En soledad y pese al fuerte rechazo del grueso de la oposición, el kirchnerismo logró esta madrugada darle media sanción en el Senado a la reforma del Código Civil con 39 votos a favor y uno en contra. La oposición -la UCR, el FAP y el PJ disidente- se retiró del recinto previo a la votación debido a que el oficialismo no accedió a votar cada artículo en particular. La maratónica sesión, cuyo inicio se demoró más de dos horas –arrancó pasadas las 16– por el desembarco del jefe de Gabinete Jorge Capitanich, se prolongó hasta cerca de las 4.30. Y tuvo un sorpresivo desenlace para los K, ya que el jefe del bloque Miguel Pichetto pronunció fuertes críticas al proyecto.

Más allá de que los principales reclamos del radicalismo giraron en torno a la responsabilidad del Estado, que el kirchnerismo decidió quitar del nuevo Código y derivar su regulación a una ley complementaria –tratada ayer en Diputados–, también hubo cuestionamientos por el abrupto apuro del Gobierno por aprobarlo en el Senado antes del recambio legislativo. “Se presenta un proyecto que tiende a plasmar en una ley una política de Estado y el final es el mismo de siempre: el oficialismo saca un dictamen, en la oposición se dividen las aguas y afuera la sociedad no sabe lo que pasa ”, apuntó el mendocino Ernesto Sanz, quien en su condición de miembro informante de su bloque adelantó el rechazo de la UCR a la iniciativa. Desde el oficialismo, el encargado de defender el texto fue el neuquino Marcelo Fuentes, quien destacó que la reforma “consolida los avances en materia igualitaria y de reconocimiento de derechos” y, en respuesta a las críticas por la celeridad en el tratamiento, repasó el proceso de elaboración del proyecto, que comenzó en 2011 y originalmente estuvo a cargo de una comisión redactora encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, junto a la ministra Elena Highton de Nolasco y la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci. Desde la oposición recordaron que la iniciativa estaba frenada desde abril en el Congreso y que fue reactivada por el Gobierno tras el fallo favorable de la Corte por la ley de medios.

Al rechazo del radicalismo se sumó también el FAP, que a través de Norma Morandini criticó al kirchnerismo por las concesiones en torno al inicio de la vida y otros puntos exigidos por la Iglesia, como la protección de los embriones mediante una ley especial y la eliminación de la fecundación post mortem.

En cambio, la puntana Liliana Negre de Alonso, del PJ disidente, comprometió su apoyo al proyecto luego de que el oficialismo accediera al pedido del Episcopado. Y argumentó: “Antes había una injusta discriminación en el artículo 19: no iba a ser el Código de la igualdad, porque no iban a ser iguales los concebidos dentro o fuera del seno materno”. No obstante, uno de los jefes políticos de Negre, el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, también se sumó a las críticas por lo que consideró un trámite exprés. “Se votará casi a libro cerrado, en las tinieblas. No hemos tenido ni siquiera tiempo de leer completo el dictamen del FPV”, dijo. Desde su entorno aseguraron que por ese motivo votaría en contra, al igual que Juan Carlos Romero, también del interbloque del Peronismo Federal. En cambio, allegados a la salteña Sonia Escudero aseguraban que su voto sería afirmativo.

Finalmente, tanto Negre de Alonso como Escudero se opusieron al texto. En el caso de la puntana, decidió abandonar el recinto tras escuchar la postura del porteño Daniel Filmus, quien dejó trascender que las concesiones a las que había accedido el oficialismo en el artículo 19 serían revisadas por la Cámara Baja. Mientras, la senadora salteña se fue más tarde. al cierre del debate, en solidaridad con sus compañeros del Peronismo Federal. Así, el único opositor que se quedó en la votación fue Juan Agustín Pérez Alsina, quien se opuso al proyecto.

Precisamente, los últimos cambios que introdujo el oficialismo para evitar votar en soledad el proyecto generaron una fuerte interna entre legisladores K, entre el núcleo más duro y los sectores más dialoguistas. La tensión se descomprimió luego de que el Gobierno anunciara que el proyecto será convertido en ley recién en 2014 y entrará en vigencia el 1 de enero de 2016. “Frenarlo fue una buena decisión. No se iba a ganar nada políticamente, era todo pérdida. Y convertirlo en ley de prepo era romper con el diálogo”, sostuvieron desde el kirchnerismo. De todos modos, la oposición no quedó conforme y pidió que también se postergue su tratamiento en el Senado. La respuesta K fue contundente: “Se aprueba ahora sí o sí, pero sólo para evitar que se caiga el dictamen por el recambio”, indicaron. Y dejaron la promesa de ampliar el debate en Diputados. “Seguramente habrá más cambios. Y volverá en revisión al Senado”, aventuró un importante legislador K en diálogo con Clarín.

