DENUNCIAN A FUNCIONARIOS POR OTRO GASODUCTO

Es el Patagónico; los acusó Stornelli
Una nueva causa judicial por presunta defraudación a la administración pública e incumplimiento del deber de funcionario público en la construcción de un gasoducto se abrió ayer con una denuncia del fiscal federal Carlos Stornelli contra los responsables de la construcción, en 2005, del Gasoducto Patagónico, de la empresa Emgasud SA, entre Comodoro Rivadavia y Esquel.

Los acusados son el secretario de Energía, Daniel Cameron; el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar –ambos del Ministerio de Planificación Federal, que encabeza Julio De Vido–; el ex jefe del Ente Regulador del Gas (Enargas) Fulvio Madaro, y el ex gerente general de Nación Fideicomisos (del Banco Nación) Néstor Ulloa.

Todos estos funcionarios ya fueron acusados por el mismo fiscal en la causa de las presuntas coimas que la constructora sueca Skanska admitió haber pagado en la ampliación de los gasoductos Norte y Sur, también en 2005.

Madaro y Ulloa serán indagados en las próximas semanas en la causa Skanska por el juez federal Guillermo Montenegro, que aún no resolvió indagar a Cameron y Folgar.

La denuncia de Stornelli, resultado de una investigación preliminar de su equipo derivada de la causa Skanska, recayó en el juez federal Jorge Ballestero y también incluye entre los acusados a Alejandro Pedro Ivanisevich, presidente de la firma Emgasud.

A los funcionarios y ex funcionarios se los acusa de defraudación contra la administración pública, incumplimiento del deber de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Un allegado a la defensa de Madaro respondió a LA NACION que, en principio, en el dictamen fiscal habría "errores de concepto sobre la estructura de los contratos". La consulta a Cameron fue derivada a Prensa del ministerio de De Vido, donde no hubo respuesta.

El esquema aplicado en la construcción del Gasoducto Patagónico y la lista de imputados son casi los mismos que en el caso Skanska. Pero desde el surgimiento de esa causa en el fuero federal, en diciembre último, el juez Montenegro fue reacio a convertir la investigación de Skanska en una megacausa.

Por eso, según fuentes judiciales, la fiscalía trabajó lo relativo al Gasoducto Patagónico como una investigación preliminar y, una vez concluida, la envió a sorteo.

Hace poco, Montenegro también se desembarazó de investigaciones sobre facturas falsas que aparecieron en el marco del caso Skanska. En una de ellas, que recayó en el juez federal Julián Ercolini, se investiga, precisamente, a Emgasud por presunta evasión de impuestos mediante esas facturas.

Si en el futuro Ercolini llega a descubrir que esas facturas las empleó Emgasud en su gasoducto, el flamante sumario abierto en el juzgado de Ballestero con la denuncia de Stornelli debería pasar a manos de Ercolini.

Y en ese supuesto, se agregará otra similitud con el caso Skanska, en el que esta constructora empleó facturas falsas para canalizar poco más de 13 millones de pesos en coimas.

Presuntos sobreprecios
Fue el diputado chubutense Carlos Alberto Lorenzo, de la UCR, quien en abril aportó los primeros datos a la fiscalía sobre presuntos sobreprecios en el Gasoducto Patagónico.

Esta obra se hizo a partir de las mismas normas nacionales que dieron pie a las ampliaciones de los gasoductos Norte y Sur.

Pero las escasas diferencias que muestra la obra de Emgasud son muy interesantes. En los gasoductos Norte y Sur, las licenciatarias privadas que explotan el transporte del gas actuaron como gerentes del proyecto de ampliación y contrataron a varias empresas constructoras, como Skanska.

En cambio, Emgasud, gerente del proyecto del Gasoducto Patagónico, actuó también como constructor. Pero lo hizo, según la fiscalía, con un agravante: en su objeto social no figuraba la construcción o instalación de gasoductos. Esto se subsanó posteriormente.

Para Stornelli, el doble papel de Emgasud como gerente y constructor constituyó una irregularidad respecto de lo dispuesto por la resolución 663 de 2004 de la Secretaría de Energía.

Como en las ampliaciones del Norte y Sur, en el Gasoducto Patagónico el financiamiento corrió por cuenta de Nación Fideicomisos, una sociedad del Banco Nación.

Y como en los otros dos gasoductos, en el Patagónico también hubo diferencias de precios y adendas al contrato originario. El dictamen fiscal sostiene que, en el comienzo, el costo de la obra se calculó en 243.600.000 pesos, pero tras una adenda del 5 de octubre de 2005 y un acuerdo complementario de agosto de 2006, el costo final habría sido de 295.648.220 pesos.

El dictamen cita la denuncia de Lorenzo sobre la adjudicación directa de la obra a Emgasud, "disfrazada" como una "obra por administración", y "el cuádruple rol de la empresa de cofiduciante, gerente del proyecto, constructor y futuro operador", cuando las dos últimas funciones habrían sido incompatibles pues el que construía la obra era, al mismo tiempo, el encargado de controlar esa tarea.

UN MISMO MARCO NORMATIVO PARA LAS OBRAS INVESTIGADAS

El sistema fue ideado en el Ministerio de Planificación
El marco legal que permitió la construcción del Gasoducto Patagónico, ahora bajo investigación, es el mismo aplicado en la polémica ampliación de los gasoductos Norte y Sur. Y el mismo de una nueva ampliación de toda la red gasífera nacional.

Se trata de un decreto del Poder Ejecutivo, el N° 180 de 2004, reglamentado por las resoluciones 185 del Ministerio de Planificación Federal, y 663 de la Secretaría de Energía, ambas de 2004.

