El Consejo de Administración de la petrolera Repsol, aprobaría hoy a las 18 el acuerdo al que llegaron en Buenos Aires, los gobiernos de Argentina, España y México. Todas las versiones ratificaron ayer a lo largo del día que existe en las autoridades del grupo español una “predisposición positiva” para dar su respaldo al consenso al que se llegó en Buenos Aires.

No hay novedades sobre el monto de la indemnización, no menos de 5.000 millones de dólares (3.700 millones de euros), que recibiría Repsol por el 51% de las acciones de YPF que le fueron expropiadas en 2012. Los españoles exigieron ante tribunales internacionales US$ 10.500 millones de compensación. Reclaman que estos cinco mil millones se les abone en “activos líquidos”, sin ninguna condición para su total disponibilidad por Repsol y netos de impuestos.

Esta parte del pacto, la calidad del dinero y activos que recibirá Repsol, es considerada de absoluta prioridad por los españoles lo mismo que “garantías totales” de que las condiciones se van a cumplir.

Las fuentes no dejan dudas de la falta de confianza que despierta en la parte española por las anteriores actitudes de los argentinos que los han dejado escaldados.

Cuando hace 19 meses se produjo la expropiación el canciller español, José Manuel García-Margallo, afirmó que “esto supone el corte o por lo menos la desconfianza de unas relaciones fraternales”. España anunció represalias en el plano “diplomático, comercial, industrial y energético” Los “activos líquidos” (bonos, bienes o efectivo) deben estar totalmente disponibles y en “plena propiedad” sin ningún tipo de trabas para su venta a terceros. “Esto es imprescindible o no hay acuerdo”, dijo una fuente aClarín.

Los medios coinciden en dar una versión del proceso que culminó con el pacto de Buenos Aires indicando que Antonio Brufau, presidente de Repsol, después de un largo tira y afloja, le entregó un documento al ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, quien después de informar a su gobierno se lo planteó a su colega mexicano Pedro Joaquín Coldwell en una reunión que tuvo lugar el 15 de noviembre pasado.

Las tratativas se realizaron ante el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, a quien los españoles consideran el principal impulsor de la expropiación.

Pemex, que es uno de los principales accionistas de Repsol (9,34%) participó en todo este proceso a través de su director general Emilio Lozoya, gran protagonista de una vocinglera ofensiva contra el titular del grupo español, Antonio Brufau.

Estos personajes participaron en una cabalgata de reuniones y viajes secretos a los que se sumó el principal socio de Repsol, Isidro Fainé (Caixabank). Fue muy significativo que además de Kicillov, estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Capitanich, y el poderoso Secretario Técnico de la Presidencia, Zanini.

Los mexicanos no ocultaron en Madrid que se sienten los grandes ganadores de todo este proceso. Ahora podrán participar con fuertes inversiones en la explotación de los ricos yacimientos de petróleo y gas “shale” de Vaca Muerta.

El pacto tuvo ayer una buena recepción en los medios, el Gobierno, los partidos políticos y los comentaristas.

La mejor bienvenida la proporcionó la Bolsa, donde Repsol aumentó un 4,28% en la rueda mientras que el otro accionista de referencia, Sacyr, crecía hasta el 5,95% por título.

Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, controló estrechamente todo este proceso y ayer impartió su bendición por intermedio de su ministro de Economía, Luis de Guindos. “Todo lo que suponga cerrar incertidumbres que seguían abiertas es bueno para los dos ”, comentó con parquedad.

“Se logró tras nueve meses de conversaciones y charlas informales entre distintos sectores”, dijo ayer el ministro Axel Kicillof. Se refería a la negociación por el pago a Repsol por la expropiación de YPF. Pero en esos meses hubo muchas idas y vueltas. Y lo que terminó de rescatar al acuerdo fue la “ruta mexicana”, la intermediación del gobierno de México, que fue el que finalmente destrabó la discusión.

El lunes se anunció que el acuerdo por YPF había sido suscripto por los gobiernos de Argentina, España y México. Fue el escalón final de una negociación que recorrió varios caminos pero que encontró la vía de solución en dos reuniones clave en Centroamérica.

El primer recorrido fue el más corto, frustrado desde su nacimiento: el diálogo directo entre el Gobierno argentino y la cúpula de Repsol, encabezada por Antonio Brufau, quien se mostró muy duro desde el principio. El ejecutivo español arrancó pidiendo una compensación de US$ 10.500 millones, luego lo llevó a 15.000 y en las últimas semanas había dejado trascender que el reclamo podía ser US$ 20.000 millones. Le respondieron desde Buenos Aires que el pago podía ser de US$ 1.500 millones, depositado en pesos en el Banco Nación de manera unilateral. Y dejando trascender que harían todo lo posible para desbancarlo de la cabeza de la petrolera, argumentando que con él “es imposible hablar”. Hoy, los hombres de Brufau en Madrid dicen que esa dureza fue la base para que la Argentina termine aceptando un pago “importante”. En la torre de YPF en Puerto Madero retrucan que “cuando pidió 20.000 millones desnudó que no quería un acuerdo y eso fue lo que posibilitó que se abriesen otros canales”.

Abortada la negociación directa, se abrió un segundo camino, aproximadamente a principios de este año. El actor principal pasó a ser Isidro Fainé, titular de La Caixa, una entidad financiera de la que también viene Brufau y que con el 12,02% es el mayor accionista de Repsol. Fainé negoció con el embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, aseguran fuentes diplomáticas. Y viajó en varias ocasiones a Buenos Aires en el primer semestre del año. El Gobierno intentó mostrar que éste era un jugador que terminaría destronando a Brufau por su “inflexibilidad”. En Madrid insistían que los dos ejecutivos tenían diferencias, pero q ue trabajaban juntos. En junio, el propio Fainé llevó una oferta argentina al Consejo de Administración de Repsol, planteando un pago de US$ 5.000 millones, la misma cifra que ahora. Pero había sólo una parte en dinero, y el resto era en concesiones petroleras, en las que Repsol debía además a comprometerse a hacer inversiones.

