El Consejo Directivo de Repsol aprobó el preacuerdo de indemnización con Argentina pero planteó condiciones: abrió un período de negociación sobre detalles del pago en bonos soberanos, garantías jurídicas y anunció que contratara un banco de inversión para realizar valoraciones de activos.

“Por ahora, se trata de un preacuerdo en general pero faltan negociar detalles definitivos, la letra chica, y el calendario y la calidad de los bonos soberanos conque pagaría Argentina. Todavía los protagonistas no se han sacado la foto”, comentó una alta fuente a Clarín en la imponente sede de la petrolera española.

La votación por unanimidad de los 16 consejeros, después de cuatro horas de deliberaciones, da luz verde al preacuerdo al que se llegó el lunes pasado entre Argentina, España y México. Ninguno de los protagonistas ha querido concretar los términos del preacuerdo pero consistiría en una compensación por 5.000 millones de dólares (3.700 millones de euros) por la expropiación del 51% de YPF.

Los pagos se realizarían mediante la emisión, aprobada por el parlamento argentino, de bonos de deuda soberana argentina a diez años con una rentabilidad de entre 8,25% y 8,75%. Tendrían un período de gracia de entre dos y cuatro años.

Sobre las garantías que piden los españoles Argentina considera que al tratarse de bonos soberanos, es decir, respaldados por el estado, su caución es la máxima que puede ofrecer.

Cuando Repsol reciba los bonos podrá venderlos sin ninguna condición. En la negociación que se abre ahora dos cuestiones decisivas para Repsol: precisar el calendario de los títulos y su rentabilidad.

En la nota oficial de Repsol se informa que para desarrollar el preacuerdo, se ha decidido “iniciar conversaciones entre sus equipos y los del gobierno argentino a fin de buscar una solución justa, eficaz y pronta a la controversia”.

De acuerdo al documento original que entregó Antonio Brufau al ministro español Soria, que fue la base del Pacto de Buenos Aires, Repsol decidió ayer contratar “un banco de inversión de prestigio internacional” para que apoye a su equipo negociador que deberá “atender a las exigencias que plantea la complejidad de un asunto tan relevante y responder a los términos y garantías apropiados para asegurar su eficacia”.

En su extenso debate, y en cónclaves todavía más reservados, la directiva de Repsol tiene que analizar las consecuencias jurídicas y fiscales para la empresa y considerar las consecuencias de la aceptación de 3.700 millones de euros de indemnización cuando después del 17 de abril del 2012 (día de la expropiación) se reclamaron 7.000 millones de euros más el lucro cesante.

Un especialista comentó al corresponsal de Clarín que Repsol podría recibir una demanda de algún fondo que forma parte de su accionariado. “Repsol no desistirá de sus querellas contra YPF y la Argentina, como exigen los argentinos, sin asegurarse al máximo los cobros”, advirtió.

Además, señaló la fuente, se trata de bonos de Argentina, el país responsable del default más importante de deuda de la historia. “Además, US$ 5.000 millones en bonos requieren un plazo dilatado para venderse sin perjudicar su nivel de precio”, agregó.

En esa línea, analistas de Bankinter señalaron ayer que “en nuestra opinión, la solvencia exterior de Argentina se encuentra bajo cuestión después de haber impagado en 2001/2002 debido a la delicada situación, de nuevo, de su cuadro macroeconómico”.

La petrolera española Repsol tiene contabilizada a YPF por 5.436 millones de euros, por lo que al aceptar la indemnización perdería con este acuerdo 1.700 millones de euros (más de 2.300 millones de dólares).

Lea el comunicado de Repsol

Cristina Kirchner agradeció ayer a su homólogo Enrique Peña Nieto por “el preponderante rol que asumió el director general de Pemex, Emilio Lozoya, en el acuerdo entre YPF y Repsol”. Hoy haría lo mismo con el español Mariano Rajoy, informaron en la Casa Rosada. Ayer trascendió que Carlos Zannini y Axel Kicillof habrían viajado a principios de mes a México para acelerar las negociaciones.

