Los empresarios mineros de Mendoza encendieron la señal de alerta al enterarse de que el Gobierno de San Juan busca promulgar una ley que obligaría a las empresas mineras de esa provincia vecina a contratar proveedores y mano de obra sanjuaninos.

Tras advertir que la aprobación de esa ley perjudicaría a la actividad económica de ambas provincias, el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, defendió la iniciativa del Ejecutivo sanjuanino y tildó de "estúpidas" las declaraciones de los empresarios mendocinos.

"Me parece que son estupideces porque obviamente el combustible que no se produce en San Juan al igual que otros insumos están contemplados en el proyecto. No sé por qué hablan tantas pavadas. Creo que si tienen algún problema deberían resolverlo en su provincia", expresó Bergé a Diario de Cuyo on line, de San Juan.

De esta manera cargó duro contra la Cámara Minera de Mendoza, que estimó que el 50% o más de los proveedores de la actividad minera sanjuanina, provienen de esta provincia. Además, advirtió que "hay muchos insumos que no se fabrican en San Juan".

Ante este panorama, los empresarios mendocinos habían opinado que "es posible que se apruebe la ley, teniendo en cuenta la intención del gobierno sanjuanino de proteger a sus empresas, pero en la práctica, es muy difícil que se lleve a cabo".

Las mayores dificultades estarían ligadas a cuestiones de logística y recursos económicos. Si se reactivan las obras en Pascua Lama, por ejemplo, muchas compañías necesitarían grandes inversiones estructurales para poder abastecer a las exigencias de la construcción", mencionaron los empresarios en una nota publicada por este diario.

En cuanto a los insumos que no se fabrican en San Juan, los mendocinos aseguraron que para algunas empresas, la sola compra del combustible en la destilería de Mendoza significa el 35% de sus costos de producción.

En general, los empresarios mineros de Mendoza declararon el "estado de alerta".

Luego de que las fuertes críticas de referentes mineros mendocinos, hacia el proyecto de ley de “Compre local”, el presidente de la Cámara Minera de San Juan salió al cruce. Jaime Bergé defendió la iniciativa del Gobierno y tildó de “estúpidas” las declaraciones.

“Me parece que son estupideces porque obviamente el combustible que no se produce en San Juan al igual que otros insumos están contemplados en el proyecto. No sé porqué hablan tantas pavadas. Creo que si tienen algún problema deberían resolverlo en su provincia”, expresó Bergé a DIARIO DE CUYO ONLINE.

El referente del sector minero local mostró indignación ante las críticas publicadas en una nota del Diario Los Andes en la cuál el gerente general de la Cámara de Empresarios Mineros, Roberto Zenobi, expresó que la “ley no beneficiaría a nadie ya que el 50% o más de los proveedores de minería sanjuanina, provienen de Mendoza". En el mismo sentido, se manifestaron Mario Chabert, presidente de la misma Cámara, y Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza. Éste último, calificó el proyecto de ley sanjuanino como "inconstitucional" ya que entiende que “cuando se impone una ley que restringe la actividad comercial de una provincia, es algo ilegal".

En respuesta a todas estas declaraciones, el sanjuanino Jaime Bergé destacó que “en qué cabeza cabe que las empresas mineras que se instalan en la provincia beneficien a los mendocinos”. “Están llorando sin razón porque los insumos que no se producen en San Juan están contemplados. Lo que sucede es que el problema de Mendoza es saber qué van a hacer para vivir sin la minería”, alegó.

Catalogan de estúpidas críticas al compre minero

El Zonda

La Cámara Minera de San Juan y su par de servicios mineros salieron al cruce de los cuestionamientos de pares mendocinos al proyecto de compre minero local, apuntando a la ley “Cobos” que prohíbe en Mendoza el uso de sustancias químicas que utlizan otras industrias en la minería.

El proyecto del compre sanjuanino entró en comisión luego de ser presentado ante los legisladores provinciales. Esto inmediatamente generó la crítica de los medios de comunicación mendocinos que pusieron el grito en el cielo sobre el items que dice que “dice que la minería estará obligada a comprar el 75 por ciento de los insumos en San Juan y que para ello se tiene que formar un registro de proveedores que tendrá que cumplir con una serie de requerimientos específicos”. El tema es que este 75% que está obligado a comprarla minería en la provincia, es el que se puede generar en San Juan.
“No se porque hablan sin conocer el proyecto, me parecen estúpidas las apreciaciones de los mendocinos”, reaccionó con suma dureza el ingeniero Jaime Bergé, titular de la Cámara Minera de San Juan.

Al profundizar sobre el tema remarcó que “los mendocinos vienen a mendigar trabajo a la provincia, en lo que es minería, si no quieren venir que no lo hagan. No vaya a ser que se ensucien con cianuro y contaminen a Mendoza”, ironizó el dirigente al hacer una directa alusión a la norma mendocina que prohíbe el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en la minería.

De todos modos el pataleo mendocino no se sustenta en la pseudo posición ambientalista contra la minería, sino en el hecho de que “es un importante número de empresas de aquella provincia que viven gracias a la explotación minera en la provincia. De hecho prestan servicios en distintas ramas y lo hacen de la manera más silenciosa, puesto que de hacerse público podría ir en contra de su imagen en la vecina provincia.