Aunque esas modificaciones difícilmente aportarán mayor consenso, ya que la responsabilidad del Estado, el punto más cuestionado, “hoy es lo único innegociable”. En el resto de los temas, el oficialismo está abierto a negociar. En ese sentido ayer el presidente de la Cámara baja Julián Domínguez recibió a distintas organizaciones civiles que le plantearon sus inquietudes. Por lo pronto, en el texto que será girado a Diputados, tampoco figura el principio de “función social” de la propiedad privada, que si bien estaba incluido inicialmente, luego fue quitado debido a que opositores, juristas y empresarios alertaron que implicaba un avance sobre el sector privado y que pondría en riesgo la “seguridad jurídica”.

LOS SORPRESIVOS CUESTIONAMIENTOS DE PICHETTO

"No comparto este código pero voy a votarlo porque tengo obligaciones políticas". Con esta frase en el cierre del debate, el jefe del bloque K Miguel Pichetto sorprendió a todos en el Senado. Y siguió: "No estoy descalificando pero creo que, como toda obra humana, es perfectible". Enseguida criticó los retoques que hizo el oficialismo a pedido de la Iglesia, en torno al inicio de la vida. "El artículo 19 tampoco me satisface. Tengo un pensamiento laico. Las cosas que son del Estado son del Estado. Y las que son de Dios, son de Dios. Me hubiera gustado más el texto completo", que hacía referencia a que la vida comienza desde la concepción en el seno materno y que diferenciaba los casos de embarazos a través de fertilización asistida. "Quedó mal redactado, no tiene concurrencia ni coherencia con la ley de fertilización asistida que aprobamos en este Congreso", insistió.

Pese a la insistencia de la oposición, Pichetto dejó en claro que por su rol de jefe de bloque iba a avalar el proyecto. Aunque reiteró su deseo de que haya cambios: "Espero que en Diputados este debate pueda ser superado y pueda retomarse la senda de un camino que es el correcto. Espero que lo corrija la Cámara Baja".

Distintos actores sociales emitieron comunicados a propósito de la modificación del Código Civil. Y aunque provienen de raíces diversas y sus objetivos de trabajo son disímiles, todos coinciden en lo básico: que esta reforma es una gran oportunidad para actualizar la legislación sobre la vida cotidiana, pero que su importancia obliga a un debate serio y profundo. Lo que más critican es la modificación del artículo 19 que habla del comienzo de la existencia y algunos aseveran que el nuevo Código sería más retrógrado que el firmado por Vélez Sársfield hace más de cien años.

La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires emitió una declaración firmada por su presidente, Gregorio Badeni, y el secretario, Roberto Luqui: “Una reforma legislativa como la propuesta, que se proyectará sobre la vida cotidiana de las personas, no puede ser objeto de un tratamiento apresurado que, en modo al­guno, se compadece con la prudencia que debe inspirar los tiempos de elaboración y sanción de las normas de fondo por el Congreso de la Nación, para así permitir un análisis serio y exhaustivo de las modificaciones introdu­cidas y no menos de las manifestaciones que emanen de los grupos sociales de opinión pública”.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) critica el comienzo de la existencia de la persona humana desde la concepción: “Resulta alarmante que se mantenga una disposición obsoleta redactada en el siglo pasado y que incluye un término (‘concepción’) sumamente vago que carece de un significado biológico preciso.

Esta norma no recepta los avances científicos en la materia ni la jurisprudencia más reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. La ADC también cuestiona “el tratamiento preferencial que se brinda a la Iglesia Católica al mantenerla como persona jurídica pública”.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) “manifiesta su preocupación y disidencia frente a la eliminación del artículo 15, que establecía la función social de la propiedad, y a la redacción propuesta para el artículo 19”.

Por su parte, la Comunidad Homosexual Argentina considera en relación al artículo 19 que “el proyecto dictaminado se coloca por detrás de una ley de por sí conservadora como la de Vélez Sarsfield ”. A instancias de la organización “100% diversidad y derechos”, grupos de derechos humanos, diversidad sexual, mujeres, sindicatos, académicos y justicia entregaron a senadores y diputados una carta abierta: “La modificación del artículo 19 constituye un grave retroceso al punto de desconocer las leyes 26.618 de matrimonio igualitario, 26.743 de identidad de género y 26.862 de cobertura de reproducción asistida”. Solicitan que se vuelva al artículo original, del que se desprendía que el embrión no implantado no es una persona.

