Hace apenas un año, la minería argentina se desarrollaba en un escenario en el que estábamos convencidos, que más temprano que tarde, el sector minero metalífero comenzaría a convertirse en uno de los principales complejos industriales del país. No era para menos. A las 15 operaciones con que contamos en el país, se anunciaban la pronta puesta en marcha de Potasio Río Colorado en Mendoza, Pascua-Lama y Pachón en San Juan, Agua Rica en Catamarca, Taca Taca en Salta, Cerro Negro y Cerro Moro en Santa Cruz.

También abrigábamos la esperanza de acabar con prohibiciones absurdas, que achican el país en siete provincias argentinas. Las limitaciones para ejercer la actividad minera metalífera en Chubut, Mendoza, Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego, La Pampa y Tucumán nos siguen desafiando, para que como lo lograra Río Negro, se sumen a un país en el que una correcta política respecto al aprovechamiento sustentable de los recursos minerales, sea fuente de verdadera Justicia Social.

De lograrlo debíamos sumar a los proyectos enunciados, Navidad en Chubut y San Jorge en Mendoza, desarrollos que pueden revertir definitivamente una historia de indiferencias para con esa otra Pampa Húmeda que poseemos los argentinos, la de los minerales metalíferos.

Sólo mencionar el que si fuéramos capaces de generar las condiciones para aprovechar esta riqueza dada, muchos de nuestros problemas como país, como el energético para poner un ejemplo, se relativizarían frente al fuerte aumento del saldo exportador, que producirían los commodities metálicos.
La ley 24.196 de inversiones mineras nos brindó una oportunidad. Tomándose de ella, el mundo inversor la valoró. La invariabilidad tributaria fue el eje de una fuerte apuesta a la seguridad jurídica sin la cual la mayoría de las actuales operaciones seguirían formando parte de nuestra potencialidad.

Luces amarillas se han encendido frente al peligro de que este principio constitucional se convierta en un enunciado sin valor. Provincias que ante dificultades de administración, eligen confrontar con empresas operadoras en búsqueda de mayores ingresos, no resulta un dato menor. Eluden un diálogo maduro, entender que la argentina registra la carga tributaria más alta del continente y que el precio de los metales tuvo un fuerte retroceso a la inversa de los costos de producción. Frente a una discusión esperable como la que sería respecto a la forma en que se distribuyen los ingresos por tributación que produce la actividad minera, en lugar de iniciar el diálogo entre provincia - nación en búsqueda de acuerdos definitivos al respecto, se decide confrontar provincia – empresas, poniendo en riesgo no sólo inversiones comprometidas, sino también la duración de las actuales operaciones, que pueden precipitar cierres, adelantar partidas, por pérdida de rentabilidad. Santa Cruz es el ejemplo de lo que acabamos de afirmar.

Luces amarillas se encendieron también tras la decisión de la brasileña Vale, cuando luego del festejado comienzo de operaciones en el sur mendocino realizado en el salón blanco de la Casa Rosada junto a la presidenta de la nación, estando en plena construcción de la mina y luego de invertir más de 2 mil millones de dólares, nos anunciara la suspensión de actividades. Seis mil argentinos perdieron sus empleos, cientos de proveedores colapsaron, ingresos por impuestos que desaparecieron tras el paro, infraestructuras comunicacionales que no se construyeron; nos demuestra no sólo la importancia que tiene la industria minera para el país, sino además, que en materia de generación de riquezas, con ninguna otra actividad en la zona en que se encuentran los yacimientos se la puede reemplazar.

El desdoblamiento cambiario y las dificultades de remesar libremente divisas al exterior, alejan a la argentina de las condiciones que en el mundo se tienen en cuenta antes de decidir una inversión.

El desdoblamiento produce el efecto de necesitarse casi el doble de capital en nuestro país, que en cualquier otro país del mundo para construir una mina; ¿por qué nos elegirían a nosotros si no somos los únicos en poseer los minerales que se demandan?. A esta dificultad se le suma las dificultades para girar divisas. Y cuantas son las que un inversor pretende?, son tantas que no nos dejan nada? Para hacerlo gráfico, por cada onza que se exporta, es decir por cada 32 gramos de oro vendidos al exterior, 16 gramos quedan en el país para pagar los costos de la operación: salarios, insumos, proveedores, servicios; otros 8 o 9 gramos también quedan aquí e ingresan a las arcas nacionales provinciales y municipales en concepto de impuestos, tasas y regalías; y son los 7 u 8 gramos restantes de aquellos 32, los que reclama el inversor y que se impide disponer.

Los integrantes de la Red de Académicos creemos firmemente que la minería tiene mucho para darle al país. Que el reciente cambio de gabinete producido en el gobierno nacional es una esperanza para superar las dificultades señaladas y retomar un camino virtuoso en el que el estado, los argentinos, las empresas, las universidades y los profesionales del sector, si somos inteligentes, tenemos mucho por ganar.

Los miembros de la Red de Académicos por el Desarrollo Sustentable, vinculados a la temática de los recursos naturales y comprometidos en la producción de conocimiento científico sobre las actividades mineras y su impacto económico, social y ambiental, se reunieron ayer en el Hotel Amerian de la Ciudad de Buenos Aires. Allí debatieron acerca de la compleja situación que enfrenta el sector minero a nivel global y local y se comprometieron a colaborar para fortalecer el rol de la minería en el desarrollo de nuestro país. 

En este sentido, expresaron su “profunda preocupación ante el claro retroceso de la actividad minera argentina evidenciado por la desinversión en exploración y construcción, el retiro de numerosas empresas y la consecuente pérdida de 20.000 puestos de trabajo en el último año”.

Asimismo la Red de Académicos manifestó que el retroceso del sector minero “se debe a causas externas como la caída de los precios de los metales y el aumento de los costos en dólares, el escenario interno conflictivo asociado con la paridad cambiaria, el marco inflacionario y la dificultad para el flujo de divisas, entre otros". 

“Consideramos que esta situación de crisis debe llevar a una revisión de las políticas sobre la actividad para moderar el impacto del escenario actual que permita recuperar y atraer nuevas inversiones”, agregó el comunicado realizado por la Red de Académicos, que coordina el ingeniero Hugo Nielson.

Participaron de la jornada académicos de diferentes provincias, representantes de las Universidades de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, Patagonia San Juan Bosco, San Luis, Tucumán y el Colegio Argentino de Ingenieros en Minas (CADIM). 

El Comité Ejecutivo de la Red de Académicos está integrado por: Ing. Hugo Nielson, Dr. Ricardo Alonso, Ing. Marcelo Bellini, Ing. Mario Capello, Dr. Aldo Bonalumi y el Dr. Roberto Lencina.