La minería ilegal produce alrededor de US$29.000 millones al año, por los cuales el Estado no percibe impuestos, informó hoy el Alto Comisionado de Formalización Minera de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Daniel Urresti.

“La minería ilegal es practicada por aquellos que tienen dinero. Esta práctica mueve US$29.000 millones anualmente. Esta cifra supera en un 12% al narcotráfico", manifestó Urresti en una reunión con la prensa extranjera.

De acuerdo con el Alto Comisionado, el gobierno ha planteado una nueva estrategia para erradicar esta práctica, no solo por la cantidad de dinero que evaden en impuestos, sino por el daño ecológico que ocasionan.

“En el Perú tenemos 25 regiones y 21 de ellas se ven afectadas por la minería ilegal. Nosotros no estamos pensando en cuánto ganaríamos si lográramos erradicarla, sino en lo que nos va a costar remediar todo el daño que están causando”, dijo.

Se estima que la minería ilegal, que se diferencia de la informal porque esta última maneja pequeñas cantidades de dinero y no causa gran impacto ambiental, ha depredado alrededor de 50.000 hectáreas de bosques. En el Perú, los departamentos de Madre de Dios y Puno son los más afectados por esta práctica.

En ese sentido, Urresti aseguró que ya se están implementando las nuevas normas que determinan la cuota de ingreso de combustible a las zonas afectadas, de manera que los mineros ilegales no puedan utilizar su máquinas para la extracción, la creación de un padrón de usuarios de insumos, como mercurio y cianuro, la fiscalización del ingreso de maquinarias por las carreteras, y la prohibición del transporte de oro en los vuelos comerciales.

Según datos oficiales, al menos 300.000 personas están involucradas de forma directa en la extracción ilegal en el Perú. De ese total, un 85% participa en la extracción ilegal aurífera, que al año produce 24 toneladas de oro, valoradas en US$500 millones.

“Un 30% del oro que se produce en el Perú se debe a la extracción ilegal. La única manera de erradicar este problema completamente es que el precio del oro baje y deje de ser rentable para los ilegales, sostuvo Urresti, quien reafirmó el compromiso del gobierno por luchar contra esta práctica.

La minería ilegal no solo causa graves daños ecológicos por trabajar fuera de los estándares adecuados, sino que además conlleva muchos problemas sociales, incluida la trata de personas.

De esta manera, los mineros ilegales no podrán utilizar sus máquinas. Alto comisionado dijo que esta actividad produce US$29.000 mlls. al año.

El Gobierno peruano anunció hoy que reforzará la lucha contra la extracción ilegal de oro en la Amazonía, estableciendo el pago de impuestos a los combustibles en esta zona del país y la prohibición a los mineros ilegales de transportar el metal por vía aérea.

Daniel Urresti, alto comisionado de Formalización Minera de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dijo que se modificará la ley de inmigración “para poder expulsar en 10 días a los extranjeros que se dedican a actividades ilícitas”, en lugar de los seis meses actuales.

Agregó que la minería ilegal produce alrededor de 29.000 millones de dólares al año, por los cuales el Estado no percibe impuestos.

“La minería ilegal es practicada por aquellos que tienen dinero. Esta práctica mueve 29.000 millones de dólares anualmente. Esta cifra supera en un 12 por ciento al narcotráfico”, manifestó Urresti en una reunión con la prensa extranjera.

De acuerdo con el alto comisionado, el gobierno ha planteado una nueva estrategia para erradicar esta práctica, no solo por la cantidad de dinero que evaden en impuestos, sino por el daño ecológico que ocasionan.

“En el Perú tenemos 25 regiones y 21 de ellas se ven afectadas por la minería ilegal. Nosotros no estamos pensando en cuánto ganaríamos si lográramos erradicarla, sino en lo que nos va a costar remediar todo el daño que están causando”, dijo.

CUOTA DE COMBUSTIBLE
Urresti aseguró que ya se están implementando las nuevas normas que determinan la cuota de ingreso de combustible a las zonas afectadas, de manera que los mineros ilegales no puedan utilizar su máquinas para la extracción; la creación de un padrón de usuarios de insumos, como mercurio y cianuro; la fiscalización del ingreso de maquinarias por las carreteras; y la prohibición del transporte de oro en los vuelos comerciales.

Según datos oficiales, al menos 300.000 personas están involucradas de forma directa en la extracción ilegal en el Perú. De ese total, un 85 por ciento participa en la extracción ilegal aurífera, que al año produce 24 toneladas de oro, valoradas en 500 millones de dólares.