El 26 de junio, el Consejo rechazó por unanimidad la oferta argentina. La Caixa votó con Brufau, pese a las expectativas de los funcionarios kirchneristas. El dictamen fue duro: el Consejo “ valoró como insatisfactoria para los intereses de la compañía la actual oferta formulada por un valor nominal de US$ 5.000 millones, por considerar que no responde en su cuantía a la pérdida sufrida por Repsol, que está construida sobre activos sobrevalorados, y que tiene una estructura que dista mucho de representar los intereses declarados de Repsol para un acuerdo (carece de compensación monetaria disponible o realizable, no cuenta con las mínimas garantías jurídicas y económicas necesarias, y requiere de obligadas y cuantiosas inversiones)”. Allí ya está la base de lo que los españoles pusieron como condición para el acuerdo: que los activos sean “líquidos”, que se puedan convertir en dinero.

Otra vez trabada la negociación, se sumó a la mesa el tercer accionista en importancia de Repsol, la estatal mexicana Pemex (tiene el 9,34% de la española). En público, empezó a poner presión sobre Brufau para que llegara a un acuerdo. Llegó a amenazar, en los últimos días, con que vendería su participación en Repsol. Pero por debajo corría otro agua.

La clave estaría en la cena del 19 de octubre, en Panamá, que compartieron los jefes de gobierno de España, Mariano Rajoy, y de México, Enrique Peña Nieto. Rajoyllevó un pedido de intermediación.

Peña Nieto respondió que ya no se trataba de un problema de privados, sino de tres países. Allí se sentaron las bases para que un debate que era entre un privado (Repsol) y un estado (Argentina) pasara a ser cuestión de tres gobiernos.

Peña Nieto puso al frente del tema al director general de Pemex, Emilio Lozoya,quien se conoce con el titular de YPF, Miguel Galuccio, de cuando éste trabajó en México.

“Son de la misma generación, comparten visión”, dicen en el entorno del ejecutivo argentino.

Galuccio, en tanto, había abundado ya por un canal paralelo: viajó en más de una ocasión a Europa con escala en Madrid, y allí negoció con el ministro de Industria español José Soria. Se hicieron los sorprendidos cuando la prensa registró el encuentro que mantenían en un hotel del Paseo de la Castellana, en Madrid, en la primera semana de octubre. Allí el español le dijo que evitara ofertas que no fueran a ser aceptadas. Y ratificó que el interlocutor era Brufau. Galuccio insistió con que si no había acuerdo, habría un “pago unilateral”.

Hace menos de dos semanas, la ruta mexicana dio un nuevo paso. El ministro Soria se reunió el 15 de este mes con su par mexicano, Joaquín Coldwell, en México. Dicen en Madrid que en ese viaje ya Soria llevaba en la valija un documento escrito por el propio Brufau “que tenía ya las bases del acuerdo”.

Aunque hoy todavía en Repsol aseguran que siguen teniendo “alguna desconfianza” por el acuerdo, el mismo tomó el impulso final, dicen en la Jefatura de Gabinete argentina, cuando Jorge Capitanich asumió: con Kicillof decidieron quehabía que firmarlo ya, que era parte del “cambio de ambiente” que pretendían transmitir. El resto es público.

Desde que se anunció la expropiación de YPF, en abril de 2012, hasta ayer, el Gobierno ha ido modificando sensiblemente el tono del discurso. La presidenta Cristina Kirchner habló de recuperar la soberanía energética y luego la posta quedó en manos del ejecutor de la intervención estatal, el ahora ministro Axel Kicillof.

Al hablar en el Congreso, acusó de “tarados” a los que suponían que el Estado argentino iba a pagar lo que reclamaba la empresa Repsol, unos 13.500 millones de dólares.

Sobre ese monto, Kicillof dijo que había que restar un monto considerable por “los pasivos ambientales” que había dejado Repsol como efecto colateral del daño al medio ambiente que produjo la exploración y explotación en territorio argentino.

En su momento había trascendido que Axel Kicillof le había dicho a la presidenta Cristina Kirchner que, luego de restar esos pasivos ambientales, posiblemente a Repsol no le correspondería ni un solo peso.

Con el paso de los meses, y atento a la creciente presión internacional sobre la Argentina, el Gobierno accedió a sentarse a negociar y estaría cerrando el conflicto mediante un pago que, en España, se da por hecho que alcanzará los 5.000 millones de dólares.

La Casa Rosada tiene la habilidad de provocar este tipo de cosas. En momentos de debilidad, hace una jugada imprevista y abre un surco en las filas opositoras.

Pero esta vez, la firma del preacuerdo con España para indemnizar a Repsol por la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF, no solo generó lecturas dispares en los distintos partidos que componen el abanico anti-k, sino que provocó diferencias incluso dentro de un mismo espacio, como en el Frente Amplio Progresista.

Mauricio Macri fue uno de los primeros en sentar posición. Bien temprano, dijo que era una noticia “positiva”.

Y pareció jactarse: “Fuimos los únicos que nos opusimos a la confiscación de YPF. En aquel momento dije que esto, que finalmente es robar, iba a ser en contra de la Argentina y en contra de resolver el déficit energético, que iba a agravar las cosas”.

Positiva, la palabra que empleó Macri, fue, curiosamente, la misma calificación que hizo Hermes Binner, el líder del FAP: “Es f uertemente favorable que haya un principio de acuerdo con España. Buscar una solución siempre es una buena alternativa para las partes”. El diputado Gerardo Milman y el senador Rubén Giustiniani, ambos del FAP,plantearon dudas.

“No pueden ser los mismos que permitieron el vaciamiento de YPF los que firmen un acuerdo; debe haber control de la comisión de seguimiento de las privatizaciones”, sostuvo Milman. Giustiniani insistió con que el Ejecutivo “rinda cuentas” ante el Congreso.

Los más enérgicos en contra de la iniciativa K fueron los socios de UNEN en la Capital, Elisa Carrió y Fernando “Pino” Solanas. Utilizaron palabras muy duras: “estafa”, “robo”, “acuerdo empurio” y la “continuación de los negociados entre España y Argentina”.

En la UCR eligieron cuidadosamente las palabras. Ricardo Alfonsín apeló a un dicho popular: “El Gobierno debería alejar de los ciudadanos la sospecha de que, una vez más, actúa como el tero: pegando gritos nacionalistas en el país y poniendo los huevos en REPSOL”. Y el diputado electo Julio Cobos dijo que la Rosada “pone el guiño a la izquierda pero dobla a la derecha”.

En el Frente Renovador de Sergio Massa aplaudieron. “Es positivo. Necesitamos dialogar y resoover este tema para que vengan las inversiones y resolvamos un tema impostergable: la energía”, dijo aClarín José de Mendiguren.

