El proyecto de compre local que elaboró el Ejecutivo para las mineras será convertido en ley hoy por los diputados, aunque con algunos cambios respecto a la redacción original. Uno de ellos exceptúa a las empresas del sector a contratar a un proveedor sanjuanino cuando su oferta económica esté un más de un 10% por encima de una firma foránea. Así, si bien tendrán prioridad, el oficialismo busca ponerle un tope a los precios de los prestadores provinciales para evitar excesos y no espantar inversiones.

La iniciativa fue elaborada por el Ejecutivo como una forma de darles prioridad a los obreros y proveedores sanjuaninos en el negocio de la minería, sobre todo para compensar las bajas que se vienen produciendo por el freno de Pascua- Lama. En término generales, fija que las grandes compañías estarán obligadas a que el 75% del monto anual de su facturación en obras, bienes e insumos lo contraten con proveedores locales inscriptos en un registro especial (RUPEM) y que el 75% de sus trabajadores deberán tener domicilio real en San Juan.

El tema se viene trabajando hace meses por pedido del gobernador José Luis Gioja y la semana pasada ingresó a Diputados, para que sea debatido en comisión. Fue en ese seno que surgieron algunas modificaciones al texto inicial. Una de las más importantes es la que busca ponerle un límite a lo que cobren los proveedores mineros. Según dijo ayer el presidente del bloque justicialista, Pablo García Nieto, “lo hacemos para que la ley no se preste a abusos y para no desalentar la llegada de inversiones”.

Así las cosas, a igual cotización, la prioridad la tendrá el proveedor sanjuanino. Inclusive, cuando el precio por un insumo o un servicio sea de hasta un 10 por ciento más. Pero si la diferencia excede ese límite, la compañía minera quedará exceptuada de la obligación que impone la ley y podrá contratar con quién desee y considere que le conviene. De todas maneras, la operación no se computará dentro del 75 por ciento exigido y en el resto de su facturación deberá cumplir con esa meta mínima.

Antes de la modificación, desde las grandes empresas del sector habían salido a cuestionar la ley. Uno de los motivos que expusieron era que justamente se iba a prestar para que existieran sobrecostos en lo que pagan por servicios o insumos. Además, señalaron que hay equipamientos y bienes que no se producen en San Juan y que sí o sí deben contratara afuera de la provincia.

Para este último punto, hay una excepción. Si el objeto de la contratación no existe en San Juan, las compañías lo pueden obtener en otra provincia o país.

Entre los otros agregados que se hicieron en comisión, se establece que para que un trabajador sea considerado sanjuanino, debe acreditar como mínimo un año de residencia aquí. Y se define que las sociedades se contarán como locales cuando tengan, al menos, un 50% de accionistas inscriptos y asentados en San Juan. Mientras que para las UTE (Unión Transitoria de Empresas) regirá el mismo criterio.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Minería. No sólo se encargará de controlar los porcentajes de contratación, sino que también tendrá a su cargo el burocrático trabajo de verificar las cotizaciones de los proveedores cuando una minera opte por uno de afuera.

Además del impulso de la gestión giojista, la iniciativa cuenta con el apoyo K. Cuando estuvo en la provincia, la ministra Débora Giorgi defendió la ley, desestimó que quitará competitividad y lanzó: “Debatamos con los números para quienes no quieren el compre local’’.

En numeros

3: Son los grandes yacimientos que hay en explotación.

500: Prestadores mineros hay aproximadamente en San Juan.

Sesión maratónica

Hoy se hará la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del año y, por ahora, no está prevista ni una prórroga ni una sesión extraordinaria. Los legisladores apuestan a sacar todos los proyectos que mandó el Ejecutivo en los últimos meses y despachos de comisión que estaban pendientes. En total, debatirán 12 proyectos de ley.

Además del compre local, entre las iniciativas más importantes están el Presupuesto 2014, la Ley Impositiva Anual, la modificación al Código Tributario, la prórroga del régimen de emergencia económica y financiera hasta fines de 2015, el cierre de los prostíbulos para prevenir la trata de personas, una reforma a la Ley Anticolas y la aprobación del contrato que firmó el Ejecutivo para que se instale en la provincia una fábrica de paneles solares. Además, se podrá a consideración la creación del Consejo para la Planificación Estratégica de la provincia de San Juan (Copesj), que busca diseñar políticas para el San Juan del año 2023.

