La petrolera YPF y la estatal Enarsa quedaron en la mira de la Justicia por no haber respetado un fallo que les impedía contratar a la Gas Natural Fenosa (GNF), a la cual le adjudicaron una megacompra de gas por US$ 2.250 millones.
Tras ratificar la vigencia de la cautelar contra GNF, el juez federal, Ernesto Marinelli, intimó ayer a YPF y Enarsa para que, en 24 horas, le remitan toda la documentación del proceso licitatorio y le informen por qué contrataron a la española GNF.
Por una resolución judicial, GNF no podía presentar ofertas porque el grupo Repsol, que es uno de sus principales accionistas, también lo es de YPF, la encargada de definir las compras. Para la Justicia, GNF tenía –por el doble rol de Repsol– una posición preferencial y el acceso a información privilegiada” que violaba los principios de transparencia e igualdad de la licitación.
El titular de la Unión de Consumidores de Argentina (UCA), Fernando Blanco Muiño –promotor de la demanda– destacó que “con los elementos que ahora aportarán las empresas se podrán determinar las responsabilidades administrativas y penales de los directivos de YPF y Enarsa que desobedecieron a la Justicia y adjudicaron el millonario contrato casi en secreto y de manera sospechosa”.
El juez también aceptó las apelaciones de YPF y Enarsa. Lo hizo con “efecto devolutivo”, es decir sin suspender la medida cautelar. Las empresas tienen 10 días hábiles para fundamentar la apelación. Luego, la UCA tendrá un plazo similar para fijar su posición antes de que se eleve el caso a la cámara.