El Gobierno pagará una compensación "justa y razonable" a Repsol por la estatización de YPF, e impulsará un nuevo acuerdo de precios en el sector de combustibles, aseguró ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof. Agregó que será "un punto de inflexión para YPF, porque queremos mirar para adelante y darle una vuelta de tuerca a la situación de la empresa", al finalizar su disertación en la 61ª Convención Anual de la Cámara de la Construcción.

El funcionario aseguró, además, que el Gobierno "genera clima para la inversión privada" y expuso su preocupación por la baja expansión de ese indicador en la economía, por lo que pidió "ayuda" a los empresarios para impulsar la construcción, un generador de empleo y motor de otros sectores. "Acompáñennos. Ayuden al Gobierno porque se están ayudando ustedes", dijo ante los hombres de negocios. Allí, anticipó que en los próximos días se van a estar anunciando "importantes inversiones" en obra pública, a la que caracterizó como "un vector de competitividad". 

Entre otros datos, Kicillof dijo que una tasa de crecimiento interanual como la actual del 7% para la construcción "no es un problema sino un síntoma de prosperidad". Por ello, solicitó a los empresarios que cuando hay sobresaltos, que los digan, pero cuando las cosas funcionan bien, "también lo digan". Expresó una fuerte queja contra el sector inmobiliario porque comercializan en dólares las propiedades que se construyeron con pesos y dijo que ello está atado a las especulaciones financieras. También alertó que "el vigoroso crecimiento de este año" llega a tal punto que se está viviendo un "microclima en el sector, incluso con algunos cuellos de botella por la falta de inversión privada". 

Éstas fueron otras declaraciones importantes de Kicillof ayer:

• El preacuerdo alcanzado con Repsol por la nacionalización de YPF es producto de nueve meses de conversaciones entre distintos sectores. Está sometido a confidencialidad y no se puede hablar de valores cuando cualquier número afecta las acciones y podría generar un cimbronazo bursátil. El Gobierno argentino ha cumplido con esa confidencialidad y la mantendrá.

• Quiero renovar el compromiso del Gobierno con este sector tan importante de la economía y para el bienestar de los argentinos.

• El Gobierno usará todas las herramientas que tiene a su alcance para motivar la inversión privada.

• A veces se dice que el Estado no generó el clima, y todo lo contrario: hemos tenido un boom de la construcción privada en la Argentina. Si algo sabe hacer este Gobierno es generar el clima para que la construcción prospere. 

• No permitan que les siembren de dudas el futuro, porque terminan frenando sus decisiones de invertir o comprar y después se arrepienten. 

• Una de las preocupaciones a nivel mundial es qué va a pasar con el dólar en el futuro si Estados Unidos va a dejar de emitir y esto es de años. Y Gran Bretaña quintuplicó su base monetaria. Nosotros tenemos que responder a nuestras variables.

El Consejo de Administración de Repsol tendrá hoy en Madrid su reunión más importante relacionada con YPF: entre las 14 y las 16 hora local resolverá positivamente"dar vía libre a avanzar con las negociaciones cerradas en la Argentina el lunes pasado y terminar de ajustar finamente la forma en que se pagarán los u$s 5.000 millones en bonos; a qué tasa y en qué plazo" según aseguró una alta fuente de la empresa.Hacia el mediodía de la Argentina llegará la novedad que el pacto sellado en Buenos Aires tiene luz verde para terminar de definirse con lo que, de cumplirse los plazos de los que se estiman en Madrid,en un mes volverá a reunirse el Consejo para terminar de aprobar la letra final del acuerdo. El único escollo que puede surgir para que las negociaciones no avancen, es que finalmente la postura del presidente de Repsol, Antoni Brufau, no sea vencida, y la petrolera no abandone la idea de llevar el juicio ante el CIADI contra el país hasta las últimas consecuencias. La posición del ejecutivo es acompañada por los accionistas de la constructura Sacyr que (complicada por la situación del sector en España y necesitada de efectivo), no quiere aceptar bonos y necesita euros contantes y sonantes. También podrían acompañar a Brufau los votos de Temasek, un grupo de inversores ligados al Gobierno de Singapur que llegaron recientemente a Repsol y no quieren negociar con la Argentina. 

El resto de los accionistas de la petrolera española, la gran mayoría, estarían dispuestos a avalar el pacto de Buenos Aires. Para esto dos voceros del consejo deberán plantear dos factores: el "factor Rajoy" y el "factor México". En el primer caso, es el propio Gobierno de Mariano Rajoy el que le dio la rúbrica al acuerdo firmado en la Argentina a través de la presencia del ministro de Industria José Manuel Soria con una mirada política a mediano y largo plazo en las relaciones de ambos países. Midió que no es tiempo de peleas con un actor importante de Latinoamérica, sino más bien de restaurar los puentes cascoteados con el continente sudamericano. Esta posición será defendida hoy por un hombre clave en las negociaciones, Isidro Fainé, presidente de Caixabank, el ejecutivo que mantuvo no menos de cuatro encuentros personales con Cristina de Kirchner desde marzo pasado. 

A las necesidades de Rajoy se suma el "factor México". Pemex es el segundo accionista de Repsol, y viene negociando desde abril de este año la posibilidad de acceder al negocio de Vaca Muerta "con o sin Repsol". La frase no es al azar, sino que se la dijo directamente el director general de Pemex, Emilio Lozoya, hombre relativamente nuevo en la conducción de Repsol (no más de un año) y crítico directo de la permanencia de Brufau al frente de la petrolera. Lozoya le había aclarado al español que la decisión del Gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto era la de asociarse con YPF, "si es con Repsol, mejor". Lozoya es un convencido, luego de haberse encontrado en diferentes oportunidades con el presidente de YPF, Miguel Galuccio, que el futuro del petróleo y el gas no convencional es el yacimiento neuquino.

El panorama parecería favorable a que se vote a favor de avanzar con las negociaciones con YPF y aceptar el pacto de Buenos Aires. Brufau tendría sólo la alternativa de eventualmente someter la decisión a una junta general de accionistas extraordinaria, lo que aplazaría la resolución un mes más. Fuentes de la conducción de la petrolera aseguraban que esta posibilidad debería descartarse, ya que en esa misma junta podría avanzarse en la propia continuidad del español al frente de la petrolera. 

