La tregua política que se había planteado entre la Casa Rosada y la administración de Daniel Scioli tras el giro de los fondos para el pago de los aguinaldos duró menos de una semana. Ahora el detonante de la nueva embestida del gobierno nacional es el ajuste de tarifas para el servicio eléctrico que aprobaron las autoridades provinciales.
Cuando aún no se habían cumplido 24 horas del anuncio oficial de la suba tarifaria de hasta el 28% en las tarifas de la luz, el ministro de Planificación, Julio De Vido salió ayer con los tapones de punta contra el gobierno bonaerense y anticipó que será penalizado con una quita de subsidios que encarecerá el precio de la energía mayorista que reciben las operadoras eléctricas de la provincia.
La ofensiva lanzada por De Vido fue acompañada de inmediato por varios intendentes oficialistas del Gran Buenos Aires con declaraciones que cuestionaron la medida de Scioli y defendieron la postura de la Nación.
“Las provincias que aumenten las tarifas su frirán un descuento, de la misma proporción que el incremento que apliquen, en los subsidios a la generación eléctrica que les otorga la Nación”, advirtió ayer De Vido, por medio de un comunicado del ministerio que reprodujo declaraciones efectuadas en Caracas.
En una directa alusión a Scioli, el titular de Planificación destacó que “aquellas provincias que, en total autonomía, decidan redefinir las políticas tarifarias de sus distribuidoras eléctricas estarán sujetas a que el Estado Nacional asuma su potestad de fijar los niveles de subsidios a la generación, que aplica a cada una de ellas”.
Según señaló De Vido “si no les descontáramos los subsidios a la generación eléctrica en la misma proporción de los aumentos a la distribución a las provincias que suben sus tarifas, estaríamos discriminando a aquellas administraciones que comprometidamente apoyan las políticas de inclusión y competitividad que en materia energética lleva adelante el Gobierno Nacional”.
El “castigo” económico que recibirá tanto Buenos Aires, como la provincia de Salta que también concedió un ajuste tarifario del 14,5%, se enmarca en el nuevo criterio de manejo de los subsidios eléctricos que viene instrumentando la administración kirchnerista desde fines del año pasado.
En ese momento, junto con las primeras quitas de subsidios a determinadas industrias y usuarios residenciales, el ministerio de Planificación había establecido que aquellas provincias que procedieran a aumentar sus tarifas finales iban a sufrir un recargo equivalente en el precio mayorista de la energía que le compran a la CAMMESA, la administradora del mercado eléctrico que depende del gobierno nacional.
Dicha “penalización” ya fue aplicada a veinte distribuidoras y cooperativas eléctricas del interior que aplicaron incrementos de hasta el 28% en las tarifas eléctricas.
En esa lista sobresalen las empresas provinciales de Córdoba, Santa Fe y San Luis. En total, la CAMMESA les facturó recargos por $ 225 millones que aún no ha logrado cobrar por los amparos judiciales favorables que obtuvieron las tres distribuidoras. En el caso de las 17 operadoras restantes que fueron castigadas, la mayoría desconoció las multas y de algo más de $ 11 millones facturados, la CAMMESA sólo pudo cobrar $ 1,7 millón a cuatro cooperativas bonaerenses.
Otro tiempo. Scioli y De Vido en una presentación, en 2011
El Gobierno nacional reeditó ayer con Buenos Aires una receta que ya había aplicado a fin de año con Santa Fe, Córdoba y Corrientes, que por entonces habían impulsado subas en la distribución de energía. Luego de que la gestión de Daniel Scioli autorizó el martes aumentos para las tarifas de luz, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sostuvo que a las provincias que dispongan incrementos en las boletas de electricidad, la Nación «les descontará subsidios a la generación eléctrica en la misma proporción» del ajuste.
La advertencia llegó como réplica de la disposición de Scioli de un nuevo régimen tarifario y después de la intensa puja entre el bonaerense y la presidente Cristina de Kirchner, que evidenció la necesidad de la provincia de contar con ayuda financiera de la Nación para pagar los aguinaldos a los trabajadores estatales.
