Las estaciones de servicio presentaron una nota a la Comisión que regula el sector y a la petrolera estatal solicitando la revisión del impuesto al cheque y el pago anticipado del combustible, condiciones comerciales que se están implementando pese a que YPF opera bajo el sistema de consignación. Las demandas se concentran ahora en el Estado.
La Cámara de Expendedores de Entre Ríos se sumó al pedido que realizó la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) a YPF para recomponer la rentabilidad de los operadores de la red. Esta vez se dirigieron directamente a la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas por considerarla el actor principal que toma las decisiones políticas del sector y por su influencia en la vida activa de la petrolera.
Los dos aspectos medulares que plantean son terminar con el pago anticipado del combustible y el cargo del impuesto al cheque. Osvaldo González, presidente de la entidad señala que “ninguno de estas dos condiciones están permitidas en el sistema de consignación”. Como las estaciones de servicio legalmente venden productos ajenos, considera que “es ilógico” pagar el producto por anticipado, como así algunos de los impuestos que resultan de su comercialización.
En reuniones llevadas adelante con las cámaras empresarias representantes de YPF dejaron en claro que por este año no se concederían más beneficios de los que se anunciaron durante el plan de los días. Por eso es que ahora buscan implicar directamente al Gobierno para que tome cartas en el asunto. A principios de este año, mientras la petrolera todavía estaba administrada por el Grupo Repsol desde el Ministerio de Planificación Federal admitieron a los estacioneros que YPF estaba imponiendo condiciones comerciales injustas.
El problema que surgió a partir del Decreto 1277/12 es que delegó funciones en los Ministerios de Economía y Comercio pese a que anteriormente no estaban al tanto de la realidad de las estaciones de servicio. Con la nueva normativa son los que ejecutan las medidas más importantes para el control de la actividad.
La vía judicial queda casi descartada por los operadores debido al temor de sufrir represalias, tales como la perdida de la bandera o restricciones en el suministro. Sólo se animarían aquellos que tienen espalda para soportar un juicio por todos los gastos que ello implica.