Si finalmente se vota el aval a las negociaciones, vendría ahora una breve etapa (de no más de 30 días), donde la Argentina debería poner sobre la mesa los bonos que les ofrecerá a los españoles por unos u$s 5.000 millones. Concretamente, cuál es el interés y el plazo de estos papeles, además de garantizarse que no coticen en Nueva York donde la deuda argentina está a merced de los fallos de los jueces en la causa de los fondos buitre.

Los títulos serían aceptados de todas maneras por la petrolera española, que en realidad tiene en sus planes canjearlos a algún postor importante (los exbuitre Gramercy y Fintech siempre están dispuestos a este tipo de operaciones) o renegociarlos con la propia YPF a cambio de posibilidades de inversión en Vaca Muerta.

El Consejo está dividido en dos puestos por Caixabank, dos por Sacyr, uno por Pemex, otro por Temasek. De los otros 10 consejeros, dos son ejecutivos (Brufau y el secretario, Luis Suárez de Lezo) y ocho son independientes (Paulina Beato, Artur Carulla, Luis Carlos Croissier, Ángel Durández, Javier Echenique, Mario Fernández, Isabel Gabarró y Henri Philippe Reichstul). Todos deberán aprobar además que abandonan la posibilidad de avanzar con los juicios ante el CIADI (tribunal del Banco Mundial) por unos u$s 10.000 millones; más otros en España, Bruselas y Nueva York; donde incluso fueron invitados por el juez de primera instancia Thomas Griesa a sumarse a las disputas que los fondos buitre Elliot y Olifant; entre otros, mantienen contra el país.

Los medios españoles dan por hecho que el Consejo de Administración de Repsol aprobará hoy el preacuerdo firmado el lunes entre los gobiernos de la Argentina, España y México, mientras continuaron las especulaciones sobre que el monto será de u$s 5.000 millones y en torno a las características del pago que hará el gobierno de Cristina de Kirchner.

El consejo de administración de Repsol tiene una "predisposición positiva" a aprobar el acuerdo sobre la compensación por la expropiación en 2012 de un 51% de YPF, indicó el diario ABC. Pero según ese medio español y la agencia EFE, fuentes cercanas a las negociaciones habrían dicho que el preacuerdo "es prácticamente idéntico en sus términos" a la propuesta que el presidente de Repsol, Antoni Brufau, entregó al ministro de Industria, Juan Manuel Soria, para que lo trasladase en su reciente viaje a México a la cúpula de Pemex." 

Para ABC, el preacuerdo implica "el pago de u$s 5.000 millones en bonos soberanos argentinos, sin que exista una compensación en activos materiales, por lo que no será preciso la participación de consultores privados independientes. Este pago es inferior a lo que Repsol tiene contabilizado en libros por el 51% expropiado, pero será aceptado por el consejo entre otras cosas porque los bonos ofrecen un margen de negociación y rápida liquidación que un dilatado proceso judicial no habría garantizado. "

En tanto el diario español El País dijo que el acuerdo "se queda por debajo en 1.700 millones de euros ya que la anotación (en el balance de Repsol) es de 5.400 millones de euros, lo que obligaría a llevarla a la cuenta de pérdidas y ganancias". Pero esta publicación no descartó que la española "sea compensada de alguna forma, quizás con la participación del tercer invitado en la reunión, México y su brazo armado Pemex".

Los 16 miembros del directorio de Repsol discutirán hoy una oferta que difícilmente podrán rechazar. El pacto que propone la Argentina para cerrar el litigio por YPF contempla la principal condición fijada por la empresa: que el pago por las acciones expropiadas alcanzará un mínimo de 5000 millones de dólares. El gobierno de Cristina Kirchner abonaría esa cantidad mediante la entrega de títulos soberanos con vencimientos que van de 5 a 10 años, según fuentes ligadas a accionistas de la petrolera española.

Se cumpliría así la otra condición de los españoles:que la compensación se estableciera en activos que no estuvieran sujetos a dudas sobre su cotización. Los anteriores intentos de conciliación incluían participaciones en el yacimiento de Vaca Muerta, cuya valoración despertaba polémica entre las partes.

Lo que aún genera dudas en la conducción de Repsol -aunque no suficientes para tumbar el acuerdo- son las garantías que ofrece el gobierno argentino sobre la deuda con la que aspira a dar por terminado el conflicto que durante 19 meses congeló la relación con España y trabó la llegada de inversiones al país.

El trato que se alcanzó el lunes en Buenos Aires contó con el apoyo explícito del ministro de Industria español, José Manuel Soria, un dato que limita muchísimo cualquier resistencia en el directorio de Repsol.

"Ningún empresario rechaza un acuerdo que tiene el sello del gobierno de su país", señaló ayer una fuente cercana al presidente de la petrolera, Antonio Brufau.

Declarado enemigo por el kirchnerismo, Brufau se mantuvo fuera de las negociaciones finales. A Buenos Aires viajó uno de sus históricos rivales en el accionariado de la petrolera, Isidro Fainé, presidente del grupo financiero La Caixa.

También estuvo el director de la estatal mexicana Pemex, Emilio Lozoya, que encabezó una dura ofensiva contra Brufau para forzarlo a pactar con la Argentina. Pemex -dueña del 9,4% de Repsol- quiere tener las manos libres para hacer negocios en Vaca Muerta y llegó a amenazar con un golpe en el accionariado de la multinacional española.

Brufau dejó trascender ayer que él había decidido quedarse en España para no complicar el diálogo con la Casa Rosada, pero que en la mesa de negociación había tres directivos de su confianza. Y que el ministro Soria había hecho cumplir las condiciones mínimas que él le había transmitido en Madrid. Intentó así desmentir los rumores de que renunciaría en la reunión de hoy, por estar en desacuerdo con la oferta kirchnerista.

Aun así se encargó de transmitir en un comunicado remitido a la Bolsa que la propuesta será sometida a análisis y que luego se actuará "en exclusivo interés" de la compañía. El tinte escéptico esconde el malestar de Brufau por la forma en que se forzó la paz. "Fue un pacto político impuesto a una empresa privada", renegaban ayer cerca de él. Pero admitían que rechazarlo abriría una crisis interna de consecuencias impredecibles para la compañía.

La reacción del mercado, que premió a Repsol con una subida de casi el 4% en la Bolsa de Madrid, significó otra señal que presupone la casi segura aprobación en la asamblea de hoy. Pero no será una reunión fácil. "Veremos qué se decide en el directorio y actuaremos en consecuencia. Acá hubo tres gobiernos que alcanzaron un entendimiento", advirtió ayer el mexicano Lozoya, que mantiene vivo su desafío a Brufau.

