El juez federal Ariel Lijo, que está a cargo de la investigación de la causa Ciccone, recibió ayer una solicitud para profundizar las acusaciones contra el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou; el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray; y la responsable de la Casa de la Moneda, Katya Daura, por una supuesta evasión del pago de contribuciones patronales a los trabajadores.
Ayer, el abogado Ricardo Monner Sans, en calidad de presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, advirtió en una presentación en los tribunales de Comodoro Py 2002 que “se están incumpliendo –en realidad, se siguen incumpliendo– los obligatorios aportes a la seguridad social ” de los trabajadores de la ex empresa Ciccone Calcográfica SA (hoy denominada Compañía de Valores Sudamericana), que fue absorbida por el Estado y funciona ahora bajo la órbita de la Casa de la Moneda.
“Tales conductas implicarían un delito investigable, por la conexidad manifiesta alrededor de un caso que ofrece una inexplicable demora”, dice la presentación, en la que se mencionan los delitos referidos a la seguridad social. En particular, se señala que los funcionarios acusados, de ser hallados culpables, pueden sufrir penas de hasta nueve años de prisión.
Monner Sans también señaló en su presentación a Lijo que hay “material de sobra para despachar un buen lote de indagatorias”, y que el juez “tiene a mano las normas que le permiten ser expeditivo”, en caso de que la causa sufriera cierta “morosidad impeditiva”.
El abogado también señaló que “ninguna filiación ideológica de las que parece alentarse de manera preocupante desde algunas instancias del Poder Judicial de la Nación puede justificar no dar impulso al expediente”. Y sostuvo que Boudou, Echegaray y Katya Daura se encuentran en una “posición indefendible”.
