El gobierno argentino completó hoy el pago de los acuerdos logrados con empresas que tenían laudos ante los tribunales internacionales del CIADI, que incluyen, entre otras cuestiones, el pago con bonos y una quita sobre el capital de la deuda; y la aceptación de parte de esas compañías de someterse a un arreglo bajo jurisdicción local, además de comprar bonos energéticos BAADE.
La decisión fue oficializada hoy con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 598 del Ministerio de Economía, que lleva la firma del titular de la cartera, Hernán Lorenzino.
El acuerdo permite a la Argentina no desembolsar dinero en efectivo para cancelar la deuda, y a la vez, recibir US$ 68 millones adicionales por parte de las empresas con la compra de bonos.
Este monto es el resultado de un compromiso de inversión a través del cual suscribieron Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico, cuya operación se efectivizó durante la víspera, según la resolución firmada por Lorenzino el pasado 8 de octubre.
El documento fue firmado por el ministro antes de partir hacia Estados Unidos, donde participó de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial -del que también forma parte el CIADI- donde acordó una estrategia de créditos de 3.000 millones de dólares hasta 2016.
El acuerdo comprende a cuatro empresas que litigaron contra el país ante el CIADI (Azurix, CMS Gas, Continental Casualty y Vivendi), y una quinta (National Grid) que acudió a los tribunales de Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI-UNCITRAL).
El total de deuda normalizado asciende a US$ 677 millones, a la que se le debe restar una quita de capital del 25% del monto original reclamado, lo que representa una cifra equivalente a US$ 171 millones.
Constituye un hito en el proceso de normalización de deuda del país, alineado con la posición argentina ante el CIADI.
En la resolución, Lorenzino resaltó que "los acuerdos se celebraron en la Argentina, están sujetos a legislación y jurisdicción local y se cancelan con bonos domésticos".
Y agregó que "los acuerdos firmados implican la renuncia expresa (de las empresas) de los derechos, acciones y costas que hayan generado el proceso arbitral".
La resolución, que incluye un anexo con los términos del acuerdo, revela que en "agosto de 2013 la República Argentina recibió una carta de parte de las empresas que invitaba a entrar en las negociaciones para acordar condiciones para la cancelación del laudo".
Esto es, las firmas aceptaron someterse a jurisdicción nacional, de acuerdo al artículo 54 del Convenio del CIADI, que establece los laudos internacionales deben ser cumplidos equiparando los laudos dictados por el tribunal internacional que funciona bajo la órbita del Banco Mundial.
Se trata de un cambio de posición de parte de las empresas, que antes de agosto solicitaban -y reclamaban al gobierno de Estados Unidos - que prevalezca la interpretación del artículo 53, que sostiene que “el laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso”, sin más trámite de sentencia del país.
La instrumentación del acuerdo se concretó el 10 de octubre a través de la entrega de Bonar X para cancelar capital, y Boden XV, para los intereses, que implica un financiamiento del Estado a 7% anual.
Cinco días hábiles posteriores, es decir ayer, se concretó la suscripción por parte de las empresas de bonos BAADE, por un total equivalente al "10% de los montos reclamados" (US$ 68 millones), según indica el texto oficial.
Las empresas están obligadas a comunicar el contenido del acuerdo a los organismos, así como a los países contraparte, como Estados Unidos, Francia, y Reino Unido, de donde son oriundas esas compañías
