El Gobierno de Formosa rubricó el 11 de septiembre de 2009 un convenio para que la firma The Old Fund (TOF), vinculada al entorno de negocios de Amado Boudou, asesorara a la administración de Gildo Insfrán en la reestructuración de la deuda provincial. Por entonces, el vicepresidente estaba a cargo del ministerio de Economía de la Nación, encargado de renegociar la deuda con las provincias. Por ese asesoramiento, la firma que encabezaba Alejandro Vandenbroele, sospechado de ser testaferro de Boudou, cobró la cifra de $ 7.667.161. En el convenio firmado por Vandenbroele y Jorge Ubaldo Melchor, presidente del formoseño Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro), se explica que “el equipo de los integrantes y asesores de la Consultora-TOF- tienen una gran experiencia y conocimiento en el asesoramiento con relación a deuda pública y privada y en la ejecución de canjes y reestructuración de deuda privada”.
Pero TOF no tenía ninguna experiencia . Es más, tenía apenas 10 días de vida porque el propio Vandenbroele, en una presentación que hizo en Tribunales, aseguró que había comprado esa sociedad el 1 de septiembre de 2009. Es decir, que una firma vinculada al ministro de Economía, creada días antes de la firma del convenio, intermedió para asesorar a Formosa en su reestructuración de deuda. La firma carecía de empleados y, por ende, de personal que pudiera asesora a Formosa. La falta de experiencia en el mercado de reestructuración de deuda y en cualquier otro está demostrado por su facturación: The Old Fund le emitió al Fonfipro la factura número tres del primer talonario. Las dos anteriores fueron anuladas. En síntesis, su único negocio había sido el de Formosa, mal podía tener la experiencia de la que se hablaba en el convenio.
Insfrán sabía que debía pagar un “asesoramiento privado” para renegociar la deuda mucho antes de firmar el convenio con la sociedad de Vandenbroele. El 24 de abril de 2009 firmó el decreto provincial 233 por el cual determinó que el Fonfipro debía hacer un “aprovisionamiento preventivo” de dinero para el pago del asesoramiento. El de Formosa fue el primer negocio de TOF; luego, como ya se sabe, se quedó con la firma Ciccone Calcográfica hasta que fue expropiada. Boudou está imputado en el caso Ciccone por negociaciones incompatibles con la función pública y el expediente está a cargo del juez Ariel Lijo.
El caso Fonfipro está investigado en dos jurisdicciones judiciales diferentes. Ante la denuncia realizada en Formosa, la Justicia federal de allí la derivó a la Justicia provincial, dominada por Insfrán . Pero también está bajo investigación de la Justicia federal porteña por la sospecha de la comisión de dos delitos : malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. El juez Sebastián Casanello ya realizó varias medidas de prueba vinculadas a este hecho: pidió la documentación de la contratación de TOF por parte de Formosa, y les requirió informes a la Inspección General de Justicia y a la AFIP sobre la actividad de la firma que manejaba Vandenbroele. En la causa de Lijo, Vandenbroele explicó que para asesorar a Formosa TOF había contratado expertos por $ 2.265.120, por lo que a esa firma solo le quedaron $ 5.400.000 de lo que pagó Formosa, que se usaron para financiar a Ciccone. Y el fiscal del caso, Carlos Rívolo, pidió que el expediente de Formosa se traslade a los tribunales de la Capital.