La administración de Mariano Rajoy aportó su cuota de presión. "Todo lo que sea cerrar incertidumbres abiertas es bueno", afirmó el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Queda por ver la letra chica de lo que firmaron los gobiernos en Buenos Aires. En la conducción de Repsol temen aceptar un instrumento de pago que no pueda venderse en el corto plazo (el mercado toma los bonos argentinos a cambio de fuertes descuentos) y que no incluya garantías adicionales.

Es una decisión delicada: la firma del plan implicaría renunciar definitivamente a los juicios internacionales que Repsol interpuso contra la Argentina en distintos tribunales internacionales, donde pedía una compensación del orden de los 10.500 millones de dólares por el 51% de sus acciones en YPF.

En los principales bancos de inversión consideraron razonable la cifra de 5000 millones de dólares que ofrece la Argentina, pese a que el valor en libro de los activos expropiados supera los 7000 millones (lo que obligará a la empresa a anotar pérdidas). Algunos especialistas en hidrocarburos auguraban un mal negocio para los españoles. "Si con este acuerdo se destraba la inversión en Vaca Muerta, dentro de poco va a valer más el 12% que todavía tiene Repsol en YPF que lo que cobrará por el 51% expropiado", señaló un empresario español del sector.

El acuerdo entre YPF y Repsol llegará en un momento delicado para la embajada de España en Buenos Aires: sucede que esta sede diplomática acaba de perder a su máximo representante en la Argentina y como cabeza visible de Madrid en el diálogo entre YPF y Repsol quedó el encargado de negocios de la embajada.

Román Oyarzún, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como embajador de España en la Argentina, dejó la sede diplomática por pedido expreso del gobierno de Mariano Rajoy para asumir la embajada de España en las Naciones Unidas. En su lugar, llegará a Buenos Aires Estanislao de Grandes Pascual. Pero este diplomático de carrera de España no arribará al país sino hasta mediados de diciembre y su plácet será entregado con suerte a fines del próximo mes. Mientras tanto, Pedro Sanz, el encargado de negocios de la embajada española, es quien participa activamente en las reuniones de las petroleras.

Sanz es un destacado diplomático de carrera del área económica y desde hace tiempo venía asesorando a Oyarzún en la marcha de las negociaciones entre YPF y Repsol. Lo seguirá haciendo hasta que entre en funciones Grandes Pascual, quien es un embajador de amplia trayectoria que viene de Rumania y estuvo en la ex Yugoslavia y en Camerún, entre otros destinos relevantes. Para cuando este embajador arribe, es muy probable que el acuerdo entre YPF y Repsol ya esté avanzado y tendrá la suerte de coronar ese acuerdo.

No fue la misma suerte que tuvo Oyarzún, que hizo todos los intentos para lograr que las petroleras se sienten a negociar una salida al conflicto. En el año y medio que estuvo en Buenos Aires, no hubo gestos de la Argentina para arribar a una solución. Pero ello no fue impedimento alguno para que el embajador saliera del país con honores. De hecho, en su despedida del jueves pasado más de 500 personas del ámbito político, cultural y económico de la Argentina pasaron a saludarlo y lamentaron que este destacado diplomático haya tenido que dejar el país.

Fue una reunión dominada por un clima de algarabía como hacía tiempo no ocurría. La presidenta Cristina Kirchner, con el torso vestido con ropa de un blanco sin fisuras que contrastaba con el luto estricto de no hace mucho tiempo, recibió al presidente de YPF, Miguel Galuccio, pasadas las cuatro de la tarde en la residencia de Olivos.

El principal tema de conversación fue el principio de acuerdo con Repsol para saldar la deuda por la expropiación del 51% de YPF. Galuccio lo presentó como un trofeo: tras el anuncio de ayer, las acciones de la petrolera local treparon 11,4% en la Bolsa de Buenos Aires. Desde el piso 32 de la torre que la empresa tiene en Puerto Madero miraron casi con el mismo entusiasmo el incremento de 4,11% en los papeles de Repsol en Madrid. Para la conducción de YPF, fue una evidencia más de que el comité de dirección de la firma ibérica aprobará hoy, en la capital española, el acuerdo al que llegaron funcionarios de la Argentina, México y España anteayer por la tarde en Buenos Aires.

El CEO de YPF espera que, a partir de mañana, los eventuales acuerdos de inversión para aumentar la producción petrolera argentina, que registró un franco descenso durante el kirchnerismo, le lleven mucho menos trabajo que hasta ahora. Hay distintas evidencias que abonan esa teoría. A mediados del año pasado, YPF convocó a una multitud de petroleras, muchas de ellas de gran tamaño, para mostrarles los activos que tenían posibilidad de asociación. De ese intento surgieron cuatro memorandos de entendimiento: con la norteamericana Chevron, el más importante y el que se firmó primero, por 1240 millones de dólares; con Dow Chemical, por US$ 120 millones; con el empresario Eduardo Eurnekian, y con los hermanos Bulgheroni. Hasta ahora, ninguno de los dos últimos se concretó.

El acuerdo con Repsol abre una nueva perspectiva. Galuccio, por caso, mantuvo conversaciones con autoridades de Statoil en Noruega. También con la rusa Gazprom. Pero la primera tiene sociedades con la española, por lo que resultaba difícil imaginar una asociación con su expropiadora. La segunda, en tanto, sondeó en diversas ocasiones alternativas para ingresar en Repsol, por lo que le resultaría cuanto menos desprolijo asociarse con YPF.

Otras compañías estaban en la misma carrera y ponían entre los reparos a una asociación la incertidumbre con respecto al juicio iniciado por Repsol en el Ciadi. La norteamericana Exxon es quizás el mejor ejemplo.

Pemex, en tanto, parece sintetizar los eventuales beneficios que cosechará YPF. Por conveniencia geopolítica, la mexicana quiere poner un pie en la hiperdifundida formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, tanto como Galuccio desea llevar la bandera de YPF hasta el más conocido aún Golfo de México. Pero la estatal del país de América del Norte es dueña de 9,4% de Repsol, por lo que le hubiese sido casi imposible justificar una eventual asociación con un país que la perjudicó.

VISTO BUENO LOCAL

En una conversación informal en un ágape que se realizó el mes pasado en YPF, Alejandro Bulgheroni reconoció en diálogo con empresarios que el conflicto con Repsol no le ayudaba a cerrar un convenio con la petrolera. El 2 de enero, su empresa, Bridas, había recibido en su sede de las islas Vírgenes Británicas una carta de Repsol que le anticipaba un futuro conflicto en caso de que avanzara en negociaciones con la petrolera nacionalizada.