Dos meses atrás, Emgasud SA informó que el Gasoducto Patagónico, que une el Yacimiento Cerro Dragón, cerca de Comodoro Rivadavia, y Esquel, ya se encontraba "comercialmente operable". Su capacidad de transporte es de un millón de metros cúbicos diarios de gas.

La obra fue inaugurada el 6 de octubre del año pasado por el propio presidente Néstor Kirchner en Tecka. A esa ceremonia también asistió el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el gobernador oficialista Mario Das Neves.

Según la denuncia del fiscal federal Carlos Stornelli, el presupuesto original de la obra, estimado en 243.600.000 pesos, subió a 295.648.220 pesos.

El 1° de mayo último, el presidente de Emgasud, Alejandro Ivanisevich, anunció que la firma había invertido 60 millones de pesos en la obra, el Banco Nación $ 35 millones a través del sistema anticipado de devolución del IVA, y el Estado $ 50 millones. El resto habría correspondido a la provincia de Chubut, que tuvo una activa participación.

En ese sentido, la ley provincial 5310, de la Legislatura chubutense, aprobó el contrato de fideicomiso del gasoducto.

La provincia actuó como fiduciante y numerosos contratos suplementarios de fideicomiso contaron con la anuencia provincial. Das Neves y la Legislatura intervinieron en las modificaciones del contrato de fideicomiso.

La construcción del Gasoducto Patagónico, en 2005, prácticamente coincidió con las ampliaciones de los gasoductos Norte y Sur, obras en las cuales intervino la constructora sueca Skanska, que luego admitió haber empleado más de cien facturas falsas para blanquear la salida de poco más de 13 millones de pesos para pagar coimas.

Fue a raíz del empleo de las facturas falsas cuando el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart descubrió que el dinero evadido por Skanska mediante esa modalidad estaba destinado, en realidad, al pago de las coimas que la empresa sueca admitió haber pagado sin decir a quién.

El festín de facturas falsas comprometió también a otras empresas. El juez federal Guillermo Montenegro, que investiga las presuntas coimas, se desprendió de varias investigaciones sobre este tipo de facturas. Una de esas investigaciones comprende a Emgasud y a tres sociedades: Wikan Obras y Servicios, Constructora La Nueva SA y Constructora Triple T SRL, que habrían simulado operaciones con Skanska, y emitido facturación a nombre de Emgasud.

Nulidad
• El abogado Julio Virgolini, defensor del ex presidente del Enargas Fulvio Madaro en la causa Skanska, planteó ayer la nulidad del peritaje que ordenó el juez federal Guillermo Montenegro sobre el entrecruzamiento de llamadas telefónicas entre todos los imputados. Fue luego de que anteayer fuentes judiciales informaran la existencia de varios contactos entre Madaro y el responsable de una sociedad de bolsa en la que se negociaron algunos cheques de Skanska.

POR OTRO GASODUCTO, MÁS FUNCIONARIOS ACUSADOS

El actual secretario de Energía, Daniel Cámeron, y su subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, serán investigados por su responsabilidad en posibles irregularidades en la construcción de un gasoducto en la Patagonia. Es una obra desarrollada por la inversora Emgasud SA, de muy buena relación con la Casa Rosada.

Esta nueva causa irá al juzgado de Julián Ercolini, a partir de una denuncia que ayer formuló el fiscal Carlos Stornelli como un desprendimiento del caso Skanska. El dueño de Emgasud, Alejandro Ivanissevich, es otro de los imputados. Stornelli también acusó al ex interventor del Enargas, Fulvio Madaro, y al ex gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, de acuerdo a un dictamen al que ayer accedió Clarín.

El Gasoducto Patagónico requirió una inversión de 295 millones de pesos. Su objeto fue la provisión de gas a distintas localidades cordilleranas y del Atlántico. El capital lo pusieron —en principio— la provincia de Chubut, con aportes financieros y no reembolsables; la Nación, sea de manera directa o triangulada, y grupos privados gestionados por la misma Emgasud y la Provincia; a su vez, Emgasud se ocupó de la construcción y Nación Fideicomisos, de la administración.

El esquema es similar al que se utilizó para la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur. En esas obras, el juez Guillermo Montenegro va a interrogar en las próximas semanas a Madaro y Ulloa por presuntas coimas y sobreprecios; Stornelli también reclama las indagatorias de Cameron y Fólgar, que el juez prefirió —por ahora— dejar de lado. Skanska ya admitió el pago de sobornos, pero dice no saber a quién.

La primera presentación sobre el Gasoducto Patagónico la había formulado el 27 de abril de este año el diputado provincial Carlos Lorenzo (UCR). Stornelli venía llevando adelante actuaciones preliminares, para lo cual pidió informes al Enargas, a Nación Fideicomisos y a otros organismos.

Lo que sospecha —en concreto— es que las obras se apartaron de la normativa vigente en varios aspectos: Emgasud habría sido al mismo tiempo gerenciador y constructor, cuando ni siquiera habría "contado en sus estatutos, como objeto social, el de la construcción o instalación de gasoductos". Además, Stornelli cree que se le habrían pagado a esta la empresa de Ivanissevich "distintos valores dinerarios posiblemente irregulares o desmedidos en cuanto a su naturaleza y/o razonabilidad" desde el fondo fiduciario de Nación Fideicomisos.

Ercolini y estaba investigando a Emgasud por la utilización de facturas apócrifas de 2.940.683 pesos de tres sociedades posiblemente fantasmas.