YPF y la estatal Enarsa lograron superar el escollo judicial que estaba jaqueando las megacompras externas de gas por barco que cerraron anticipadamente para cubrir la demanda interna del próximo año.

La Unión de Consumidores de Argentina (UCA) desistió de la medida cautelar que había obtenido en octubre y por la cual el Gobierno no podía aceptar ofertas de la empresa española Gas Natural Fenosa (GNF).

Las autoridades de YPF y Enarsa habían quedado en la mira por una posible “desobediencia judicial “ al haberle adjudicado a Gas Natural Abastecimiento (GNA)–controlada íntegramente por GNF–-un megacontrato de US$ 2.250 millones por 50 de los 100 cargamentos de GNL licitados el mes pasado.

Según explicó el titular de la UCA, Fernando Blanco Muiño “la cautelar había perdido sentido porque recaía especificamente en GNF y no en GNA a la que se terminó contratando para abastecer la regasificadora de Escobar”.

Si bien el “desestimiento” de la UCA (una de las entidades “castigada” por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno con la suspensión del registro nacional) convalida el accionar de YPF y Enarsa, la causa original sigue adelante y apunta a dos cuestiones clave. Por un lado, la supuesta ilegalidad del convenio que Enarsa firmó el año pasado con YPF para que actúe como “intermediaria y gestora” de las compras de GNL. Y por otro lado, la inconstitucionalidad del artículo 15 de la ley 26741 que “blindó” a la restatizada YPF de los controles públicos de la AGN y la Sigen y le permite a sus autoridades no informar los honorarios.