YPF ratifica que, contrario a las versiones periodísticas surgidas hoy, el acuerdo firmado con Chevron para el desarrollo del primer cluster de shale en Vaca Muerta no posee cláusulas secretas.
La información publicada por un portal, que se hace eco de una nota del diario New York Times, y que está siendo replicada por distintos medios, como “una cláusula secreta”, es de público conocimiento y ya fue reflejado por la prensa oportunamente, como el caso Infobae, Ámbito Financiero, El Cronista, Página 12 y Clarín, entre otros (ver al final).
El pasado 29 de agosto el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, brindó una conferencia de prensa ante más de 30 periodistas donde explicó todos los detalles del acuerdo entre ambas compañías. A continuación, se ofrece un fragmente textual de las declaraciones de Galuccio de ese día, cuando se refirió al tema en cuestión:
“El acuerdo entre YPF y Chevron tiene un cronograma. El desarrollo piloto tiene una curva de producción entre 50 y 75 mil barriles. Esa curva se produce para el proyecto. A partir de los cinco años Chevron podrá exportar el 20 por ciento del crudo proveniente de este proyecto, mientras que YPF tomará el petróleo liviano para abastecer a sus refinerías y aumentar la producción local. La primera etapa de desembolso es de 300 millones de dólares por parte de Chevron para pagar el 50% de la inversión realizada por YPF en el día de hoy. YPF garantiza este desembolso hasta la ejecución de la documentación definitiva. El segundo desembolso tras la firma de documentos finales será de 940 millones de dólares. En una segunda etapa, tras el cierre de la etapa piloto, Chevron podrá elegir si continúa con el desarrollo masivo o si se retira. En ese caso, sólo tendrá derecho al 50 por ciento de la producción de los pozos perforados en la primera etapa.”
Links a algunas de las notas publicadas:
• http://www.ambito.com/noticia.asp?id=704412
Miguel Galuccio, el CEO de YPF, tuvo que salir a desmentir, una vez más, que el acuerdo con Chevron para el desarrollo de una parte del megayacimiento Vaca Muerta, posea cláusulas secretas. Fue a raíz de un extenso artículo sobre el convenio que publicó The New York Times. Allí sostenían que “funcionarios petroleros argentinos dijeron que el acuerdo Chevron-YPF protegerá a la empresa estadounidense de pérdidas ligadas a un cambio de los vientos políticos” y que, 18 meses más tarde de invertir los US$ 1.200 millones, la firma “puede retirarse de las operaciones sin penalización y continuar recibiendo los beneficios netos del 50% de la producción de los pozos iniciales a perpetuidad”. Ese dato fue interpretado como “la cláusula secreta” por algunos medios, hecho que YPF desmintió. También negaron que las regalías de Chevron fueran a perpetuidad.
Ámbito Financiero
YPF reiteró ayer que el acuerdo con Chevron para explotar un área en Vaca Muerta no tiene cláusulas secretas, saliendo al cruce de una nota publicada por The New York Times según la cual el contrato incluiría cobertura por riesgos y pérdidas para la petrolera estadounidense y que ésta podría retirarse de la inversión a los 18 meses sin penalidad y cobrar "regalías a perpetuidad por los pozos iniciales".
Según la publicación, "funcionarios petroleros argentinos dijeron que el acuerdo Chevron-YPF protegerá a la empresa estadounidense por pérdidas ligadas a un cambio en los vientos políticos. Después de que la compañía invierta u$s 1.200 millones, 18 meses más tarde se puede retirar de las operaciones sin penalidad y continuar recibiendo ganancias netas del 50% de la producción a perpetuidad sobre los pozos iniciales".