El Gobierno confía en poder cerrar el acuerdo con Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF antes de fin de año. Pero para ser ratificado, el convenio deberá pasar el filtro del Congreso, lo que recién sería a principios de 2014. El ministro de Economía, Axel Kicillof, encabezará esa última etapa de las negociaciones y en las próximas semanas mantendrá reuniones en Argentina con los representantes españoles y mexicanos. Ayer hubo dudas entre los funcionarios por el comunicado de Repsol sobre el convenio, y rechazo oficial a negociar con un banco internacional como planteó Repsol.

“Hoy es un día muy favorable porque el directorio de Repsol por unanimidad lo aprobó (al acuerdo)”, destacó Kicillof en diálogo conradio América. El funcionario se manifestó “optimista” por las negociaciones. Pero antes de eso, en el Gobierno había habido dudas por el comunicado que envió Repsol. Apenas el grupo español lo publicó, Kicillof cruzó desde el Ministerio de Economía a la Casa Rosada para reunirse con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Si bien Repsol se asesorará con un banco internacional, en el Palacio de Hacienda aclararon que las negociaciones continuarán con los mismos interlocutore s: los funcionarios españoles y las autoridades de Pemex.

“Hubo acercamientos con otros dueños de la empresa porque (Antonio) Brufau, que es el presidente de la compañía, tampoco es el dueño”, manifestó Kicillof después de mencionar el papel clave que cumplieron Caixa y Pemex (dos de los accionistas de Repsol) en las negociaciones. “Todos expresaron que Repsol, en lugar de seguir batallando en tribunales y seguir planteando confrontación, llegara a un acuerdo con nosotros”, agregó el ministro.

Kicillof reiteró durante la entrevista que “los pormenores (del acuerdo)siguen en un paraguas de confidencialidad porque es una operación de mucha envergadura”. El argumento que esgrimen cerca del funcionario es que brindar números o detalles de los bonos que se le entregarían a la compañía podría complicar la firma del acuerdo.

Lo que sí dan por seguro en el Gobierno es que el 100% del pago se haría con títulos públicos y en un principio no habría un pago en efectivo.

El ministro continuará encabezando las negociaciones con Repsol durante las próximas semanas y en Economía confían en poder cerrar el acuerdo y ultimar las condiciones del pago antes de fin de año. Cerca de Kicillof estiman que difícilmente se logre cerrarlo antes del final de las sesiones extraordinarias y por lo tanto habría que esperar hasta comienzos de 2014 para que el Gobierno logre dar vuelta la página de la indemnización a Repsol. También aclararon que el preacuerdo no contiene plazos ni fechas previstas para que se firme.

Pasó una semana. Y el nuevo equipo de Gobierno no mostró aún todas sus cartas. Las decisiones políticas del cambio de Gabinete fueron importantes pero a nivel económico, ni Jorge Capitanich, ni Axel Kicillof ni Juan Carlos Fábrega, anunciaron una hoja de ruta sobre cómo piensan transitar el problema más agudo que hoy enfrenta la economía argentina: la caída de las reservas. Y mucho menos brindar un sendero sobre cuál será la evolución de las variables fiscal, monetaria y cambiaria. Por ahora el único papel oficial que brinda un recorrido de estos números para el año que viene sigue siendo uno solo: el Presupuesto 2014. Pero al que nadie ya presta atención.

¿Qué sucedió en esta primer semana del tándem Capitanich-Kicillof?

– El Gobierno anunció la suba de alícuota de un impuesto que grava a los autos de lujo, que luego modificó.

– Propuso un acuerdo a Repsol para compensarla por la expropiación de YPF.

– Hubo un puñado de definiciones económicas por parte de Capitanich y Kicillof. Señalaron por ejemplo que no habría medidas abruptas y que los planes se basarían en mejorar la rentabilidad de las empresas sin afectar el bolsillo de los argentinos. Que desde la Secretaría de Comercio que comandará Augusto Costa, se monitoreará los balances de las empresas para evitar que remarquen los precios y así alimente el alza inflacionaria.