Las subas en Buenos Aires fueron autorizadas para las distribuidoras que operan en el interior provincial y afectará a más de dos millones de usuarios. Para Edelap, los aumentos para residenciales van desde un 18% hasta un 28%, mientras que para las firmas Eden, Edes, Edea y para más de 200 cooperativas que operan en toda la provincia, rondan entre un 10% y un 14%. Las pymes, los comercios y también algunas grandes empresas serán alcanzados por subas de entre un 8% y un 10%.
En tanto, la disposición de la Casa Rosada también afectará a Salta porque, del mismo modo, el gobernador Juan Manuel Urtubey aprobó el martes una suba del 14,5% en dos fases para los usuarios de electricidad de la empresa Edesa.
«Es una cuestión de justicia o equidad: si no les descontáramos los subsidios a la generación eléctrica en la misma proporción de los aumentos a la distribución, estaríamos discriminando a aquellas provincias que apoyan las políticas de inclusión y competitividad que en materia energética lleva adelante el Gobierno nacional», justificó De Vido en un comunicado oficial y cuestionó demandas de otras provincias, que pueden servir ahora de antecedente, que en diciembre pidieron respeto de la autonomía para poder aumentar sus tarifas.
Los reclamos de fin de año los encabezó Santa Fe, cuando todavía estaba al frente del Ejecutivo el socialista Hermes Binner. Tras disponer una suba en las tarifas de luz en noviembre anticipó complicaciones con la Resolución 8.752 (de mediados de ese mes) de la Secretaría de Energía de la Nación, que dispuso que todo aumento tarifario que se aplique a la distribución se considerará parte de la compra mayorista de la energía. Por entonces, según se argumentó desde la Casa Gris, la postura del Gobierno nacional no tuvo en cuenta las grandes diferencias y asimetrías que separan las realidades de las empresas de los Estados provinciales y las de las firmas privadas del sector, como Edenor y Edesur, con servicios acotados a grandes ciudades.
Scioli ahora evalúa subir hasta 60% la luz para esquivar otra pelea con el Gobierno
El Cronista
Una semana después de encauzar los problemas fiscales para pagar el aguinaldo bonaerense, el Gobierno le puso una nueva disyuntiva al gobernador Daniel Scioli: para convalidar el aumento en las tarifas de luz de hasta el 28% que otorgó el martes sin generar un nuevo cortocircuito con la presidenta Cristina Fernández, deberá aplicar una ajuste en la factura final de algunos usuarios equivalente al doble del aumento otorgado.
Eso se debe a que el Gobierno dispuso, a principios de año, reducir los subsidios a las provincias que ordenen incrementos de manera equivalente a la suba. El ministro de Planificación, Julio de Vido, fue el encargado de recordarle a Scioli ese detalle: “Aquellas provincias que, en total autonomía, decidan redefinir las políticas tarifarias de sus distribuidoras eléctricas estarán sujetas a que el Estado Nacional consecuentemente asuma su potestad de fijar los niveles de subsidios a la generación, que aplica a cada una de ellas”, afirmó el funcionario. El mismo enunciado le cabe a Salta, que otorgó una suba de un 14,5%, por lo que corre la misma situación.
El martes, Scioli le otorgó aumentas tarifarios a Edelap, Eden, Edea, Edesa y unas 200 cooperativas que prestan el servicio de distribución eléctrica en la provincia. En el caso de Edelap, que atiende a la zona de La Plata, un 65% de los usuarios residenciales tendrán un ajuste de $ 7 (aproximadamente el 15%) en sus futuras boletas de luz. Pero como el Gobierno le quitará una parte proporcional al aumento, sufrirán una suba total de $ 14, dado que Scioli no reclamará por la quita de subsidios ante la Justicia ni sacará de las finanzas provinciales la diferencia (es algo similar a lo que hizo Jujuy).
No es un detalle que no hayan tenido en cuenta en el entorno del gobernador. Un funcionario cercano a Scioli confirmó a El Cronista que la decisión de aumentar tarifas “es una especie de DNU para evitar que la ciudad y sus alrededores se queden a oscuras en agosto”. Y agregó que no se trata de “un aumento significativo”.
Hacía referencia en particular a Edelap. La distribuidora estuvo hasta noviembre del año pasado bajo la órbita nacional, casi sin recibir ajustes de tarifa. Es por eso que por una factura de 400 kilowatts por hora recibe $ 48, mientras que en otros puntos de la provincia el número asciende a $ 160. En algunos casos, además, hay consumos que no sufren aumentos desde 1992.
