positivamente la oferta argentina, pero aclaró que primero se debe abrir un proceso de discusión técnica sobre los detalles de la operación.

Esas gestiones deberían empezar a más tardar la semana que viene, según calculan fuentes vinculadas a las dos partes, y no tendrían que extenderse demasiado en el tiempo. "Si hay voluntad, en dos semanas a más tardar un mes, sale", indicó una fuente del gobierno español, que, de todos modos, aclaró que ahora la decisión queda exclusivamente en manos de la empresa y de la Casa Rosada.

Ayer mismo Repsol anunció la contratación del Deutsche Bank para colaborar como asesor financiero y legal. Antonio Brufau, presidente de la petrolera, ya tiene conformado un grupo de especialistas dispuesto a empezar el diálogo con el Gobierno.

La tarea que les espera es compleja. No hay una oferta escrita, sino una voluntad explícita del gobierno kirchnerista de aceptar unas cifras y un modo de compensación que Repsol considera aceptables. Pero de ahí a llegar a un contrato resta demasiado. ¿Con qué bonos finalmente pagará?, ¿será una emisión nueva o títulos ya en circulación?, ¿bajó que legislación se hará?, ¿el monto es libre de impuestos?, ¿qué avales se añadirán ante un eventual impago? Son algunas de las incógnitas sobre la mesa.

Por el lado argentino, el ministro de Economía, Axel Kicillof, será el encargado de afinar la propuesta. En España se lo miraba todavía con desconfianza. Lo llaman "el ideólogo de la expropiación". Sin embargo, ayer fuentes de la Moncloa destacaban la "mesura" de sus declaraciones posteriores a la resolución del directorio de Repsol. Kicillof, al igual que después el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se mostraron comprensivos con el reclamo de avales y garantías que hizo la petrolera.

El cambio de Kicillof y de Cristina Kirchner no deja de sorprender en los despachos del poder español. Pero ayer existía coincidencia en que están dando todos los pasos para cumplir con el compromiso de pago.

"La Argentina es un país amigo y ésta es la principal razón por la que los dos países buscarán una solución definitiva para que el principio de acuerdo se convierta en una solución definitiva al tema", dijo ayer el ministro Soria. Durante el último mes, Soria fue el principal negociador en el conflicto. Tuvo como interlocutor al gobierno de México, que actuó como mediador y también como parte a través de su petrolera estatal Pemex, dueña del 9,3% de Repsol.

Pemex actuó como aliada de la Casa Rosada y bombardeó desde dentro a la conducción de Brufau para forzarlo a negociar una compensación menor a los 10.000 millones de dólares que reclamaba en los tribunales internacionales.

La presión de los mexicanos dejó heridas en el directorio de Repsol. En la reunión que dio por aprobada la oferta argentina, el representante de Pemex fue el único delegado que votó en contra de una declaración de apoyo a la gestión de Brufau.

Ayer, Brufau disfrutó de un gesto de respaldo de Soria, que lo acompañó en la apertura de un congreso sobre energía en la sede madrileña de Repsol. Nadie prestó demasiada atención a sus discursos: lo que valía era la foto juntos, sonrientes, con el logo de la empresa de fondo.

Por pedido de Rajoy, Soria se encargó de aclarar que las líneas básicas de la negociación política las estableció Brufau en un escrito que él se encargó de llevar a México, primero, y a la Argentina, después.

De esa manera, la Moncloa intenta aplacar la crisis interna que desató el conflicto por YPF en el accionariado de la mayor petrolera española. Brufau se sintió respaldado para seguir en el cargo y la gran incógnita es qué hará Pemex. Una de las especulaciones es que venda parte de su participación en Repsol para obtener liquidez que le permita cumplir con su intención de invertir en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta.

El gobierno de Cristina Kirchner comenzó ayer a justificar ante su propia militancia, que muestra signos de confusión y malestar, el futuro pago de 5000 millones de dólares aRepsol para indemnizarla por la expropiación de YPF y por el cambio radical de política económica dirigido a cerrar conflictos externos y acceder a financiamiento. El ministro de Economía, Axel Kicillof, explicó que "es imposible no pagar porque es ilegal".

Según pudo saber LA NACION, muchos sectores de agrupaciones radicalizadas del kirchnerismo cuestionan los anuncios recientes, como el acuerdo con Repsol para compensarla por la expropiación y las negociaciones con el Ciadi, el FMI, el Club de París y los fondos buitre, que eran tabú para el modelo kirchnerista.

"Los pibes de la liberación están preocupados. De Maduro al FMI hay un cambio amplio", dijo con ironía un funcionario que aprueba la llegada del nuevo jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que tiene luz verde de la Presidenta para avanzar en cambios y señales en favor del mercado.

La preocupación alcanza a sectores de las corrientes kirchneristas como La Cámpora, Kolina, Movimiento Evita y Unidos y Organizados. Incluso hay críticas internas hacia la figura de Capitanich, que fue menemista y duhaldista en el pasado, porque consideran que busca ser candidato presidencial en 2015 con la estructura kirchnerista.

También el dirigente piquetero Luis D'Elía transmitió su inquietud por el nuevo rumbo económico. Por ahora, la Presidenta ordenó silenciar a las huestes de militantes desde Olivos hasta comprobar los resultados del giro. "Estamos profundizando el modelo, pero el modelo de Menem", dijo a la nacion un funcionario.

"A veces periodistas inescrupulosos o con ganas de confundir a la gente [hablaron de un] acuerdo con Repsol como contradicción, pero básicamente lo que tengo para decir es que es imposible [no pagar] porque es ilegal", planteó el ministro como para bajar el nivel de crítica interna y atacar otra vez a la prensa.

"Siempre hicimos lo que dijimos y cumplimos. Terminar el proceso expropiatorio implica una compensación justa al dueño anterior", dijo Kicillof. "Se armó mucho alboroto diciendo cosas que no eran ciertas y se trabajó de acuerdo a la ley."

En rigor, Kicillof fue quien convenció a Cristina Kirchner en 2012 de estatizar YPF con el argumento de que la Argentina "no debía pagarle un centavo" a Repsol. Y de que era la petrolera española la que tenía que compensar a nuestro país por el daño ambiental. Esta postura, que hizo trascender, nunca fue desmentida.

Incluso en una exposición de dos horas ante el Congreso Kicillof aseguró: "No le vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Dicen que son 10.000 millones de dólares. ¿Y eso dónde está?". Y fue mucho más allá. "Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF."

En aquel momento la oposición sostenía que la expropiación iba a costarle miles de millones de dólares al Estado en concepto de indemnización porque ello lo indica la Constitución y de lo contrario sería una confiscación. "La ley de soberanía remite a la ley de expropiación para indemnizar o compensar al dueño anterior, que en este caso es Repsol", reconoció ayer Kicillof. No era lo que decía en otros tiempos.

En medio del alivio en el Gobierno, Cristina Kirchner se comunicó ayer telefónicamente con su par español, Mariano Rajoy, para agradecerle la "participación activa" en el acuerdo con Repsol. En un comunicado de la Casa de Gobierno, precisó que la Presidenta elogió la gestión del ministro de Industria, Energía y Turismo español, José Manuel Soria.