También, durante esta primera semana, la conducción económica dejó trascender las siguientes definiciones: – Que el Gobierno trabaja para que los aumentos salariales del año que viene no superen el 20%.

– El ministro de Economía, Axel Kicillof, analiza la nueva metodología para medir la inflación. Así, buscará desactivar la inercia inflacionaria.

– El Gobierno avanza en un ajuste de tarifas y mantener el ritmo de devaluación como en los últimos días (1,3% semanal).

Pero nada de esto alcanzó a despejar viejos interrogantes. Mientras se perciba que el tipo de cambio es el precio más barato de la economía, y que el dólar pueda subir, no habrá ni anuncios ni trascendidos que produzcan un resultado concreto.

¿Quién venderá sus dólares si espera que el Gobierno devalúe?

Probablemente, más allá de lo que la conducción económica deja trascender a la prensa que hará en materia fiscal y monetaria, el Gobierno pondrá todas las fichas a solucionar la crisis de las reservas reabriendo el crédito externo. No alcanza con los 95.000 millones de dólares exportaciones que Capitanich trazó para 2014. Por eso el Gobierno apuesta a los beneficios del endeudamiento. Hasta el propio Kicillof, o el economista Aldo Ferrer, están a favor de tomar prestado en el exterior para explotar el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén.

El acuerdo con la española Repsol parecería ser el primer paso en destrabar el financiamiento multilateral y bilateral. Lo que vendría luego aguarda sentado en Washington.

El Gobierno argentino le ofreció a Repsol un bono Baade o cupón en dólares, por una emisión aproximada a los u$s 5.000 millones, con un interés de entre un 8,25% y un 8,7% anual (en el caso de optarse por un cupón parte de la tasa estaría sujeta al crecimiento de la economía), con un plazo de gracia para comenzar a liquidar intereses de entre dos y cuatro años y a pagarse íntegramente en el mercado de capitales de Buenos Aires. Los detalles serán negociados desde hoy entre enviados de la petrolera española y el ministro de Economía, Axel Kicillof, y sus funcionarios; y, de llegarse a un acuerdo, inmediatamente se enviará un proyecto de ley al Congreso que antes de terminar 2013 debería estar aprobado. Siguiendo este cronograma, el bono se emitiría y liquidaría a Repsol en enero de 2014 y tendría luego libre cotización, ya que se descarta que (obviamente dependiendo de su valor) sería colocado prontamente por Repsol para conseguir liquidez en dólares. 

Esto implica, en cualquiera de sus términos finales de negociación entre la administración de Cristina de Kirchner y Repsol, que será el próximo Gobierno, que asumirá en diciembre de 2015, el que deberá comenzar a pagar esta deuda fruto de la renacionalización de YPF. De todas maneras, la estrategia de la compañía que maneja Miguel Galuccio es que para 2016 la situación financiera de la petrolera argentina sea óptima y que con su propio desarrollo aporte los fondos necesarios para liquidar el pasivo. 

Si finalmente las partes aprueban lo que se negociará en las próximas horas, Repsol se comprometerá además a retirar inmediatamente todas las causas abiertas en cualquier tribunal del mundo, incluyendo el reclamo ante el CIADI por unos u$s 10.000 millones, y otras presentaciones en Bruselas (en los tribunales continentales de la Unión Europea), París y Nueva York. Tampoco habrá juicios posteriores, con lo que el conflicto quedaría definitivamernte saldado, a excepción, obviamente, que alguna de las partes no cumpla lo pactado. No es un criterio menor, todas las crónicas de ayer provenientes de medios españoles mencionaban que la Argentina es un país que defaulteó su deuda en 2001 y que aún mantiene juicios con los fondos buitre. 

La posibilidad de terminar de negociar la forma en que la Argentina pagará la deuda generada por la operación de abril de 2012, fue lo que finalmente el Consejo de Dirección de Repsol aprobó ayer por unanimidad. El encuentro sirvió además para confirmar el apoyo de la petrolera mexicana Pemex al Gobierno argentino y el abierto enfrentamiento que esta compañía (accionista en un 9,34%) mantiene con la conducción de Repsol encabezada por Antoni Brufau, al punto de dejar expresado explícitamente en un comunicado final su desacuerdo con la conducción de la empresa. 

