El Gobierno provincial ha dispuesto crear por ley un Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras (RUPEM), en el que todos los proveedores deberán anotarse para poder operar, y en el cual se incluirán dos cláusulas que son clave para la toma de mano de obra y trabajo local: Una es que se obligará a las empresas mineras a que el 75% del monto total anual de sus facturaciones en obras, bienes e insumos los contraten con proveedores locales inscriptos en ese registro, y además; el 75% de los trabajadores contratados deberán tener domicilio real en San Juan.

La otra cláusula es que el Ejecutivo podrá aumentar hasta en un 50% los impuestos sobre Ingresos Brutos y Sellos a los proveedores mineros que no tengan domicilio legal y fiscal en la provincia. Esto abarca a los proveedores de obras, bienes y todo tipo de servicios a empresas mineras. El proyecto se viene trabajando hace meses por pedido del gobernador Gioja -de hecho, en julio pasado lo adelantó el ministro de Minería, Felipe Saavedra-, ahora tiene la anuencia del vice Sergio Uñac y quieren que esta semana tome estado parlamentario, según confirmaron ayer fuentes oficiales.

En la actualidad en San Juan se prioriza la mano de obra local a través de un enunciado de carácter administrativo que está inserto en las Declaraciones de Impacto Ambiental que otorga el gobierno provincial a las mineras como paso previo a la explotación de algún proyecto. Pero ahí no se establecen porcentajes mínimos, solo se indica la obligación de priorizar la contratación de trabajo local. ‘’Eso que se pone en la DIA, en la práctica nadie lo cumple, por lo que ahora si se implementa por ley es fantástico’’, dijo ayer el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé quien al ser consultado no ocultó su apoyo al proyecto. ‘’Las empresas vienen, exportan y se van, y no dejan nada en el mercado local. Al menos al ser por ley, te garantiza que se pueda aplicar recurriendo a cualquier ámbito judicial’’, agregó el empresario minero.

En el proyecto que enviará el Ejecutivo a Diputados también se incluyen sanciones a las empresas mineras que no cumplan con la obligación de contratar al 75% del monto total anual en proveedores locales: recibirán una multa de entre 1 millón y 10 millones de unidades tributarias, lo que en la actualidad asciende a cifras que van de 100 mil a 1 millón de pesos. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Minería y las mineras deberán presentar anualmente una declaración jurada que contenga la nómina de sus proveedores y montos contratados, y la de los trabajadores bajo su dependencia.

De esta forma un tema de debate como es el beneficio que deja la gran minera en la provincia, tanto en el desarrollo de proveedores locales de acuerdo al volumen de contratos, como al de trabajadores sanjuaninos; se instalará en estos días en los legisladores provinciales. Según datos proporcionados por la Cámara Minera actualmente se calcula que un 70% del volumen de facturación queda en empresas que no son sanjuaninas. ‘’Es que habían contratos de grandes montos de dinero en pocas empresas que no son de aquí’’, explicó Bergé.

El empresario también apoyó la inclusión de un articulo que aumente los impuestos a las empresas que no están radicadas en San Juan -’’es un recargo a los que son de afuera, me parece bien, de alguna manera tiene que haber una ventaja local’’, dijo- y opinó que ahora que se ha producido un parate económico en el sector minero sanjuanino ‘’es el momento oportuno’’ para aplicar esta ley de compre local. ‘’Es el momento justo, porque ahora es cuando se necesita ubicar mano de obra local y a las empresas sanjuaninas’’, aseguró. La gran desaceleración económica local se produjo a causa de la decisión de la minera Barrick -anunciada el jueves 31 de octubre- de suspender temporalmente la construcción del proyecto Pascua Lama, manteniendo solo las obras que se requieren para la protección del medio ambiente y el cumplimiento regulatorio.

Para ello solo invertirá unos 400 millones de dólares en el 2014 (en lugar de los U$S2.000 millones hasta el 2015 anunciados en julio pasado), la mayoría para su mina Veladero, en producción, y en menor medida para Lama para mantener el ritmo mínimo. De enero a la fecha ya se han despedido 6.700 empleados y hay en riesgo otros 5.000 a pesar de que la minera se comprometió a mantenerlos.

En proyectos

En Mendoza y en Catamarca hay proyectos en diferentes estadios de tratamiento legislativo que obligan a la contratación de trabajadores locales y a adquirir productos locales, en la primer provincia con porcentajes mínimos y en la otra con otros mecanismos.

Apoyo

El Gobierno provincial ya presentó a los proveedores y sectores mineros el proyecto para asegurar un mayor porcentaje de trabajo local ahora que la inversión minera se ha reducido. Las autoridades lo hicieron en una reunión realizada el viernes pasado, y según las fuentes oficiales, todos los actores empresarios apoyaron la iniciativa que redundará en beneficios para el sector. No fue posible contactar ayer a los representantes del sector, pero el titular de la Cámara Minera se mostró entusiasmado con la iniciativa.

El Gobierno sanjuanino que lidera interinamente Sergio Uñac -en reemplazo de José Luis Gioja, quien continúa internado-, presentará esta semana una iniciativa de ley que establece el Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras (RUPEM), que impone cláusulas para mantener en pie la mano de obra local y la provisión de materiales e insumos dentro del mismo distrito, tras los anuncios del gigante canadiense Barrick Gold de desacelerar el desarrollo del proyecto binacional Pascua Lama.

La iniciativa en cuestión obligará a las empresas mineras a que el 75% del monto total anual de sus facturaciones en obras, bienes e insumos los contraten con proveedores locales inscriptos en el RUPEN, según indicaron dos fuentes de primer nivel del Ejecutivo provincial a Ámbito Nacional. El otro punto a destacar que contiene el texto es que el 75% de los trabajadores contratados deberá tener domicilio real en San Juan.

El proyecto además contiene, en otro artículo, que la gestión provincial podráaumentar hasta en un 50% los impuestos sobre Ingresos Brutos y Sellos a los proveedores mineros que no tengan domicilio legal y fiscal en la provincia, en complemento con los puntos anteriores. Los afectados por esta nueva imposición serán los relacionados con obras, bienes y todo tipo de servicios a este tipo de empresas mineras.

Desde la Cámara Minera de San Juan, su titular, Jaime Bergé, señaló que "las empresas vienen, exportan y se van, y no dejan nada en el mercado local", y destacó que al contar con una ley, se garantizará que lo establecido "se pueda aplicar recurriendo a cualquier ámbito judicial".

Las multas a las empresas que no cumplan con lo establecido irán de 100 mil a un millón de pesos. Para el control, las mineras deberán presentar anualmente una declaración jurada con la nómina de sus proveedores, montos contratados y del total de empleados.