Representantes de empresas mineras que operan en San Juan manifestaron ayer su malestar e incertidumbre luego de conocer la intención del Gobierno provincial de promulgar una ley que les impondrá la contratación de proveedores y mano de obra sanjuanina, pues advirtieron que hay insumos y tareas que no se consiguen en San Juan, y que la iniciativa provocará sobrecostos, en un momento donde la inversión minera esta deprimida.

El domingo DIARIO DE CUYO anticipó el proyecto de ley que esta semana tomará estado parlamentario, de creación de un Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras (RUPEM); cuya intención final es obligar a las compañías mineras a contratar en proveedores y mano de obra local el 75% de lo que facturen en el año en obras, insumos y bienes. También aumentarán un 50% los impuestos a las compañías que trabajen en minería pero que no estén asentadas en la provincia. ‘’El combustible solamente, que se compra a un mayorista de afuera, puede llevar el 30% de mis compras.

Es absurdo que quieran poner un porcentaje porque no va a faltar un tipo que compre el combustible, haga de intermediario, y lo venda 20% más caro porque se establece en la provincia’’, opinó un empresario del sector en voz baja. La iniciativa causó tal revuelo en el sector minero, que ayer se supo que las empresas han solicitado una reunión urgente de la Cámara Minera que las agrupa, para tratar el tema y definir las acciones a seguir. Por lo bajo, también cuestionaron al presidente de la entidad, Jaime Bergé, que salió a apoyar la medida que perjudica a varios de sus socios. Una postura que cobra fuerza consiste en pedir al Gobierno y a los legisladores que se convoque a las empresas a dialogar y consensuar los términos del proyecto de ley, de acuerdo a la realidad que vive el sector minero en la provincia.

Lo más cuestionado:

Las quejas unánimes apuntaron contra la aplicación de un porcentaje de volumen de compra obligatorio del 75%, porque aducen que hoy será imposible de cumplir teniendo en cuenta que hay insumos que no se consiguen en la provincia. Mencionan como principales servicios a la energía, el combustible o el cianuro usado en la lixiviación del oro que las mineras compran al sector mayorista y que les consumen un alto porcentaje del volumen total de compras anuales. ‘’Yo podría decidir comprar generación en San Juan, pero ¿hay disponible?’’, se quejó otro empresario del sector.

Otro punto polémico es la definición de quién es un proveedor local, ya que el proyecto los identifica por tener domicilio legal y fiscal en la provincia, y 80% de trabajadores que vivan en San Juan. ‘’Viene una empresa de afuera, alquila una oficina y contrata dos empleados, y hace de intermediario para traer cosas de afuera, ¡eso no es local!’’ dijo una de las fuentes. Otro representante minero se preguntó cómo se considerará la comercialización con firmas foráneas que se radicaron en San Juan -mencionó a Finning, Sullair y Atlas Copco- pero que entregan facturas de Buenos Aires.

Según datos proporcionados en diferentes momentos por mineras que operan en San Juan, el volumen de compra local en general no alcanza el porcentaje que pretende el Gobierno. En Casposo dicen que el 95% de personal es local, pero no es tan alto en la compra de insumos. En Gualcamayo, que profundizó el programa de sustituciones, buscan llegar el 92%, pero en 2012 el porcentaje de compre local en pesos fue del 60% y al primer semestre del 2013 iban por el 50%. El reporte 2012 de Barrick dijo que el 85% de compras fueron hechas a empresas argentinas, pero no habla de las locales.

Claves

1: El proyecto de ley crea un Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras (RUPEM), obligatorio y público, donde se inscribirán todas las firmas con domicilio legal y fiscal en San Juan y tengan aquí al menos el 80% de trabajadores.

2: Las empresas mineras obligatoriamente tendrán que contratar el 75% del monto total de sus obras, insumos y servicios en proveedores locales del Rupem. Además deberán contar con el mismo porcentaje de mano de obra local.

3: Las empresas mineras que no cumplan serán sancionadas con multas de unidades tributarias que hoy irían de 100 mil a 1 millón de pesos. La iniciativa además incrementa en 50% los Ingresos Brutos y sellos a firmas foráneas.