El realismo demostrado por el titular de YPF, Miguel Galuccio, en sus últimos diagnósticos sobre la situación y perspectivas energéticas de la Argentina a corto y mediano plazos contrasta con la extravagancia de algunos argumentos del gobierno expuestos con un alto grado de amnesia acerca de la historia reciente del sector.
Sin ir más lejos, al hablar días atrás en Bariloche, la presidenta Cristina Kirchner atribuyó la actual escasez de gas (que obliga a importaciones cada vez mayores) a las exportaciones del fluido de la década del 90. Esta curiosa forma de trasladar a los hidrocarburos el verso tanguero ("20 años no es nada"), implica olvidar todo lo que ocurrió en ese lapso. En aquella época se creía que el yacimiento Loma La Lata era una fuente inagotable de gas natural y eso llevó convertir casi 1.500.000 vehículos al uso de GNC y a construir gasoductos para exportar excedentes a Chile y a Brasil. Eso es tan cierto como que en la era Menem (de quien CFK se declaró seguidora y durante la cual votó incluso a favor de la privatización de YPF), no se exigía la reposición de reservas; o que aquellos contratos de exportación se cortaron abruptamente hace seis años, en el 2007. La amnesia presidencial la hizo omitir además que durante la era K se fomentó fuertemente el consumo interno con tarifas subsidiadas, mientras los precios políticos para la producción local desalentaron la inversión en hidrocarburos. A esto debe agregarse que CFK tampoco se hizo responsable del virtual vaciamiento de YPF, al haber promovido en 2008 el acuerdo de Repsol con el Grupo Eskenazi y el pago del 25% de las acciones con las utilidades de la petrolera, en detrimento de inversiones. Ni que, luego de la reestatización del 2012, ni siquiera se tasaron los activos expropiados, para frenar las demandas entabladas por la compañía española en tribunales internacionales. Estos juicios ahora condicionan los acuerdos de YPF con otras petroleras para la exploración y explotación no convencional en Vaca Muerta.
Con una mirada puesta más en el presente que en el pasado, Galuccio admitió semanas atrás ante empresarios petroleros que "el déficit energético es serio" y los exhortó a aumentar inversiones. Días más tarde, en Londres, sostuvo sin triunfalismo que la Argentina "está dando sus primeros pasos" para repetir en Vaca Muerta la revolución energética del petróleo y gas no convencional que se produjo en los Estados Unidos. "Si somos capaces de ponerlos en producción, el país tiene un enorme futuro como productor de energía. Ese es el real desafío que tenemos", completó. Probablemente conceptos similares se escuchen esta semana en Buenos Aires, donde se desarrollará el 5º Congreso Oil & Gas.
Pero aun con los esfuerzos de Galuccio para reactivar la producción de la compañía estatal el problema es que tras las marchas y contramarchas de las últimas dos décadas (en las cuales durante 18 años hubo gobiernos con sello peronista) YPF quedó reducida a un tercio de la declinante producción nacional de hidrocarburos que se verifica desde el 2003. Y más de la mitad del 66% restante corresponde a diez compañías privadas, locales y extranjeras, que no se atreven a aumentar sus inversiones por los condicionamientos que imponen la política macroeconómica y los problemas (institucionales, políticos, fiscales o burocráticos) existentes en muchas provincias productoras.
Una comprobación de esta realidad puede encontrarse en las cifras de la primera mitad de 2013. Según datos del Estudio Montamat, mientras YPF logró frenar la baja (-0,1%) de su producción de petróleo y sufrió un retroceso del -3,3% en la de gas natural, las diez compañías que la siguen en el ranking mostraron caídas mayores, de -6,4 y -17,5% respectivamente. Para el total del sector, los descensos fueron de -3,4% en petróleo y de casi -7% en gas.
En este marco desfavorable de corto plazo, hubo avances con la firma de los contratos entre YPF y dos compañías estadounidenses (Chevron y Dow) dispuestas a invertir en Vaca Muerta y que en una primera etapa contemplan "pilotos" para cuantificar reservas probables. Si tienen éxito, darán paso a inversiones más significativas. Pero al tratarse de contratos negociados caso por caso y con características particulares, por ahora constituyen excepciones puntuales más que una regla general. Ambos apuntaron a atender necesidades específicas de los nuevos socios, a cambio de aportes de capital YPF para explotar en conjunto áreas no convencionales.
El contrato con Chevron fue posible después de que la Corte Suprema liberara a la filial argentina de la compañía de las consecuencias de un fallo en contra de la Justicia de Ecuador; a lo que luego se sumó la extensión del plazo de concesión por parte de la legislatura neuquina. Pero el resto de las cláusulas se desconocen. El caso de Dow también es particular, ya que esta compañía se asocia a YPF con una inversión que apunta mayormente a la futura provisión de gas para su operación petroquímica en el país. La excepción de la excepción, a su vez, corresponde a la alemana Wintershall por su contrato con la estatal neuquina GyP para sumarse próximamente a la explotación del área Aguada Federal.
Un párrafo aparte merece el flamante anuncio de inversión de Bridas por 500 millones de dólares en proyectos energéticos. La petrolera de los hermanos Bulgheroni ingresará esas divisas a través de la suscripción de Baade, un título público creado por la ley de blanqueo de dólares (cuyo vencimiento acaba de ser prorrogado por CFK), aunque debió aclarar expresamente que no se trata de fondos en negro. En este caso, obtendrá un tipo de cambio diferencial más alto que el dólar oficial (de $ 5,80) ya que el Baade ofrece un interés de 4% anual y le permitirá valuar esas divisas en el 2016 a un precio seguramente superior. Si bien esa inversión puede tener varios destinos, se estima que ahora facilitará la firma del contrato con YPF para las áreas de Bajada de Añelo y Bandurria, que debió haber firmado en febrero de este año, después de haberse asegurado para Pan American Energy (en la que Bridas es socia junto a Cnooc y la británica BP) un precio más atractivo para las exportaciones de crudo provenientes de su yacimiento estrella (Cerro Dragón, en Chubut). Esto se concretó a través de un cambio en el cálculo de retenciones, extendido luego al resto de las petroleras.
Aun así, en el resto de las top ten del sector reina la incertidumbre inversora, debido al efecto combinado de los controles cambiarios, la prohibición de girar utilidades y el aumento de los costos internos en dólares. Una prueba de ello es el escaso entusiasmo que generó el decreto que flexibilizó condiciones de disponibilidad de crudo y divisas para dentro de cinco años, a cambio de un piso de 1.000 millones de dólares de inversión para acceder a esos beneficios. En estas condiciones, Vaca Muerta es una oportunidad que aún está lejos de la "revolución energética" pregonada por Galuccio. Al menos si no se produce un cambio de políticas generales para promover un shock de inversiones que debería rondar, para YPF y el resto del sector, los 20.000 millones de dólares por año.