Los empresarios locales celebraron la noticia. Eduardo Eurnekian, dueño de Aeropuertos Argentina 2000 y con un pie en el negocio petrolero, dijo a Télam: "Como iniciativa, el anuncio del preacuerdo es altamente positivo". Mientras que Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Auto, sostuvo que el acuerdo con Repsol es algo muy importante para la Argentina. "Estamos en una situación de confiscación y por tanto anticonstitucional, sin pagar lo correcto por algo que hemos confiscado. Ahora se entra en la legalidad, y eso viene bien", consideró.

La lectura en el mundo petrolero fue similar. Oscar Vicente, presidente de la Cámara de Exploración y Explotación de Hidrocarburos y petrolero desde hace 47 años, explicó: "Para recuperar el autoabastecimiento necesitamos un esfuerzo exploratorio importante; grandes inversiones. Hace falta una YPF activa, que tenga salvado el problema con los españoles".

SATISFACCIÓN DE LOS EMPRESARIOS ARGENTINOS

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) consideró "positiva" la decisión del Gobierno de presentar a Repsol una propuesta de acuerdo sobre YPF. "Esto es particularmente importante en momentos en que se inician negociaciones comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea, en las que la Argentina debe participar activamente de modo de obtener acceso a nuevos mercados y ampliar los existentes con criterio de reciprocidad, asegurando resultados equilibrados en términos de creación de riqueza, empleos y bienestar para nuestro país", expresó AEA en un comunicado. Por otra parte, la asociación de empresarios recordó que la falta de pago de indemnización a Repsol luego de la estatización de YPF generó "tensiones que tuvieron repercusiones negativas en la relación de la Argentina con España y con la Unión Europea". Por todo esto, la AEA recibió con satisfacción el preacuerdo alcanzado entre YPF y Repsol.

Accionistas minoritarios de Repsol podrían seguir litigando en la justicia argentina, incluso si termina por cerrarse en estos días el acuerdo de indemnización entre el gobierno argentino y la petrolera española por la expropiación de YPF.

"Se está hablando de desactivar juicios y procesos arbitrales, pero nadie tiene en cuenta a los accionistas minoristas de Repsol, que todavía siguen reclamando una indemnización en la Justicia", explicó Federico Jiménez Herrera, socio del Estudio Demaría, Fernández Cronenbold & Barra, que representa a la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) y a un grupo de accionistas minoritarios de Repsol en su reclamo en contra del Estado nacional en la justicia argentina.

Según detalló a LA NACION su socio Rodolfo C. Barra, el viernes el fiscal que dictaminó en la causa concluyó que el juicio promovido por los minoristas debe acumularse incluso al juicio que, por su parte, promovió la empresa Repsol, ya que consideró que así se evitarían en el futuro sentencias contradictorias. En otras palabras, si bien se trataría de dos juicios independientes, la Justicia debería dictar una sola sentencia aplicable a ambos casos.

Repsol cuestiona en la Justicia la constitucionalidad de la norma de expropiación y exige al mismo tiempo una indemnización, mientras que los accionistas minoritarios también exigirían una compensación, pero por el uso que el Estado está haciendo de la empresa. A diferencia de Repsol, que en su momento reclamaba hasta US$ 15.000 millones, los minoristas no habrían fijado un precio. "Se necesita hacer una prueba pericial y en función de eso se fijaría el precio", explicó Barra.

Los mismos accionistas minoritarios son los que hace algunas semanas consiguieron una medida de informe del contrato que la norteamericana Chevron firmó con YPF para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. "Si los dos juicios -por el de Repsol y el de los minoristas- quedan acumulados, lo lógico es que el Estado argentino busque arreglar con los dos. Si no, aun si Repsol decide desistir de su reclamo en la Justicia, quedará pendiente un juicio, el de los minoristas, que podría irle en contra hasta a Repsol", detalló Jiménez Herrera. De acuerdo con los representantes de los minoritarios, hasta ahora, el Gobierno no ha tenido ningún acercamiento.

Según se informó anteayer, existe un preacuerdo con Repsol por la expropiación de YPF, que está avanzado hasta tal punto que los gobiernos mexicano, español y argentino accedieron a informarlo en un comunicado conjunto.

Ayer, Kicillof evitó decir cuánto será el monto definitivo que se le pagará en concepto de indemnización a la empresa española o qué activos se usarán para cancelar la deuda. Esgrimió que el acuerdo era "confidencial", dado que todavía debía ser aprobado por el directorio de Repsol..

El Consejo de Administración de Repsol se prepara para dar hoy el visto bueno al principio de acuerdo con el gobierno argentino por la expropiación del 51 por ciento del paquete accionario en YPF. La decisión de la petrolera concluirá una extensa disputa legal, económica, política y hasta diplomática. La decisión fue celebrada por las autoridades ibéricas, mexicanas y argentinas. Tampoco se privaron de aprovechar la ocasión para hacer un buen negocio los mercados locales e internacionales, donde las acciones de YPF y Repsol registraron fuertes subas. Desde Madrid dejaron trascender que los directores de la empresa, incluido el presidente Antonio Brufau, no presentarían reparos al acuerdo durante la votación que tendrá lugar al mediodía en la capital española. El ministro de Economía, Axel Kicillof, reiteró que las condiciones de la oferta serán confidenciales hasta que se apruebe la salida al conflicto. Sólo trascendió que las partes se comprometen a levantar las acciones legales en curso y que la compensación será abonada en “activos líquidos”. Dinero en efectivo o títulos públicos cumplen con esa característica, pero lo más probable es que sea en bonos. La especulación es que se tratará de un monto equivalente a 5000 mil millones de dólares a valor de mercado. Más allá del monto definitivo que se conocerá en las próximas horas, los bonos que deberá emitir el país serán por una cifra superior para garantizar que al momento de venderlos Repsol alcance una compensación por el monto acordado.

La petrolera española reclama en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, 10.500 millones de dólares y registra su participación en YPF en sus balances por un valor de 9300 millones de dólares. Después de un largo proceso de negociaciones, de presiones cruzadas dentro mismo de Repsol –entre sus directivos y por parte de Pemex, que quiere entrar en Vaca Muerta, pero no puede hacerlo mientras siga abierto el conflicto por la expropiación de YPF–, la empresa española accedió a bajarse de aquel monto. “El preacuerdo es el resultado de nueve meses de conversaciones y charlas informales entre distintos sectores”, afirmó ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof.

