El Gobierno volvió a utilizar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) como una herramienta de presión en una disputa empresarial que involucra al Estado. Tras haberla movilizado contra el grupo Clarín, ahora la administración kirchnerista se recostó en la CNV para lanzar una nueva ofensiva contra el grupo Repsol.

Ante un planteo de la restatizada YPF, el organismo que preside Alejandro Vanoli dispuso instruir un “sumario” a los directores titulares de la petrolera que representan a Repsol, Luis García del Río y Carlos María Tombeur, por “la presunta existencia de un conflicto de intereses y la actitud obstaculizadora respecto del normal desenvolvimiento de la empresa”.

La denuncia de la petrolera comandada por Miguel Galuccio se produjo por el reclamo de los directores de Repsol para acceder a la documentación del acuerdo que YPF cerró con Chevron para la explotación de recursos no convencionales en Vaca Muerta. Ese planteo fue rechazado por el comité de auditoría de YPF y la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal.

Con estos antecedentes, la CNV resolvió –por medio de la resolución 17229–abrir un sumario a los dos directores de Repsol por la posible infracción a los artículos 59 y 272 de la Ley de sociedades comerciales. Dichos artículos establecen que los administradores de una empresa deben “obrar con lealtad y con diligencia” y “abstenerse de intervenir ante la existencia de “interés contrario” a la misma.

Tras citar a los representantes de Repsol a una audiencia preliminar para el 2 de febrero, la CNV indicó que “la investigación sumarial tiene por objeto “precisar todas las circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la eventual comisión de irregularidades e individualizar a los responsables y proponer sanciones”. En su denuncia, YPF expuso que “Repsol mantiene una serie de acciones judiciales y arbitrales en Argentina, España y Estados Unidos contra el Estado, terceros relacionados con YPF –entre ellos, Chevron– y la propia compañía con el único y exclusivo objeto de obstaculizar su gestión empresarial ”.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) resolvió instruir sumario a los directores que representan a Repsol en el directorio de YPF, Luis García del Río y Carlos Tombeur, por posible conflicto de intereses con la petrolera argentina. La resolución, que lleva el número 17.229, fija audiencia preliminar para el 12 de febrero.

La medida sigue a un pronunciamiento de la comisión de auditoría de YPF que declara el conflicto de intereses y a un fallo de la Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial que denegó la solicitud de García del Río para que YPF le entregue una copia del contrato firmado con Chevron.

Estas decisiones se fundamentan en la litigiosidad de Repsol contra YPF y el Estado argentino, y en la necesidad de limitar a los representantes de la empresa española el acceso a la información sensible de la petrolera. Pero también ponen en evidencia que YPF descree ya de llegar a un acuerdo con la actual conducción de Repsol sobre la expropiación de las acciones. 

La denuncia de YPF que da origen a la resolución de la CNV expresó que "Repsol ha iniciado una batería de acciones comerciales y judiciales tanto en la Argentina como en EE.UU. y en España con el objetivo de obstaculizar la actividad de YPF". Añadió que la empresa española "pretende presionar al Estado nacional para obtener una mejor posición de negociación por la indemnización de sus activos sujetos a expropiación". También destacó que en respuesta al acuerdo con Chevron, "la estrategia litigiosa de Repsol sumó acciones concretas dirigidas a obstaculizar la explotación no convencional de hidrocarburos". 

A su vez, la resolución de la CNV se fudamentó en que este organismo "tiene el deber de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente que rige a las sociedades que intervienen en el ámbito de la oferta pública de valores negociables".

También se menciona el artículo 59 de la Ley 19.550 en cuanto a que "los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios", y "los que faltaren a sus obligaciones son responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resultaren de su accionar".