Para ayudar a definir la operación, la petrolera española aprobó además la contratación del Deustche Bank; una entidad que es vieja conocida de la Argentina ya que fue uno de los tres bancos (los otros fueron el Barclays y el Citigroup) que intervino en el segundo llamado para reestructurar la deuda en default. 

La reunión de ayer en Madrid comenzó puntualmente a las 14 y la discusión duró hasta pasadas las 20. Hubo asistencia perfecta, salvo una excepción importante: el presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, posiblemente el artífice clave del acuerdo con YPF luego de haberse reunido desde marzo cuatro veces con Cristina de Kirchner. Fainé, de viaje por negocios en Hong Kong, delegó su voto en Brufau, precisamente quien menos quería avalar las negociaciones y proponía continuar litigando por el mundo contra el país. Estuvieron además Manuel Manrique como vicepresidente segundo y en representación de Sacyr; los consejeros Ángel Durández, Artur Carulla, Luis Carlos Croissier, Paulina Neato, Javier Echenique, Mario Fernández, María Isabel Gabarró, José Manuel Loureda, Juan María Nin, Arturo Henríquez (Pemex), Henri Philippe, René Dahan (Temasek) y Luis Suárez de Lezo. Las explicaciones, y la conveniencia del acuerdo con la Argentina, lo dieron tres altos directivos de Repsol que estuvieron en las conversaciones de Buenos Aires del lunes pasado: Nemesio Fernández- Cuesta, Luis Cañas y Miguel Klingerber.

Repsol aprobó ayer el principio de acuerdo alcanzado entre España, Argentina y México el lunes pasado acerca de la compensación por la estatización en 2012 del 51% de YPF y desde el Ministerio de Economía aseguraron que iniciarán las negociaciones de inmediato en Buenos Aires para llegar a una solución definitiva al conflicto.

A pesar de que Repsol aceptó el preacuerdo por unanimidad tras una reunión de cuatro horas en Madrid, la empresa española no puso punto final a la “controversia” y destacó que “iniciará conversaciones para llegar a una solución justa, eficaz y pronta”.

Para desarrollar esta negociación con las “exigencias que plantea la complejidad propia de un asunto tan relevante” y responder a los términos y garantías apropiados para asegurar su eficacia, el consejo de administración de Repsol acordó contratar a un banco de inversión “de prestigio internacional” para “apoyar al equipo y facilitar una conducción profesional del proceso”. Este punto podría generar un contrapunto con el gobierno argentino que no quiere a bancos de inversión como intermediarios en la negociación.

Tras darse a conocer la resolución de Repsol, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner agradeció al gobierno de México y hoy lo hará con el de España por las gestiones que permitieron alcanzar el acuerdo.

Fernández llamó por teléfono al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para expresarle su agradecimiento por “el preponderante rol que asumió el director general de Pemex, Emilio Lozoya, en el acuerdo alcanzado entre las empresas petroleras YPF y Repsol”, dijo la Presidencia argentina en un comunicado.

En tanto, el ministro de Economía, Axel Kicillof, destacó la aprobación “por unanimidad” del preacuerdo aunque se negó a dar precisiones sobre las cifras. “Los pormenores siguen en un paraguas de confidencialidad porque es una operación de mucha envergadura”. En este punto, subrayó que “la negociación tiene su complejidad, por condiciones financieras, y también porque se tiene que decidir por acciones legales y eso merece un trabajo técnico”.

Aunque en Buenos Aires no se quisieron dar números, medios españoles informaron que el preacuerdo rubricado consiste en un pago en forma de bonos soberanos a diez años por una suma en torno a u$s 5.000 millones y para recibirlos, Repsol se comprometería a dejar de lado los litigios judiciales que hoy en día lleva adelante contra la Argentina en tribunales como el Ciadi.

Los títulos en dólares que se otorgarían tendrían una rentabilidad de entre 8,25% y 8,75% y un período de gracia de entre dos y cuatro años, según el principio de acuerdo aunque estos números todavía serían sujeto de negociación. Es por ello que Repsol quiere incluir a un banco de inversión “con prestigio internacional” para negociar los detalles de la operación.