La Ley de Soberanía Hidrocarburífera que permitió la recuperación del control de YPF estipulaba una compensación para Repsol. El procedimiento legal está sometido a la ley de expropiaciones: el Tribunal de Tasaciones debe determinar el precio de los bienes en un plazo de dos años, el pago se hace en efectivo y, si el expropiado no está conforme, puede reclamar en la Justicia. El organismo fijó un peso por Aerolíneas Argentinas. La evaluación del comportamiento predatorio de la administración española sobre los activos de YPF hacía prever que el Gobierno exhibiría una durísima posición contra la petrolera ibérica. “Pagaremos una compensación porque es lo que dicta la ley. Estamos muy decididos a aplicar la ley del Congreso, compensar de manera justa y razonable a aquellos que perdieron el control de la compañía y del paquete accionario”, explicó ayer el ministro de Economía.

No terminar el proceso de expropiación limitaría seriamente las capacidades de YPF para avanzar en la firma de acuerdos con otras petroleras, la búsqueda de financiamiento externo que ya comenzó la gestión de Miguel Galuccio y generaría malestar entre los diferentes socios. El mismo Kicillof experimentó en Aerolíneas Argentinas las dificultades adicionales que genera a una empresa no tener finalizado el proceso de expropiaciones. Países de la región como Venezuela y Ecuador que expropiaron empresas pagaron compensaciones. Pero pagarle a Repsol por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF no estaba contemplado en el presupuesto de este año y tampoco en el de 2014. Por eso, se necesitaría autorizar el gasto y la emisión de los bonos a través de una ley o DNU.

El preacuerdo alcanzado tiene como condición que el pago sea realizable de inmediato. Así, Argentina accedió a pagar en efectivo o en bonos, pero lo más probable es que sea en títulos públicos. En principio quedó descartada la entrega de activos en Vaca Muerta, algo que ya había sido rechazado por Repsol. El pago rondaría los 5000 millones de dólares. La cifra se basa en una propuesta anterior que no prosperó, pero no hay que descartar un monto mayor. Un elemento a tener en cuenta es que la emisión que hará el país será por una cifra mayor ya que los bonos en el mercado tienen un precio inferior a su valor nominal.

La especulación sobre qué bono (o bonos) se utilizaría llevó a diferentes analistas consultados por Página/12 a descartar papeles de corto plazo, como sucedió el mes pasado en el acuerdo con las cinco empresas que tenían sentencias definitivas en el Ciadi. A cambio de levantar las demandas, el Estado entregó dos bonos: el Boden 2015 y el Bonar X (con vencimiento en 2017) por 506 millones de dólares. Emitir entre 5000 y 6000 millones de dólares de esos títulos suma presión sobre los vencimientos de deuda en el corto plazo y también sobre los mercados de esos papeles. Otra posibilidad es el bono Global 17, que se entregó con el canje 2010. El título tiene legislación de Nueva York y rinde alrededor del 8,8 por ciento. Sus condiciones de emisión lo dejan sujeto a la posibilidad de que la Justicia de Estados Unidos bloquee los pagos en la disputa con los fondos buitre.

Existe la posibilidad de que la operación desde el lado de Repsol esté estructurada en dos partes y cuente con el visto bueno de uno o más bancos y fondos de inversión que le comprarían inmediatamente los bonos argentinos, permitiéndole hacerse del dinero casi sin “descuento”. En ese caso, el acuerdo podría contemplar bonos de más largo plazo con vencimiento en 2018 o 2019. Estrictamente esos activos no son líquidos, pero sí son deseados por la banca internacional y una ampliación de la emisión permitiría crear un mercado. Están emitidos bajo legislación argentina, pagan en dólares y rendirían, si existiera un mercado, alrededor de 10 por ciento, según estimó un banquero consultado por este diario. Para un título a cinco años es una rentabilidad más que atractiva si se tiene en cuenta que los bonos del Tesoro de Estados Unidos a cinco años rinden 1,34 por ciento.

El consejo de administración de Repsol decide en su reunión de este miércoles sobre el principio de acuerdo alcanzado entre los gobiernos español y argentino en la compensación que pagará Argentina por la expropiación de YPF. Aunque no han trascendido los detalles, el acuerdo fijaría el pago de unos 5.000 millones de dólares (cerca de 3.800 millones de euros) en deuda soberana argentina canjeable por efectivo en el mercado, menos de la mitad de los10.500 millones de dólares (unos 7.700 millones de euros) reclamados por Repsol, así como el cierre de todos los litigios judiciales abiertos.

Los gobiernos español y argentino cerraron el pasado lunes un principio de acuerdo para compensar a Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF en manos de la petrolera española en abril de 2012.

Este acercamiento, eminentemente político y favorable, sobre todo, a los intereses mexicanos, contó también con la presencia de los máximos responsables de YPF, dos de los principales accionistas de Repsol -Caixabank y Pemex- y tres altos directivos de la petrolera española, aunque no de su presidente, Antonio Brufau.

El consejo de administración estaría a favor de aceptar el acuerdo

Repsol se apresuró a advertir de que el documento está subordinado a la valoración de su consejo de administración, "que deberá pronunciarse sobre sus términos y condiciones" para acordar "lo que estime conveniente en exclusivo interés de la compañía y de sus accionistas".

Según han indicado a Efe fuentes conocedoras del proceso, el órgano ejecutivo sería proclive a aceptar el acuerdo porque se encuentra dentro de los mínimos marcados por Brufau. Esas "líneas rojas" serían, en primer lugar, que lacompensación fuera en activos líquidos o convertibles en efectivo, en segundo lugar, que el importe fuera aceptable, y en tercero, que cuente con la garantía de cobro a corto plazo.

Precisamente este último punto, la garantía de convertir el pago en ingresos, es el que determinará la aceptación del acuerdo por parte del consejo de administración, según estas fuentes.

El pacto abre la puerta a nuevas inversiones en Argentina

Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el nuevo jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich, ha señalado que esta propuesta de pacto abre la puerta a nuevas inversiones energéticas en el país, que hasta ahora se habían dificultado por la ofensiva judicial de Repsol, que amenazaba con demandar a las empresas que participasen en el yacimiento de Vaca Muerta, descubierto cuando la petrolera española era el máximo accionista de la argentina.