La Cámara de Diputados votó anoche el proyecto que limita la responsabilidad civil del Estado. Es una iniciativa que el Gobierno envió al Congreso para compensar el haber eliminado del Código Civil el tratamiento de la responsabilidad ante acción u omisión del Estado. De todas formas, como el nuevo Código aún no será ley, la votación de anoche, una vez que pase por el Senado, operará como una reforma del actual Código Civil que elimina el tratamiento de cualquier resarcimiento contra el daño que pueda producir el Estado a un particular.

Diputados arrancó cuando el kirchnerismo logró sumar 133 diputados con la ayuda del Frente Cívico de Santiago del Estero, Nuevo Encuentro, Movimiento Popular Neuquino, el Partido Justicialista de La Pampa, dos salteños, un exradical correntino, Compromiso Federal de los Rodríguez Saá y el fueguino Jorge Garramuño que comenzó a adelantar con esa acción cómo podría comportarse desde el 10 de diciembre en el Senado.

La sesión especial comenzó cerca de las 14 con dos homenajes a la diputada sanjuanina Margarita Ferrá de Bertol, quien falleció en el accidente de helicóptero en el que viajaba el gobernador José Luis Gioja, y a las víctimas de la masacre de Margarita Belén de 1976 en Chaco. 

Tras los homenajes, la kirchnerista Juliana Di Tullio logró que se convirtiera en ley el proyecto que otorga un resarcimiento a ex presos políticos con una renta vitalicia de $ 5.000 mensuales. 

Hacia las 15.30 Diana Conti arrancó con la defensa del proyecto que limita la responsabilidad civil del Estado. "Se esta protegiendo al Estado de la ambición depredadora de la industria del juicio", dijo.

Explicó que a partir de la sanción de la ley, el Estado no estará regido por las disposiciones del Código Civil y sólo cabrá responsabilidad "cuando haya un incumplimiento jurídico expreso", con un daño real.

Puso ejemplos que desataron más dudas en el recinto: "No habrá responsabilidad cuando el Estado tiene una responsabilidad genérica, como dar seguridad o en el mar, porque para eso están los bañeros".

Hubo otros, como el caso de los servicios públicos: "Como las concesionarias no son cuadros de la administración estatal, serán ellas las que deberán reparar daños".

El texto del proyecto dice sobre ese tema que el Estado "no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuyan o encomiende un cometido estatal, cuando la acción o omisión sea imputable a la función encomendada".

Uno de los primeros en responderle fue el radical Juan Pedro Tunessi: "Esta es una responsabilidad lavada, que protege más a los funcionarios que a las personas".

"El plazo de dos años de proscripción para demandar al Estado es una vil inmunidad para proteger a los funcionarios", dijo. 

Conti anunció en el recinto las dos modificaciones que se introdujeron en la redacción original del dictamen: una, extender hasta tres años en lugar de dos años como establecía el despacho el plazo de prescripción de las causas contra el Estado y sus funcionarios, y otra para incorporar al artículo nueve que se podrá acusar por culpa y no sólo por dolo al agente estatal por el daño que haya causado. 

Ahora este artículo quedará redactado de esta manera: "la actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hacen responsables de los daños que causen". 

La decisión de modificar el plazo de prescripción en el recinto dejó en claro que la intención fue desmentir a la oposición y dejar un año de la prescripción afuera del final del mandato de Cristina de Kirchner.

Elisa Carrió, que presentó con la Coalición Cívica un dictamen propio sobre reforma a la responsabilidad civil del Estado, alertó: "Va a ser declarada inconstitucional. Estamos asistiendo al quiebre del estado de derecho"."Esta ley es profundamente injusta y está hecha para el Ministerio de Planificación Federal".

En la misma línea Federico Pinedo acusó: "Los que ejercen el poder van a usar este poder para no resarcir el daño. Es imposible pensar que el Estado no va a responder por el lucro cesante; estas cosas no se pueden decir en un Estado democrático".

También Alberto Asseff, jefe de bloque de Compromiso Federal, advirtió que el proyecto "no termina con los pleitos que hay contra el Estado", y agregó que "como van las cosas esa montaña de pleitos va a crecer y si hubiera voluntad de terminar con los pleitos tendrían que empezar por erradicar las causas que generan 500 mil juicios que colapsaron el fuero previsional en todas las jurisdicciones". Además, sostuvo que la iniciativa"no tiene a priori ningún piso que resista un teste de constitucionalidad".

Hacia la noche la radical santacruceña Elsa Alvarez se quejaba: "El kirchnerismo no accedió a contemplar principios generales de la responsabilidad del Estado en el dictamen del Código Civil, lo que resulta inadmisible, y ahora presenta una iniciativa que deja a los ciudadanos indefensos, no vamos a ser cómplices de un Gobierno que busca garantizar la impunidad".