El periodo de gracia será un punto clave en las futuras negociaciones porque el Gobierno no está dispuesto sacrificar reservas en lo que queda de su mandato y de esta manera, si priman las condiciones del pre acuerdo el trago amargo queda
ría para la próxima administración.

A pesar del periodo de gracia, con el correspondiente descuento Repsol podría hacer líquidos los bonos a partir del día siguiente a la firma del acuerdo, según especificó el diario español Expansión. De esta manera, se cumpliría el pedido de la empresa española que buscaba plena disponibilidad de los fondos desde la suscripción del acuerdo. Al ser consultadas, fuentes del Ministerio de Economía no ratificaron ni negaron la información amparándose en la confidencialidad del acuerdo. 

Sin embargo, aseguraron que las negociaciones con miembros del directorio de Repsol para cerrar el acuerdo “se iniciarán de inmediato” en Buenos Aires encabezadas por el ministro y aclararon que es intención del Gobierno “cerrarlo cuanto antes y enviarlo al Congreso para su ratificación”. 

El principio de acuerdo fue rubricado el lunes pasado en una reunión en Buenos Aires en la que participaron el ministro de Economía, Axel Kicillof, el ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria, así como altos directivos del principal accionista de Repsol, la institución financiera española Caixabank, y también de Pemex.

Tras darse a conocer la aprobación del principio de acuerdo, el tercer accionista de la empresa y principal impulsor del preacuerdo, Petróleos Mexicanos (Pemex) calificó como “una buena señal” la decisión adoptada y se manifestó a favor de una pronta formalización del acuerdo para evitarle a la empresa un largo y complejo proceso de resultado incierto”.

El principio de acuerdo al que arribó ayer el Gobierno Nacional con Repsol para compensar el 51% de las acciones de YPF expropiadas a la petrolera española volvió a dividir al arco opositor entre quienes ven detrás una maniobra para encubrir el vaciamiento y los que consideran que se vuelve así a incluir a la Argentina en el mundo. En el primer grupo se anotan los dirigentes de la UCR, la diputada Elisa Carrió y su socio en UNEN, Fernando Pino Solanas. El socialismo de Hermes Binner, en tanto, se mostró prudente hasta conocer los alcances de la negociación. Mientras que el PRO y algunos dirigentes del massismo consideraron positiva la transacción que otorgaría cerca de 5.000 millones de dólares a la firma española como compensación.

Pese a que la negociación no está cerrada, Carrió y Solanas exhibieron la reacción más dura y anunciaron que se presentarán en la Justicia para impugnar cualquier acuerdo, por considerarlo “un negociado entre españoles y argentinos”. 

La diputada adelantó que ampliará su denuncia que realizó en 2006, “sobre el vaciamiento conjunto de Repsol YPF entre el ex presidente Kirchner y el de Repsol, Antonio Brufau”, y que volverá a informar de este acuerdo por las “vías internacionales correspondientes”, como ya lo hizo ante la Security Exchange Comision (SEC). 

‘Pino’ también recordó que existe una causa abierta a cargo del juez Ariel Lijo por “el vaciamiento de YPF perpetrado por Repsol y la responsabilidad de Néstor Kirchner en la adquisición del 25% de las acciones por parte de Eskenazi”. “Es una estafa y un acuerdo antinacional. Repsol ya se llevó 4.500 millones de dólares indebidos”, insistió Solanas.

La UCR también habló de vaciamiento y pidió que el Gobierno informe en el Congreso los alcances del eventual acuerdo.

Aunque reconoce que el acuerdo no necesita ser ratificado en el ámbito parlamentario. 
“Al final, vamos a terminar encubriendo el vaciamiento de Repsol en YPF al igual que pasó con Marsans y Aerolíneas”, se lamentaba ayer el senador Gerardo Morales.