"Para nosotros constituye un sendero que nos va a permitir seguir generando mecanismos de inversión en exploración y explotación hidrocarburífera en la Argentina", ha dicho Capitanich, mientras que la oposición política de ese país se ha mostrado dividida.

También el director general de Pemex, Emilio Lozoya, ha festejado el acercamiento, calificándolo de "hito histórico", apenas unos días después de cargar contra la retribución de la dirección de Repsol y entre rumores de intentos de asalto a la petrolera española.

Horas después de abrirse la solución al conflicto Repsol-YPF, que deja vía libre a Pemex para emprender proyectos con la petrolera argentina, la mexicana ha adquirido un 51% del astillero español Barreras.

La Comisión Europea, por su parte, también ha celebrado el acuerdo, al igual que el ministro español de Economía, Luis de Guindos, quien ha apuntado que "todo lo que suponga cerrar incertidumbres que seguían abiertas es bueno para todos".

Previsible salida de Brufau

Los analistas económicos también creen positivo el acuerdo, pese a estar por debajo de lo reclamado y confían en su aprobación en el consejo de administración de este miércoles.

El analista de Atlas Capital Ignacio Cantos ve muy probable que la dirección de la petrolera apruebe el preacuerdo con el apoyo de Pemex, La Caixa y, previsiblemente, Sacyr, y cree que la oferta final mejorará los datos que se manejan actualmente.

"Los mercados han celebrado que se haya quitado la incertidumbre en un tema que pesaba bastante", ha señalado Cantos, que cree que el acuerdo llevaráaparejada la salida de Brufau en un futuro "no muy lejano".

Luis Padrón, de Ahorro Corporación, también ha coincidido en que es "bastante probable" que se vaya a aprobar el preacuerdo, pese a que "la propuesta está muy alejada de lo que pedía Repsol inicialmente".

A la tercera va la vencida. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, someterá hoy a votación en el consejo de administración de la petrolera el preacuerdo alcanzado entre Argentina, México y España sobre la compensación sobre la expropiación del 51% de YPF.

El acuerdo se basa en que Argentina pagará unos 5.000 millones de dólares (3.685 millones de euros) íntegramente en bonos. Brufau no quiere dejar ni un fleco abierto en el futuro acuerdo que se ratifique de forma definitiva y exigirá garantías plenas sobre el mismo. Por ejemplo, habrá que fijar el calendario de cobro de los bonos, el tipo de emisión que será, así como si esas futuras emisiones de bonos "las tendría que ratificar el parlamento argentino", según fuentes de la petrolera.

Se trata de la primera proposición en la que el gobierno argentino está dispuesto a pagar en "activos líquidos", es decir, hay una propuesta real de pago; ya que las dos anteriores implicaban futuras inversiones de Repsol en Argentina o el cobro a través de una mínima parte en efectivo y el resto se compensaba explorando algún yacimiento de Vaca Muerta. 

El consejo de la petrolera analizará todas las derivadas jurídicas y fiscales para la compañía. Pese a que el consejo tiene competencia para dar luz verde a un acuerdo de tal magnitud, tendrá que justificar por qué acepta un acuerdo por 5.000 millones de dólares, cuando el día después de la expropiación, el 17 de abril del 2012, se reclamaron 9.180 millones de dólares (unos 7.000 millones de euros) más el lucro cesante.

En este sentido, Repsol también tendrá que cubrirse de que ningún fondo internacional presente en su accionariado, sobre todo los estadounidenses, demandas judiciales en el futuro por la compensación. De hecho, la petrolera española no retirará los frentes abiertos en distintos tribunales internacionales, sobre todo en el Ciadi, hasta que no tenga asegurado el método de cobro, pese a ser una exigencia del Gobierno argentino para cerrar el acuerdo. Argentina necesita inversores para explotar su yacimiento de Vaca Muerta.

La última oferta, que en principio será aceptada por unanimidad en el máximo órgano de control de la petrolera, es la que la propia Repsol facilitó al ministro de Industria, José Manuel Soria, como punto de partida para empezar a negociar hace dos semanas. Soria la llevó al ministro de economía de México, pero en aquel encuentro se personaron, casi por sorpresa, tanto el máximo directivo de Pemex (Emilio Lozoya) como el de YPF (Miguel Galuccio). A partir de esa propuesta, que el grupo público Pemex hizo llegar a Argentina en firme, los acontecimientos se han precipitado estos días. 

Argentina, con su presidenta Cristina Fernández a la cabeza, exigió interlocución a nivel político. De ahí que volase de nuevo a Argentina el ministro de Industria, José Manuel Soria, así como un equipo técnico y jurídico de Repsol (con Nemesio Fernández Cuesta a la cabeza) y el vicepresidente de la petrolera, Isidre Fainé, y presidente de CaixaBank. Precisamente, CaixaBank, junto a dos bancos más, será una de las entidades financieras que estudie la emisión de bonos y sus garantías.

Se sobreentiende que no es "una nueva trampa", como las anteriores ofertas del gobierno argentino, según fuentes financieras. La primera propuesta la envió Argentina a través del primer accionista de Repsol, CaixaBank, con un 12,02% del capital, mientras que la segunda la forzó en junio de este año a través del tercer accionista, el grupo mexicano Pemex, con un 9,34%. Se prevé que el consejero de Pemex, Arturo Enríquez, también vote a favor del acuerdo, ya que su jefe, el director general de Pemex, Emilio Loyoza, estuvo presente en la firma del preacuerdo en la ciudad de Buenos Aires.

No obstante, Lozoya hizo unas declaraciones en el Parlamento mexicano contra el equipo gestor de Repsol, cuyo fin último es difícil de entender porque desestabiliza a una compañía donde la propia Pemex es accionista de referencia. El grupo Pemex, desde hace dos años, está interesado en la tecnología de Repsol, así como en vender su negocio de upstream con el fin de "vaciar" en cierta medida a la petrolera española y dejarla como una refinería, al estilo de Cepsa. Se vaticina que Repsol también ponga hoy los puntos sobre las íes a Pemex, ya que por estatutos podría hasta echarle del consejo, algo que no está en el orden del día. Ayer, la bolsa aplaudió el preacuerdo, ya que las acciones subieron un 4,28%, y hasta la Unión Europea celebró el principio de acuerdo, ya que hasta ahora Argentina siempre se negaba a indemnizar por las expropiaciones.