En respuesta, YPF recordó la información que dio el titular de la empresa, Miguel Galuccio, en conferencia de prensa a fines de agosto, la cual fue reflejada en los medios locales, incluyendo Ámbito Financiero. Las principales afirmaciones de Galuccio fueron:
El Cronista
Un artículo publicado el martes pasado por The New York Times (NYT) sobre el contrato que YPF y Chevron firmaron en junio pasado para desarrollar tareas de exploración en conjunto en el mega yacimiento de hidrocarburos no convencionales en un área de Vaca Muerta (Neuquén) volvió a desencadenar una fuerte polémica a raíz de la publicación de una supuesta “cláusula secreta” que tendría el acuerdo comercial. La noticia cobró una fuerte repercusión ayer en los medios locales, e inmediatamente fuentes de la estatizada petrolera volvieron a negar que el contrato –que no se ha difundido y continúa bajo estricto hermetismo– contenga “cláusulas secretas” y señalaron que la información publicada por el diario estadounidense “es de público conocimiento”.
El periódico afirmó, a través de un nota titulada An Odd Alliance in Patagonia (Una extraña alianza en la Patagonia), con fuentes no identificadas que el acuerdo incluye cobertura por riesgos y pérdidas para la petrolera estadounidense y que ésta podrá retirarse de la inversión a los 18 meses sin penalidad y cobrar a perpetuidad por los pozos iniciales. “Funcionarios petroleros argentinos dijeron que el acuerdo Chevron-YPF protegerá a la empresa estadounidense por pérdidas ligadas a un cambio en los vientos políticos. Después de que la compañía invierta u$s 1,200 millones, 18 meses más tarde se puede retirar de las operaciones sin penalidad y continuar recibiendo ganancias netas del 50% de la producción a perpetuidad sobre los pozos iniciales”, textualmente publicó el NYT.
Ante la interpretación de ciertos medios, YPF transcribió en un comunicado declaraciones que hiciera su presidente, Miguel Galuccio, el 29 de agosto en una rueda de prensa, en la que se refirió al “cronograma” del acuerdo, que implica una inversión inicial de u$s 1.240 millones en 18 meses. En esa conferencia, a la que también asistió el responsable para África y América latina de Chevron, Ali Moshiri, se detalló que la firma estadounidense desembolsará en principio unos u$s 300 millones del total de la inversión inicial para pagar el 50% de la inversión que ya fue realizada por YPF. Más tarde, Chevron invertirá los u$s 940 millones restantes, que en conjunto estarán destinados al desarrollo de un piloto sobre 20 kilómetros cuadrados de la nueva área denominada Loma Campana, ubicada en Vaca Muerta. Para la segunda etapa del proyecto se estima la perforación de más de 1.500 pozos con una inversión conjunta de otros u$s 15.000 millones, en un área de 390 kilómetros cuadrados, sobre la superficie total de 30.000 kilómetros cuadrados de Vaca Muerta, de los cuales 12.000 kilómetros están bajo la concesión de YPF.
En la segunda etapa, tras el cierre de la etapa piloto, Chevron podrá elegir si continúa con el desarrollo masivo o si se retira y en ese caso, sólo tendrá derecho a 50% de la producción de los pozos perforados en la primera etapa”, recuerda YPF que señaló Galuccio en esa conferencia. En este punto, fuentes de la compañía aclararon que “no se trata de regalías –que sólo cobra el Estado provincial; en este caso, Neuquén– si no del derecho a cobrar por las ganancias de la producción en la que Chevron financió” y detallaron que “tampoco es perpetuo”. “Ese derecho está vigente para Chevron en tanto los pozos sigan siendo productivos y hasta cuando venza la concesión del área Loma Campana, en el 2048”, explicaron fuentes de YPF a El Cronista. Una vez que la concesión venza, la propiedad de los recursos y las facilities (todo lo que está en la superficie) pasan a manos del poder provincial. En YPF sostienen que lo difundido por la prensa local “responde a una operación mediática para perjudicar a la empresa o boicotear el acuerdo”.