En la antesala al tratamiento del proyecto de ley de “Compre minero local” en la Legislatura, el diputado Pablo García Nieto adelantó que la iniciativa sufrió modificaciones antes de ser tratado sobre tablas. La reforma contempla que haya igualdad de condiciones entre los proveedores que se presenten a licitaciones para los nuevos emprendimientos mineros que se instalen en San Juan.

“Hubo modificaciones durante su estudio en Comisión y es que al 75% impuesto de contratación de proveedores y mano de obra locales, se le suma que las ofertas los emprendedores mineros sanjuaninos que sean contratados o se presenten a licitaciones no pueden exceder el 10% de la oferta que realice un proveedor foráneo”, expresó García Nieto.

El diputado destacó que los cambios introducidos tienen el objetivo de equiparar la competitividad entre los proveedores para que los locales no puedan superar este porcentaje y que la provincia continúe atrayendo a proveedores nacionales e internacionales. Por otro lado, señaló que los foráneos que vengan a instalarse en San Juan deben tener como mínimo obligatorio un año de residencia en suelo sanjuanino. “Lo que pretendemos es fortalecer la actividad y defender los puestos de trabajo locales”, dijo García Nieto.

Mañana, está previsto que Diputados traten sobre tablas la creación de un Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras (RUPEM); cuya intención final es obligar a las compañías mineras a contratar en proveedores y mano de obra local el 75% de lo que facturen en el año en obras, insumos y bienes. También aumentarán un 50% los impuestos a las compañías que trabajen en minería pero que no estén asentadas en la provincia.

Los legisladores trabajaron en comisión el proyecto de ley que fomenta el compre sanjuanino. Los sectores incluídos en la minería asistieron a la Cámara de Diputados y expresaron que la normativa que pretende legislar sobre el tema debía incluir algunos ítems.

Por esto los legisladores incluyeron las modificaciones y las tratarán en la sesión de mañana jueves, la última del periodo ordinario. El jefe de la bancada Justicialista explicó que se incluyeron cambios en lo relacionado a la figura jurídica, y la composición de las UTEs. Estás deberán estar conformadas el 50% por empresas sanjuaninas, el 75% que contraten debe ser proveedores locales y el 80% de los trabajadores debe ser de San Juan. Asimismo se incluyó que las empresas deberán tener un año de residencia en la provincia.

Para lograr un equilibrio también especificaron que en licitaciones u ofertas en general los precios no podrán exceder el 10% de lo que planteé un proveedor que no sea sanjuanino.

Mendoza en contra

Los empresarios de la vecina provincia ya expresaron su disconformidad con la ley que pretende sancionar San Juan advirtieron que la aprobación de la ley perjudicaría a la actividad económica de ambas provincias.

Es que aseguran que si el gobierno local lo aprueba, todas las empresas que cuenten con domicilio legal y fiscal en San Juan, y tengan al menos un 80% de mano de obra sanjuanina, deberán inscribirse.

Una vez constituido el listado, el gobierno exigirá a las empresas mineras que el 75% de sus obras, insumos y servicios, se realicen con empresas registradas en Rupem.

Las compañías que no cumplan con la normativa, tendrán que abonar multas que irán de los 100 mil al millón de pesos. Además, se incrementarán en 50% los Ingresos Brutos y los sellos a las empresas proveedoras radicadas en otras provincias.

La noticia no es buena para los empresarios mendocinos que viven de la actividad minera que se desarrolla en San Juan y a su vez los pone en jaque porque no hace mucho ellos pedían que se instrumentara el "Compre Mendocino" cuando Vale todavía despertaba esperanzas.

San Juan - La Legislatura sanjuanina intentará sancionar hoy un proyecto que establece el Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras (RUPEM), que impone cláusulas para mantener en pie la mano de obra local y la provisión de materiales e insumos dentro del mismo distrito, tras los anuncios del gigante canadiense Barrick Gold de desacelerar el proyecto binacional Pascua Lama.

La iniciativa obligará a las empresas mineras a que el 75% del monto total anual de sus facturaciones en obras, bienes e insumos lo contraten con proveedores locales inscriptos en el RUPEN, según indicaron dos fuentes de primer nivel del Ejecutivo provincial a Ámbito Nacional. El otro punto para destacar que contiene el texto es que el 75% de los trabajadores contratados deberá tener domicilio real en San Juan.

El proyecto contiene, además, en otro artículo, que la gestión provincial podrá aumentar hasta en un 50% los impuestos sobre Ingresos Brutos y Sellos a los proveedores mineros que no tengan domicilio legal y fiscal en la provincia, en complemento con los puntos anteriores.