El jefe del bloque de senadores kirchneristas, Miguel Pichetto, valoró el "arduo trabajo" para la elaboración de la nueva reglamentación, precisó que el oficialismo incorporó 180 modificaciones y rechazó por incorrectas las críticas de la oposición que no acompañan el dictamen de mayoría con fundamento en la falta de consenso político necesario, algo que consideró "inexistente".

Pichetto declaró que "no hay precedente de un tratamiento de un Código con las características y la forma en que trabajó este Congreso", y criticó a "aquellos que siempre descalifican la tarea del Parlamento".

El jefe de los senadores del Frente para la Victoria (FPV) dijo que el oficialismo espera poder concretar la aprobación antes del 10 de diciembre, ya que sería "un acto de justicia".

Enumeró algunos de los cambios introducidos por el oficialismo al proyecto original como "el fortalecimiento de los derechos de los pueblos originarios; la delegación de la protección del embrión en una ley especial, la eliminación de la gestación por sustitución, de la fecundación post-mortem y de la función social de la propiedad".

"No nos vamos a comprar este debate que es construido falsamente", advirtió en respuesta a las críticas opositoras y consideró que "con las normas de la Constitución y la propia letra del Código se mantiene el derecho a la propiedad como derecho inalienable", pero aclaró que "también existe posibilidad de la función social cuando el Estado lo considere".

Informó que se agrega en el nuevo Código "la imprescriptibilidad para las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad", y "se elimina el vínculo afectivo para la adopción y se estipula el plazo de 90 días para determinar la situación de adoptabilidad del niño".

También se modifica, detalló, el régimen de obligaciones tributarias y se otorga una mayor responsabilidad a la asamblea en la administración de los inmuebles denominados como PH.

Por su parte, el senador Aníbal Fernández, también coincidió en rechazar las críticas y evaluó que el texto aprobado implica "una propuesta política absolutamente consolidada".

Por el radicalismo, el senador Ernesto Sanz explicó que su bloque está de acuerdo con la reforma pero no con la integralidad del dictamen de mayoría, por considerar que la exclusión del Código de la regulación sobre la responsabilidad del Estado en demandas judiciales "ha roto la posibilidad de consenso".

"La no incorporación de la cuestión de la responsabilidad del Estado y su tratamiento en paralelo supone para la UCR un límite y un posicionamiento diferente respecto a la búsqueda de consenso", explicó antes de anunciar que la UCR presentaría un dictamen propio.

En representación del PRO, el diputado Pablo Tonelli reconoció el nivel de debate pero lamentó la "falta de tiempo" para discutir los dictámenes de cada bloque.

“Yo no creo que hayan hecho algo a las apuradas”, expresó la diputada Graciela Camaño, aunque anticipó que el Frente Renovador tampoco avalaría los cambios introducidos a la iniciativa.

La cuestión del comienzo de la existencia humana y si el embrión es considerado persona con la fecundación o si cuando es implantado en el seno materno motivó un fuerte intercambio entre algunos legisladores.

Encabezada por el presidente de la Comisión Bicameral Especial, el senador Marcelo Fuentes, la reunión contó con la participación de casi todos los diputados integrantes, entre quienes estaban Julián Domínguez, Eduardo "Wado" de Pedro, Luis Cicogna y Graciela Gianettasio, por el oficialismo; junto a Ricardo Gil Lavedra, Graciela Camaño, María Luisa Storani, Liliana Parada y Pablo Tonelli, entre los miembros de la oposición.

En el final de la reunión, Pichetto afirmó que "no hay nada tallado en la piedra que no pueda debatirse, todo puede modificarse y todo es perfectible".

Asumió el compromiso de seguir conversando hasta el 27 de noviembre, pero pidió firmar el dictamen para cumplir con la formalidad.

Por último, Fuentes agradeció a los asesores y a los trabajadores, tanto del Congreso como de las distintas provincias y universidades que participaron de los foros de debate, y puso el dictamen a la firma de los diputados.

Con nuevas e importantes concesiones a la Iglesia, el oficialismo aprobó ayer el dictamen sobre la reforma y unificación del Código Civil y Comercial. Lo hizo en soledad: todo el arco opositor anticipó que votará en contra, pues se excluyó del texto la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios cuando se comete un daño a terceros.

Además, fuera de los reclamos de la Iglesia, el dictamen oficialista eliminó la figura de la responsabilidad social de la propiedad, que había generado reclamos. El texto original establecía que la propiedad tiene una función social y, por lo tanto, debía estar sujeta a las leyes con fines de bien común.

El kirchnerismo pretende aprobar el nuevo código el miércoles próximo, en el Senado, para que pase a Diptados. En el ínterin podría haber nuevos cambios, anticipó ayer el jefe del bloque de senadores oficialistas, Miguel Pichetto. "Ésta no es la piedra de Moisés; toda obra es perfectible", insistió, en aras de conseguir un mayor apoyo político a una ley que, por ahora, sólo cuenta con el voto del oficialismo.

Entre las novedades que el kirchnerismo introdujo, luego de reclamos explícitos de la Iglesia, se confirmó que la vida humana comienza con la concepción y se eliminó la filiación post mórtem. Ello se suma a la prohibición de la gestación por sustitución (alquiler de vientres), quitada la semana pasada.

Estas concesiones a la Iglesia, gestionadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, provocaron cierto malestar en el ala progresista del oficialismo, más identificada con la propuesta original que elevó la comisión redactora, integrada por los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco y la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci. Sin embargo, la sangre no llegará al río: el oficialismo cerrará filas en torno del nuevo dictamen, pues cuenta con la venia de la propia presidenta Cristina Kirchner.