El martes, el diario norteamericano The New York Times publicó un extenso artículo dedicado al tema. En uno de sus últimos párrafos señaló: "Funcionarios argentinos vinculados con el sector petrolero dijeron que el acuerdo Chevron-YPF escudará a la compañía americana de pérdidas financieras relacionadas con un cambio en los vientos políticos". Y agregó que Chevron podrá retirarse de las operaciones en la Argentina "sin pagar penalidades" y continuar recibiendo "beneficios netos por el 50% de la producción de los pozos iniciales a perpetuidad".
El texto hacía referencia al convenio de inversión que firmaron el 29 de agosto Miguel Galuccio, presidente de YPF, y Alí Moshiri, presidente para América latina y África de Chevron, para avanzar en una inversión conjunta en la concesión Loma Campana, en la muy publicitada formación Vaca Muerta.
Cuestionamientos
El acuerdo contempla la inversión de 1240 millones de dólares en una primera etapa (Chevron depositó los primeros US$ 300 millones, luego de que la Legislatura neuquina aprobara el convenio), que se extendería por aproximadamente un año.
Al cabo de ese período, Chevron podrá optar por continuar en el proyecto y encarar su desarrollo masivo o abandonarlo. Si elige la última opción, de acuerdo con la explicación de Galuccio poco después de la firma del acuerdo, la norteamericana "sólo tendrá derecho al 50% de la producción de los pozos perforados en la primera etapa".
LA NACION consultó a diversos empresarios petroleros con respecto a ese punto. La mayoría se excusó de hacer comentarios debido a que se desconocen números precisos relacionados con el convenio. Uno de ellos, sin embargo, sostuvo luego de pedir la reserva de su nombre: "Es posible que una empresa abandone un proyecto y continúe cobrando utilidades, pero luego de deducir diversos gastos sobre la utilidad bruta".
Ayer por la tarde, la petrolera local difundió un comunicado con críticas a la lectura que hicieron los medios nacionales de la nota publicada en el diario norteamericano, pero no hizo una corrección específica sobre el texto original.
"YPF ratifica que, contrario a las versiones periodísticas surgidas hoy, el acuerdo firmado con Chevron para el desarrollo del primer clúster de shale [hidrocarburos no convencionales] en Vaca Muerta no posee cláusulas secretas", sostuvo la compañía.
"Fue una operación mediática y orquestada con la intención de perjudicar a YPF y al acuerdo con Chevron", sostuvieron fuentes de la petrolera local. Y aclararon que los beneficios para Chevron no serán a perpetuidad, sino que durarán por el lapso de la concesión, vigente hasta 2048, o hasta que se agote la producción de los pozos.
Desde la firma del convenio, el 28 de agosto, surgieron cuestionamientos de diversos sectores a la negativa de YPF de mostrar el acuerdo con la petrolera norteamericana. Sin embargo, algunas cuestiones se revelaron paulatinamente en los últimos meses. Por caso, el convenio trabaja en torno a tres legislaciones: utiliza la ley argentina en lo referido a cuestiones ambientales y operativas, la norteamericana para dirimir las cuestiones comerciales y fija a Francia como el sitio designado para constituir un tribunal arbitral en caso de que eventuales fricciones entre ambos socios los conduzcan a un pleito.
En paralelo, YPF y Chevron elaboraron un escenario con la evolución de las principales variables del negocio en el país que tomaron como referencia a la hora de escribir el acuerdo. Ese trabajo contempla precios crecientes del petróleo, de 79 dólares por barril al inicio del proyecto hasta US$ 102,6, mientras que estipula un valor del gas en torno a los US$ 7,5 el millón de BTU (la unidad de medida), el valor más alto vigente para la producción local.
The New York Times
On the windswept Patagonian steppe, crews of roughnecks are drilling around the clock in pursuit of a vast shale oil reservoir that might be the world’s next great oil field.
But that ambition hinges on an improbable alliance between the American oil giant Chevron and Argentina, a politically volatile country with a history of hostility toward foreign investors. What brings them together is the dream of an enormous bounty from the field, called Vaca Muerta, or Dead Cow.