Por su parte, la Convención Nacional de la UCR emitió un comunicado en el que reclama al Gobierno “el cumplimiento estricto de la ley y el abandono de acciones políticas destinadas a proteger intereses patrimonialistas”. En síntesis, no están de acuerdo en que la tasación la haga el Gobierno. “El acuerdo Repsol- YPF debe ser llevado al Congreso para su conocimiento y debe cumplirse la ley en lo que respecta a la tasación. No debe quedar duda que el precio es justo. No deben quedar dudas sobre lo correcto de su monto”, señaló la titular de órgano radical, Lillia Puig. 

Quién también rechazó de plano la propuesta fue el diputado de Unidad Popular Claudio Lozano. “El ominoso acuerdo indemnizatorio reconocido a Repsol constituye un paso más en la pérdida de la soberanía energética”. “El Gobierno ha inmolado el discurso de la soberanía energética en el marco de una ‘asociación boba‘ de la petrolera estatal con las trasnacionales, dándole continuidad concreta al camino ya reflejado en el Acuerdo Chevrón”, disparó en un comunicado.

En cambio, el Socialismo se mostró más cauto aunque en sintonía con la UCR pidió que el Gobierno informe ante el Congreso y la sociedad los alcances del acuerdo. Binner consideró que el acuerdo podría evitarle mayores problemas a la Argentina, porque se necesitan inversiones. Aunque insistió con obtener mayor información.

Otra de las opiniones favorables se escucharon de boca del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, cuya fuerza se opuso a la nacionalización de YPF. “El déficit energético creció y esto nos aisló aun más del mundo. Empezar por resolver este tema es algo positivo”, afirmó en declaraciones radiales.
También el gremialista petrolero Alberto Roberti, actual diputado del Frente Renovador, consideró que alcanzar un acuerdo con España favorecería mayores inversiones para YPF, que necesita asociarse con empresas internacionales.

Después del acuerdo viene la negociación del acuerdo. Por unanimidad, el directorio de Repsol anunció anoche que "valora positivamente" la oferta argentina para compensarla por la nacionalización de sus acciones en YPF, pero exigió más garantías antes de firmar la paz definitiva.

Al término de una tensa reunión, que duró cuatro horas, la petrolera española informó su decisión de iniciar en un breve plazo conversaciones entre sus equipos y los del gobierno argentino, "a fin de buscar una solución justa , eficaz y pronta a la controversia". Puso especial énfasis en reclamar que el proceso responda "a los términos y garantías apropiados para asegurar su eficacia".

La comunicación oficial de la empresa -remitida anoche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)- elude dar precisiones sobre el contenido de la propuesta argentina, pero fuentes cercanas al directorio ratificaron que el gobierno kirchnerista acepta pagar unos 5000 millones de dólares en bonos del Tesoro (serían a 10 años, con un interés cercano al 8%).

La principal inquietud de la empresa se relaciona con los avales de esa deuda. "La oferta que llegó a la mesa es muy general, apenas un par de páginas -dijo una fuente al tanto de las discusiones-. Queda mucha letra chica por discutir antes de llegar al contrato definitivo."

Por eso se decidió mantener la política de "confidencialidad" en la que se escudó anteayer el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, para no blanquear cuánto se dispone a pagar el Gobierno por la polémica expropiación dispuesta en abril de 2012.

Economía admitió que Repsol aceptó negociar en los términos planteados, pero dijo que no está cerrado totalmente el acuerdo porque faltan detalles del pago y las garantías.

Repsol anunció que contratará a un banco de inversión "de prestigio internacional" (sería el Deutsche Bank) para que colabore en las discusiones con la Argentina.

El pacto (Repsol lo llama todo el tiempo "preacuerdo") había sido firmado el lunes en Buenos Aires por autoridades de los gobiernos de la Argentina, España y México, cuya petrolera estatal Pemex es accionista de Repsol y propicia una solución para allanar su entrada al negocio del yacimiento de Vaca Muerta.

