Ante la información que publicó hoy el diario Clarín sobre la licitación internacional para la compra de GNL (gas natural licuado), YPF quiere dejar en claro que todo el proceso licitatorio, que la compañía realiza por cuenta y orden del ENARSA, cumple con la normativa vigente y que todos sus actos fueron realizados ante la presencia de escribano público, lo que garantiza la transparencia del proceso.
"El objetivo que se persigue con esta licitación de GNL es contribuir a la provisión de un insumo básico para la generación de energía en el país, a los mejores precios y con los mejores proveedores del mercado internacional. Y ese objetivo se está cumpliendo en su totalidad", declaró Carlos Alfonsi, el Vicepresidente de Downstream y responsable por YPF de la gestión de compra de GNL para ENARSA.
Todas las empresas que resultaron adjudicadas para la provisión de GNL durante el año 2013, en virtud del procedimiento de licitación llevado a cabo por YPF por cuenta y orden de ENARSA, han cumplido hasta la fecha con los términos y condiciones acordados en los acuerdos comerciales celebrados entre ENARSA con cada una de dichas empresas.
"En esta licitación participaron casi una veintena de empresas y se recibieron un total de 12 ofertas por parte de empresas de primer nivel internacional, lo que demuestra el interés que generó la licitación en el mercado. Se trata de un hecho inédito, ya que hasta ahora no habían sido nunca más de 5 o 6 los oferentes", afirmó Alfonsi.
En todos los casos, resultaron adjudicatarias de los cupos para las terminales de Bahía Blanca y Escobar, por sus precios competitivos, empresas que poseen lo que se denomina “portafolio de gas”, es decir que son las dueñas del gas que comercializan, lo que permitió evitar a los intermediadores (traders), como así también sumar un costo adicional en la cadena de comercialización. "Los resultados obtenidos indican esto y significan un ahorro para el país", confirmó Alfonsi.
La regasificadora de Escobar -construida en 2011- está estratégicamente ubicada para satisfacer el abastecimiento del consumo doméstico de gas natural. Pero, desde el punto de vista técnico, son pocas las empresas que se adaptan a sus requerimientos logísticos.
"Por esto, llama la atención que justo ahora se plantee esta cuestión ante la justicia, intentando bloquear la licitación, descalificar a proveedores con mejores precios, generando un daño al país", concluyo Alfonsi.
YPF ha cumplido con los procedimientos contractuales a su cargo ajustando su accionar a la normativa vigente.
Clarín
En medio del conflicto legal planteado entre el Gobierno y el Poder Judicial por la adjudicación de una millonaria compra de gas por barco a la española Gas Natural Fenosa (GNF) que no podía presentar ofertas, la petrolera YPF salió fijar su posición y sostuvo que “ ha cumplido con los procedimientos contractuales ” y que ajustó su accionar “a la normativa vigente”.
Por medio de un comunicado, YPF –que actúa como intermediaria de Enarsa en las importaciones de GNL (gas natural licuado–indicó que el proceso licitatorio que llevó adelante para la energética estatal “cumple con la normativa vigente y que todos sus actos fueron realizados ante la presencia de escribano público, lo que garantiza la transparencia del proceso ”.
Sin hacer mención al fallo judicial que prohibía la participación de GNF, el vicepresidente de Downstream y responsable por YPF de la gestión de compra de GNL , Carlos Alfonsi señaló que “el objetivo de la licitación de GNL es contribuir a la provisión de un insumo básico para la generación de energía en el país, a los mejores precios y con los mejores proveedores del mercado internacional”.
Según Alfonsi “todas las empresas que resultaron adjudicadas para la provisión de GNL durante el año 2013 han cumplido hasta la fecha con los términos y condiciones acordados en los acuerdos comerciales celebrados entre ENARSA con cada una de dichas empresas”.
Agregó que en la actual licitación “participaron casi una veintena de empresas y se recibieron un total de 12 ofertas por parte de empresas de primer nivel internacional, lo que demuestra el interés que generó en el mercado”.
Precisó que “en todos los casos resultaron adjudicatarias de los cupos para las terminales de Bahía Blanca y Escobar, por sus precios competitivos, empresas que poseen lo que se denomina “portafolio de gas”, es decir que son las dueñas del gas que comercializan, lo que permitió evitar a los intermediadores (traders), como así también sumar un costo adicional en la cadena de comercialización”.