President Cristina Fernández de Kirchner’s decision to press ahead with the partnership with Chevron has her critics and supporters fuming because of the company’s long conflict with Ecuador over an Amazon pollution case. Other legal battles are raging over Argentina’s nationalization of its largest oil company, which also threaten to entangle Chevron.
And protests against hydraulic fracturing, the high pressure blasting of water and chemicals through the shale fields here in the Patagonian desert, have grown so fierce that the police have cracked down on thousands of demonstrators with tear gas and rubber bullets. Though Chevron is not directly involved in the fracturing, the popular agitation over the company’s venture here may subject other energy initiatives in this remote region to greater scrutiny.
Mrs. Kirchner’s embrace of Chevron is a striking demonstration of the lengths to which some governments, desperate for money, and energy companies, combing the world for new sources of oil, will go to emulate the shale oil revolution in the United States.
And few fields offer the potential riches of Vaca Muerta, which has estimated oil and gas reserves nearly equal to the total reserves of the oil giant Exxon Mobil.
“There is nothing close to this in the world,” Ali Moshiri, president of Chevron’s Africa-Latin America Exploration and Production, said of Vaca Muerta in an interview. “In our business risk is part of the equation.”
Even with her health in doubt, after surgery this month to drain a blood clot that resulted from a head injury, Mrs. Kirchner has shown that she is willing to turn her back on years of economic policies that discouraged some energy investments. In the process, she is testing relations with her Ecuadorean ally, President Rafael Correa, who is trying to get Chevron to pay $19 billion in damages related to oil pollution in the Amazon rain forest.
Chevron’s assets in Argentina were frozen for months last year as the Ecuadorean plaintiffs in the case began increasing pressure on the company outside Ecuador. Chevron not only continued to operate in Argentina after that initial scare, but also opted to aggressively expand here, reflecting a vital need by big oil companies to find new oil reserves even in the most politically unstable places.
The United States Energy Information Administration has ranked Argentina fourth behind Russia, the United States and China in the world, with technically recoverable shale oil reserves of 27 billion barrels. And it ranks Argentina second after China in potentially recoverable shale gas reserves, with 802 trillion cubic feet. But as in many countries outside the United States, shale development in Argentina had progressed at a snail’s pace until now because of resistance and regulatory uncertainty. Local opposition among environmentalists and Mapuche Indians remains fierce.
“This is the worst form of extracting oil by the company with the worst record,” said Enrique Viale, the president of the Argentina Association of Environmental Lawyers, who took part in a protest of thousands against the agreement with Chevron in August when legislators were voting on it. Some buildings in Buenos Aires, the capital, remain covered in anti-Chevron graffiti. A rap video on social media in Argentina excoriates the authorities for working with Chevron.
Despite all the friction, Chevron took the leap a year ago with a tentative partnership agreement with YPF, the Argentine oil company that is now controlled by the government, to help develop part of Vaca Muerta. In control of a third of the field, YPF is also preparing agreements with several other companies including Bridas Corporation, a venture including the China National Offshore Oil Corporation, or Cnooc.
Chevron initially plans to invest $1.24 billion for the drilling of more than 100 wells, and if all goes well, the Chevron-YPF venture would drill an additional 1,500 wells by 2017, requiring more than $17 billion in investment. That could raise production to 50,000 barrels of oil and three million cubic meters of gas a day over 35 years.
Few companies have had the moxie to wager so much since Argentina defaulted on its $81 billion sovereign debt in 2001. President Kirchner renationalized YPF last year, and has yet to compensate the Spanish oil company Repsol any money for its controlling interest, which Repsol says was worth $10.5 billion.
Pointing to these challenges, Miguel Galuccio, the chief executive of YPF, insisted in an interview that the future of Argentina’s economy depends on YPF’s ability to develop the nation’s shale oil resources.
Surprising critics of Mrs. Kirchner who expected her to politicize YPF, as her government had done with other state-controlled companies, Mr. Galuccio seems to have taken a different approach. He has hired respected managers and petroleum engineers, many of them Argentines who were living abroad, to fill YPF’s top ranks. And he has begun to reverse a decline in YPF’s production, repositioning the company to focus on fracturing in Neuquén which he argues will not jeopardize local water supplies.