Los directores de la multinacional española no tenían margen para rechazar el trato político trilateral, pero tampoco aceptaban firmar a libro cerrado una conciliación que los obliga a renunciar a los juicios internacionales que interpuso ante la Argentina por la decisión de expropiar sin nada a cambio el 51% de sus acciones en la petrolera.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, propuso de entrada aprobar la vía de arreglo abierta, a pesar de que había sido excluido de las gestiones por presión del gobierno kirchnerista y de Pemex, que en el punto más tenso de la disputa llegó a amenazar con dar un golpe interno en el accionariado de la compañía.

El tercer punto del comunicado emitido al final de la reunión de directorio resalta el "pleno apoyo" a la estrategia de Brufau en el conflicto. Incluso menciona "los resultados positivos" y "la rentabilidad de la acción", en evidente referencia a las críticas contra Brufau que había lanzado el número 1 de Pemex, Emilio Lozoya.

El representante de la petrolera mexicana se expresó en contra en ese punto, posición que la compañía especificó en un comunicado posterior al decir que "en relación con la ratificación de la gestión de la actual administración de Repsol, Pemex ha votado en contra porque considera que no ha ofrecido los resultados deseables para la compañía y sus accionistas".

En cambio, La Caixa (dueño del 12%) apoyó esa sentencia. De hecho, Isidro Fainé -presidente del grupo financiero- faltó a la asamblea y delegó su voto en Brufau, como una forma de minimizar las versiones de un enfrentamiento entre ellos.

También un negociador clave del pacto como el ministro de Industria español, José Manuel Soria, arropó al debilitado Brufau: confirmó que había acordado con él las condiciones que discutió en Buenos Aires con las autoridades argentinas y hoy encabezará un acto público en la sede madrileña de Repsol.

DISCUSIÓN FINAL

El proceso que se abre ahora se vislumbra delicado. La Casa Rosada argumenta que cedió al reclamo de Repsol de pagar la indemnización con "activos líquidos" y descartó su plan original de saldar el conflicto con participaciones en Vaca Muerta (cuya valoración quedaba sujeta a polémica). Considera que los bonos de deuda no requieren una garantía adicional, porque son instrumentos soberanos.

En la empresa esperan un aval mayor. No se informó bajo qué jurisdicción se emitiría esa deuda nueva y si estará abierta o no a otros acreedores. Es un dato fundamental para determinar qué descuento podrían tener esos títulos si Repsol decidiera venderlos rápidamente. El preacuerdo contemplaría bonos en dólares con una rentabilidad alta, cercana al 8%, y un período de gracia de entre dos y cuatro años, según trascendió anoche.

Antes de la reunión de directorio, analistas de Bankinter difundieron un informe en el que consideraban "lógico" reclamar garantías adicionales a los bonos argentinos y destacó que en muchos casos se negocian hoy en los mercados con descuentos superiores al 20%.

Repsol delegará la discusión de los detalles en los tres ejecutivos que viajaron el lunes a Buenos Aires: el director general de Exploración y Producción, Luis Cabra; el director general de Operaciones, Nemesio Fernández Cuesta, y el vicesecretario general y coordinador de Actuaciones, Miguel Klingenberg. También participarán técnicos de Pemex y de YPF.

Pemex señaló ayer que "ve como una buena señal la voluntad expresada esta tarde por el Consejo de Administración de la petrolera española de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto" por YPF.

En declaraciones radiales, Kicillof se mostró confiado en lograr un acuerdo definitivo con Repsol. "Estamos muy confiados", expresó, y después agregó: "Es un día muy bueno". En tanto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se comunicó con su par mexicano, Enrique Peña Nieto, por la gestión realizada para poder concretar el acuerdo.

Anoche mismo empezaron los contactos diplomáticos para abrir la negociación que determinará si el pacto que celebraron tres gobiernos se convierte o no en el cierre de un conflicto comercial y diplomático que empezó hace 19 meses..

El gobierno argentino y Repsol alcanzarán antes de que finalice 2013 un acuerdo definitivo para concluir el proceso de expropiación del 51 por ciento del paquete accionario de YPF. El Consejo de Administración de la petrolera española habilitó ayer por unanimidad a terminar de negociar las condiciones de la compensación que propuso el país. En los próximos días llegarán a Buenos Aires directivos de Repsol que se reunirán con el ministro de Economía, Axel Kicillof, para saldar definitivamente la disputa legal y económica entre las partes. Una vez que se cierre el acuerdo, el Congreso deberá ratificarlo y la petrolera tendrá que levantar su demanda en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial.