Tras reconocer que “desde el punto de vista técnico, son pocas las empresas que se adaptan a sus requerimientos logísticos de la terminal de Escobar”, Alfonsi sostuvo que “llama la atención que justo ahora se plantee esta cuestión ante la justicia, intentando bloquear la licitación, descalificando a proveedores con mejores precios y generando un daño al país”.
Tal como informó Clarín y pese a que estaba vigente una cautelar que prohibía aceptar las ofertas de GNF, el viernes las autoridades de la petrolera YPF y de la estatal Enarsa resolvieron adjudicarle a esa proveedora 50 de los 100 cargamentos de GNL que el Gobierno salió a comprar anticipadamente para atender la demanda de los dos próximos años que no se podrá cubrir con la producción local de gas.
La polémica contratación de GNF es por un monto aproximado de US$ 2.250 millones y comprende el suministro de 25 barcos de GNL en 2014 y otra cantidad similar de cargamentos en 2015 para la terminal regasificadora de Escobar.
En tanto, el otro paquete de 50 cargas de GNL para los dos próximos años destinado a la regasificadora ubicada en el puerto de Bahía Blanca quedó repartido de la siguiente manera: el 80%, es decir 40 cargas, fueron para la inglesa British Petroleum (BP), mientras que las 10 restantes se las llevaron la rusa Gazprom y la noruega Statoil.
Demanda a De Vido y Galuccio por una millonaria licitación
Clarín. Por Antonio Rossi
El conflicto legal planteado entre el Gobierno y el Poder Judicial por la megalicitación de gas natural licuado (GNL) por US$ 4.500 millones va camino a agravarse, tras la decisión de YPF y Enarsa de adjudicar la mitad de los contratos en juego a la empresa española Gas Natural Fenosa (GNF), que no podía presentar ofertas.
El titular de la Unión de Consumidores de Argentina (UCA), Fernando Blanco Muiño, anticipó a Clarín que demandará penalmente al presidente de YPF, Miguel Galuccio; al titular de Enarsa, Walter Fagyas; y al ministro de Planficación, Julio De Vido, por haber desobedecido el fallo judicial que impedía la participación de GNF en el proceso licitatorio.
Blanco Muiño promotor de la demanda original que había ge- nerado el bloqueo a GNF señaló también que impulsará un acción penal contra las autoridades de la compañía europea, que no respetaron los alcances del fallo.
Tras destacar que "estamos ante un hecho legal muy grave por el desconocimiento del Gobierno de una medida judicial", el titular de la UCA advirtió que "hay elementos más que suficientes para que la Justicia declare la nulidad de la contratación que fue aprobada en secreto y de manera sospechosa".
Pese a que estaba vigente una cautelar que prohibía aceptar las ofertas de GNF, el viernes las autoridades de la petrolera YPF y de la estatal Enarsa resolvieron adjudicarle a esa proveedora 50 de los 100 cargamentos de GNL que el Gobierno salió a comprar anticipadamente para atender la demanda de los dos próximos años que no se podrá cubrir con la producción local de gas.
La polémica contratación de GNF es por un monto aproximado de US$ 2.250 millones y comprende el suministro de 25 barcos de GNL en 2014 y otra cantidad similar de cargamentos en 2015 a la regasificadora de Escobar. En tanto, el otro paquete de 50 cargas de GNL destinado a la terminal de Bahía Blanca se repartió de la siguiente manera: el 80%, es decir 40 cargas, fueron para la inglesa British Petroleum (BP), mientras que las 10 restantes quedaron para la rusa Gazprom y la noruega Statoil.
Ante la demanda promovida por la UCA, el juez federal Enrique La- vié Pico había resuelto que la empresa GNF no podía competir porque uno de sus principales accionistas el grupo Repsol, que tiene el 30% y que le reclama al Estado una megaindemnización de US$ 10.500 millones también integra el directorio de YPF, que debía definir las compras de GNL.
Para el magistrado, el doble rol de Repsol no sólo superponía "las figuras de oferente y adjudicatario", sino que además le permitía a GNF poder acceder a una "posición preferencial y al manejo de información privilegiada" .
Además de cuestionar la partici- pación de GNF, la demanda de la UCA hizo foco en dos cuestiones clave. Por un lado, la supuesta ilegalidad del convenio que Enarsa firmó con YPF para que actúe como "intermediaria y gestora" de las compras de GNL. Y por otro lado, la inconstitucionalidad del artículo 15 de la ley 26741 que "blindó" a la reestatizada YPF de los controles de la AGN y la Sigen y que le permite a los directivos de la petrolera no informar sus honorarios.