La principal queja de los mendocinos es que la normativa sanjuanina los va a obligar a registrarse en la provincia en el RUPEM y con ello se logrará entre otras cosas que tengan que operar y facturar en la provincia, no como lo hacen en la actualidad, ya que tributan desde la vecina provincia.

Bergé marcó que “cuando se habla del 75 por ciento no se habla de la producción de combustibles,porque no tenemos, o de maquinaria pesada porque no tenemos”, afirmó. Bergé cuando mira las declaraciones de los mendocinos las califica de irresponsables.

A su vez el dirigente minero reclamó una mayor defensa de los intereses de la provincia de sus pares, ante el mutismo producto del embate mendocino.

No menos duro, fue el gerente de CASEMI San Juan, Alejandro Dona, quien dijo que “son declaraciones dirigidas que no tienen un sentido”.

En ese mismo camino, al igual que Bergé remarcó que “cuando hacen comentarios de la ley lo hacen de manera irresponsable, sin saber en que consiste el proyecto”.

Agregó que “en vez de gastar energías en criticar una ley de la provincia de San Juan, porque no redireccionan su fuerza en pelear contra la ley que prohíbe el desarrollo de la minería metalífera, en su propia provincia”.

Por otro lado, manifestó que “el que cuestiona el compre local, no sabe nada de minería porque va en contra de lo que se pregona por sustentabilidad”, apunta el dirigente. De hecho este concepto apunta a que cuando el mineral se extraiga de la mina, con el tiempo quede un desarrollo económico que pueda mantener el estatus de vida en las zonas de la explotación con la generación de otras opciones económicas.

Lo cierto es que el compre sanjuanino minero y el RUPEM con sus críticas sigue adelante como una forma de proteger la sustentabilidad de la minería en la provincia.

La iniciativa del gobierno provincial de promulgar una ley que les impondrá la contratación de proveedores y mano de obra local en los proyectos mineros, fue criticada por los referentes de la actividad de Mendoza.

Según publicó el diario Los Andes, en la vecina provincia aseguraron que la iniciativa es “es difícil de llevar adelante”. Roberto Zenobi, gerente general de la Cámara de Empresarios Mineros, estima que 50% o más de los proveedores de la actividad minera sanjuanina, provienen de Mendoza. Además, advierte que "hay muchos insumos que no se fabrican en San Juan". Además, dijo que la aprobación de la ley "no beneficiaría a nadie".

El empresario comentó que "es posible que se apruebe la ley, teniendo en cuenta la intención del gobierno sanjuanino de proteger a sus empresas, pero en la práctica, es muy difícil que se lleve a cabo".

Mario Chabert, presidente de la misma Cámara, coincidió en la lectura de Zenobi, y agregó que también se generarán costos administrativos, tanto a nivel gobierno como empresarial. "Se tendrían que crear estructuras de control extraordinario con un gran nivel burocrático", indicó.

En cuanto a los insumos que no se fabrican en San Juan, Chabert aseguró que "para algunas empresas, la sola compra del combustible en la destilería de Mendoza significa el 35% de sus costos de producción".

Por su parte, Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, calificó al proyecto de ley de compre sanjuanino como "inconstitucional".

"Estamos en un estado republicano y federal. La constitución expresa claramente que debe haber igualdad comercial en todo el territorio nacional", explicó el profesional.

Recordando el acuerdo de compre mendocino firmado entre la minera Vale y el Gobierno de Mendoza, Ferrer opinó que "es un caso diferente cuando se llega a un convenio entre una empresa determinada y el Estado".

El presidente de la Cámara de Servicio Mineros, entiende que un acuerdo de esta índole, está dentro del marco legal. Por el contrario, "cuando se impone una ley que restringe la actividad comercial de una provincia, es algo ilegal", apuntó.

Mario Chabert, también manifestó dudas sobre la constitucionalidad del proyecto y reveló que las empresas sanjuaninas con las cuales mantiene contacto, tampoco están de acuerdo con la propuesta.

Contundente. Así fue Pedro Mallea, presidente interino de la Cámara de Diputados de la provincia, quien aseguró que hay que evitar sumarle más conflictos al problema Pascua-Lama y se llamó al silencio al momento de opinar sobre los dichos vertidos por los empresarios mendocinos en contra del Compre Sanjuanino.

"No vamos a opinar de lo que opinan en Mendoza. Tenemos nuestra propia propuesta y es la que va a llegar el jueves al recinto", sentenció Mallea a Diario La Provincia asegurando que ya está casi lista con las sugerencias hechas por los sectores mineros sanjuaninos.

El proyecto de ley establece la creación del Registro Único de Proveedores Locales de Empresas Mineras, RUPEM y será tratado este jueves en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 2013. Emilio Fernández, presidente de la Comisión de Minería, indicó que la iniciativa del Poder Ejecutivo tiene la finalidad de sostener el empleo y mantener el nivel de actividad de las empresas sanjuaninas que trabajan el sector de la minería.

Fernández manifestó que en primer lugar todas las empresas que ofrecen servicios en la actividad de la minería deberán registrase y las empresas que explotan los emprendimientos tendrán la obligación de comprar el 75% de los insumos. También la futura norma establece que el 75% de la mano de obra contratada en las empresas mineras deben ser de San Juan.