In the interview, he lauded Chevron for its partnership with YPF, saying he was well aware of the risks, including Chevron’s legal battles in Ecuador, which persist. “This brings a level of complexity I’d like not to have,” he said. “We need more Chevrons in Argentina.”
Facing a potential financial crisis, the Argentine government reversed course on energy policy in recent months as it has often done in the past.
It is now allowing companies to sell gas at a higher fixed price, and in a move especially for Chevron, Mrs. Kirchner recently issued a decree allowing oil and gas companies to sell 20 percent of their production abroad without paying export taxes or obligations to repatriate profits — as long as they invest more than $1 billion in the country.
Still, Chevron faces enduring problems in Argentina, highlighted by pressure from the country’s most influential journalist, Jorge Lanata, an outspoken critic of Mrs. Kirchner who has been attacking Chevron’s record in Ecuador.
Soon after Chevron and YPF signed their initial deal in 2012, two lower courts threatened the arrangement by freezing part of Chevron Argentina’s assets in the country so they might eventually be sold to pay the Ecuadoreans who are suing Chevron.
Lawyers representing Ecuadorean Amazon Indians won a judgment in a local Ecuadorean court ordering Chevron to pay more than $18 billion in damages for the dumping of toxic waste into a vast area of Amazon jungle by Texaco in the 1970s before it was acquired by Chevron years later. (Chevron insists that Texaco cleaned up its area of operations and subsequent pollution was caused by PetroEcuador, the state company that once partnered with Texaco.)
Since Chevron has no assets in Ecuador, the plaintiffs are trying to collect on the judgment in Canada, Brazil and Argentina, where Chevron subsidiaries have significant holdings.
When the case reached the Argentine Supreme Court, Mrs. Kirchner threw her support behind Chevron despite the lobbying of President Correa of Ecuador, an ally who has publicly declared that the oil company is an enemy of his country. Her attorney general filed a brief with the court arguing that the Ecuadorean judgment could not be enforced against Chevron Argentina since the subsidiary could not defend itself in the Ecuadorean proceeding, warning that the Supreme Court needed to act to avoid “irreparable and irreversible harm to essential national interests.”
The Supreme Court agreed with the government in a June decision, opening the way to the final Chevron-YPF agreement signing in July. But lawyers for the Ecuadorean Indians say they are not finished in Argentina.
The lawyers said that the Supreme Court decision was merely a technical problem that could easily be corrected by returning to the Ecuadorean courts in the coming months to file a petition seeking to execute the original judgment against Chevron Argentina and possibly other foreign subsidiaries. Once they succeed, they say, they will demand that Argentine courts accept the Ecuadorean judgment under reciprocal legal treaties.
“I am certain the case is still alive in Argentina, of course,” said Pablo Fajardo, the lead Ecuadorean lawyer. “I believe the Supreme Court in Argentina made a mistake and should correct it. I have confidence in their judges.”
Kent Robertson, a Chevron spokesman, responded: “They have demonstrated they can get whatever they want in Ecuador. It doesn’t mean they can collect. There has been no trial against Chevron Argentina.”
Argentine oil officials said that the Chevron-YPF deal will shield the American company from financial loss connected to a change in the political winds. After the company invests $1.2 billion, 18 months later it can withdraw from operations without penalty and continue to receive net profits of 50 percent of the production from the initial wells in perpetuity.
Mr. Moshiri of Chevron said he was not focused on the Ecuador case. “That’s a separate issue unrelated to what we are doing in Argentina and in the Vaca Muerta,” he said. “We are just going to continue with our business. Chevron Argentina has nothing to do with it.”
Still, the legal battle is just one of the obstacles that both companies face.
“We’ll continue our fight to defend the land, the water and the air,” said Lefxaru Nahuel, 26, a Mapuche in Patagonia who has been leading protests. “With fracking, there is no future for us here.”