Los legisladores de la UCR no pudieron ocultar su fastidio por la disposición que confirma que la vida humana empieza con la concepción. "Es gravísimo -alertó el jefe del bloque de diputados radicales Ricardo Gil Lavedra-. ¿Qué significa esto? ¿Que al que se le cae por error una probeta incurre en aborto? No tenemos sancionado nada serio sobre preservación de los embriones y estamos diciendo que son personas", exclamó.

La senadora Liliana Negre de Alonso, del peronismo disidente, celebró los cambios y no se descartaba ayer, que termine apoyando en general la iniciativa.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Más allá de eso, el problema que divide aguas es la responsabilidad del Estado y de los funcionarios.

El oficialismo insistió en que este tema debe ser excluido del nuevo Código Civil y Comercial para ser regulado por una ley especial: a su juicio, la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios compete al fuero administrativo y debe estar sujeta a la legislación de cada provincia y municipio. "No seamos ingenuos -enfatizó ayer Pichetto-. El Estado pierde siempre todos los juicios y detrás de las demandas están los grandes estudios jurídicos. Estamos preservando al Estado frente a la «patria pleitera»."

Tanto el FAP como la UCR rechazaron esta postura. "En un Estado de Derecho, el principio general debe tener al Estado como responsable de los daños causados por su actividad en igualdad de condiciones con los demás actores sociales. Se instaura un verdadero régimen de irresponsabilidad", advirtieron el senador Rubén Giustinianni y el diputado Juan Carlos Zabalza, ambos del FAP.

La UCR acusó al oficialismo de "amputar" lo que había escrito la comisión redactora, que había incluido la responsabilidad del Estado en el Código Civil. Y denunció que el Gobierno "rompió toda posibilidad de consenso".

También el Frente Renovador, Pro y Unidad Popular rechazaron el dictamen oficial. "Éste es el código del Frente para la Victoria", asestó Graciela Camaño (Frente Renovador. "El oficialismo renuncia a la búsqueda de consensos y apura el debate de manera imprudente", sostuvo Pablo Tonelli (Pro). "Este Código Civil es de sesgo neoliberal y va contra los derechos de los trabajadores", advirtió Liliana Parada (Unidad Popular).

EMPRESARIOS Y ABOGADOS EN SEÑAL DE ALERTA

Tanto el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal como la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham) cuestionaron el proyecto de ley de reforma del Código Civil que impulsa el kirchnerismo. Para el Colegio de Abogados, "el proyecto de Código Civil y Comercial unificado define nuevas reglas de la vida civil que, en algunos casos, entrañan situaciones de incertidumbre tal que el fantasma de la inseguridad jurídica sobrevuela la lectura de su texto". En tanto, la Amcham envió una carta a la Comisión Bicameral para acercar la preocupación de las empresas por el alcance del proyecto en lo que se refiere a la responsabilidad civil del Estado, los límites de los derechos individuales y la pesificación de contratos en moneda extranjera.

Los cambios que introdujo el bloque oficialista fueron detallados por el titular de la bancada, Miguel Angel Pichetto. El artículo 19 del proyecto redactado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y la jueza Elena Highton de Nolasco establecía que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno. En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado".

Ahora, a pedido de la senadora puntana ultracatólica Liliana Negre de Alonso se eliminó la frase "en el seno materno" y se quitó lo referido específicamente a las técnicas de fertilización artificial, por lo que cada embrión no implantado debería ser considerado como persona. "La existencia de la persona humana comienza con la concepción", dice ahora el breve artículo 19.

El jefe del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, expresó su rechazo al cambio de "último momento" del oficialismo para establecer el inicio de la vida desde la concepción y alertó que "están asestando un golpe mortal a las técnicas de fecundación". La diputada radical María Luisa Storani también rechazó la modificación, que podría ir contra la posibilidad de legislar el aborto. Además, criticó que del proyecto se haya quitado la fecundación post mortem y la gestación por sustitución (alquiler de vientre).

Pichetto aseguró que la fecundación asistida está incluida en el nuevo Código y dejó abierta la puerta para introducir nuevos cambios al proyecto hasta que llegue al recinto el 27 de noviembre. El jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, Miguel Pichetto, valoró el "arduo trabajo" para la elaboración de la nueva reglamentación y rechazó las críticas de la oposición, que no acompañó por considerar que no reunió "el consenso político necesario".

El senador rionegrino enumeró algunos de los cambios introducidos por el oficialismo al proyecto original como "el fortalecimiento de los derechos de los pueblos originarios; la delegación de la protección del embrión en una ley especial, la eliminación de la gestación por sustitución, de la fecundación post-mortem y de la función social de la propiedad".

"No nos vamos a comprar este debate que es construido falsamente", advirtió en respuesta a las críticas opositoras y consideró que "con las normas de la Constitución y la propia letra del Código se mantiene el derecho a la propiedad como derecho inalienable", pero aclaró que "también existe posibilidad de la función social cuando el Estado lo considere". Informó que se agrega en el nuevo Código "la imprescriptibilidad para las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad", y "se elimina el vínculo afectivo para la adopción y se estipula el plazo de 90 días para determinar la situación de adoptabilidad del niño".

En el final de la reunión, Pichetto afirmó que "no hay nada tallado en la piedra que no pueda debatirse, todo puede modificarse y todo es perfectible". Asumió el compromiso de seguir conversando hasta el 27 de noviembre, pero pidió firmar el dictamen para cumplir con la formalidad.