Los detalles de la oferta siguen siendo confidenciales, pero trascendió que el pago se realizaría con un título público en dólares a diez años. La especulación es que se tratará de un monto equivalente a 5000 millones de dólares a valor de mercado, aunque no se descarta una cifra mayor. Repsol no se quedará con esos bonos, sino que pretende venderlos a bancos y/o fondos de inversión para hacerse de los fondos frescos. Durante las reuniones que tendrán lugar con el equipo económico durante las próximas semanas, los españoles buscarán lograr mejoras en las condiciones de plazos y rendimientos.

“El Consejo de Administración ha analizado y valora positivamente el principio de acuerdo anunciado por el gobierno argentino acerca de la compensación por la expropiación del 51 por ciento de la participación accionaria de Repsol en YPF. Con el objeto de desarrollar este principio de acuerdo, Repsol ha decidido iniciar en breve conversaciones entre sus equipos y los del gobierno argentino, a fin de buscar una solución justa, eficaz y pronta a la controversia”, afirma el comunicado enviado ayer a la Bolsa de Madrid por Repsol. De esa forma, la empresa accedió a sentarse a negociar los pormenores de la propuesta con el Gobierno, una posición que políticamente les permite concluir la disputa como protagonistas. “Es un día muy bueno. Estamos muy confiados. La negociación tiene su complejidad, por condiciones financieras, y también porque se tiene que decidir por acciones legales y eso requiere trabajo técnico”, explicó Kicillof anoche en declaraciones radiales.

No hay plazos, pero el objetivo del Gobierno es alcanzar una resolución “lo más rápido posible” para enviarla al Congreso y lograr el cierre de la expropiación. La visión es compartida con Petroleos Mexicanos –Pemex– y las autoridades mexicanas que jugaron un rol determinante para acercar posiciones y solucionar el conflicto que también los afectaba como propietarios del 9,3 por ciento de Repsol. “Pemex, accionista fundador y socio estratégico e industrial de Repsol, ve como una buena señal la voluntad expresada esta tarde por el Consejo de Administración de la petrolera española de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto relativo a YPF”, afirma el comunicado de la petrolera mexicana. “Pemex confía en una actuación responsable de la actual administración de Repsol para formalizar a la brevedad dicho acuerdo, lo que redundaría en beneficio de la compañía y de todos sus accionistas, evitando a la empresa un largo y complejo proceso de resultado incierto”, concluye el contundente comunicado.

“El proceso deberá atender a las exigencias que plantea la complejidad propia de un asunto tan relevante y responder a los términos y garantías apropiados para asegurar su eficacia”, explicó Repsol. Por eso, la firma indicó que contratará “un banco de inversión de prestigio internacional para apoyar al equipo de Repsol y facilitar una conducción profesional del proceso”. Medios españoles especulaban que se trataría del Deutsche Bank. Argentina no aceptará la participación de ningún intermediario en la negociación del acuerdo, aunque en el equipo económico reconocen que Repsol podría incorporar alguna institución como asesora externa para la operación financiera.

La decisión no sólo permitió sellar la disputa con Argentina, sino aplacar las internas en la compañía. El presidente de La Caixa y CaixaBank, Isidro Fainé, que participó de la reunión del lunes en el edificio de YPF en Puerto Madero, delegó su voto en el titular de la petrolera, Antonio Brufau, con quien mantiene una relación tirante. Con el acuerdo encaminado, la conducción de Repsol buscó fortalecer la figura de Brufau, que la semana pasada había sido criticado con dureza en el Congreso mexicano por el director general de Pemex, Emilio Lozoya. Por eso, además de autorizar el pago de dividendos, los directivos acordaron manifestar “el pleno apoyo a la estrategia de la compañía y a la gestión que viene desarrollando el equipo de dirección, conforme a las mejores prácticas de gobierno corporativo”.