En esas condiciones, la empresa incumplió la semana pasada un pago con Cammesa, la empresa mixta que administra el mercado eléctrico, y se encuentra en una compleja situación económico–financiera.
Scioli tendrá, podrá, al menos determinar de qué manera reorganiza los menores subsidios.
Frente de conflicto
Otras provincias recorrieron antes el camino que ahora toma Buenos Aires. Los casos más resonantes son los de Córdoba y Santa Fe, que aplicaron aumentos de tarifas en sus distribuidoras provinciales a través de Epec y Epe, respectivamente, y sufrieron una quita equivalente de subsidios. Pero Juan Manuel de la Sota y Antonio Bonfatti no aceptaron la decisión del Gobierno y plantearon recursos en la Justicia. Es por eso que dejaron de pagar una parte suculenta de la factura eléctrica a Cammesa. De acuerdo con los números que manejaba el organismo mixto hasta julio, según datos a los que accedió El Cronista, la firma cordobesa le debía al Estado casi $ 116 millones, y la santafesina unos $ 100 millones. En la contabilidad oficial figuran como “agentes con medida judicial contra normas de la Secretaría de Energía”.
Advierten a Scioli por los aumentos
La Nación
Luego de una frágil tregua, el gobierno de Cristina Kirchner retomó la ofensiva política contra el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, para condicionarle los recursos nacionales. El ministro de Planificación, Julio De Vido, advirtió ayer que les quitará los subsidios a la generación eléctrica a las provincias que, como Buenos Aires, dispongan aumentos en las tarifas de energía eléctrica. "Quienes avanzan en ese sentido se apartan claramente de los ejes liminares de las políticas nacionales en materia energética", aseguró el funcionario.
El gobierno bonaerense había dispuesto anteayer subas en las boletas de luz de hasta un 28% retroactivas al 1° del actual. También el ente regulador de Salta había ordenado una suba del 14,5% a la distribuidora Edesa SA.
Pero el comunicado oficial que firmó ayer De Vido desde Venezuela, antes de regresar al país, sólo consignó en forma crítica y explícita la suba en la provincia de Buenos Aires. Scioli volvió así a ser el blanco preferido de la ofensiva oficial.
En forma paralela, el vicegobernador Gabriel Mariotto volvió a distanciarse de Scioli. Si bien negó ser "golpista", rechazó la prórroga de las licencias del juego, herramienta a la que recurrió Scioli para cobrar un canon extraordinario.
Las nuevas embestidas de De Vido y Mariotto ocurrieron tras una tregua endeble. Luego de tironeos por el envío de fondos que la Nación le negaba a Scioli, la semana pasada Cristina Kirchner le había otorgado a Buenos Aires un préstamo de 600 millones de pesos de la Anses y la autorizó a endeudarse por 900 millones para pagar el medio aguinaldo.
En el Gobierno siguen mascullando que Scioli "quiere seguir gestionando y solventando su campaña presidencial" para 2015 "con recursos de la Nación". Por ello, todavía existen presiones sobre Scioli para que ajuste el impuesto inmobiliario en los countries, clubes y barrios privados, además de redoblar la carga sobre el juego.
La embestida del cristinismo se complementó ayer con críticas al aumento de tarifas en la luz de varios intendentes bonaerenses, todas realizadas a la agencia oficial de noticias Télam.
En ese contexto, De Vido dijo que las provincias "que aumenten las tarifas sufrirán un descuento de la misma proporción en los subsidios nacionales". Pero no especificó el monto de esa quita ni la mecánica. Y en el Gobierno nadie lo informó con precisión.
En su comunicado, De Vido aseguró que "aquellas provincias que, en total autonomía, decidan redefinir las políticas tarifarias de sus distribuidoras eléctricas estarán sujetas a que el Estado nacional consecuentemente asuma su potestad de fijar los niveles de subsidios a la generación que aplica a cada una de ellas".
También agregó: "Es una cuestión de justicia o equidad: si no les descontáramos los subsidios a la generación eléctrica en la misma proporción de los aumentos, estaríamos discriminando a aquellas administraciones que apoyan las políticas de inclusión y competitividad que lleva adelante el Gobierno".
Un vocero de Scioli argumentó que "el incremento está destinado a gastos administrativos" y que "si no se aumentaba, las empresas no podían garantizar el servicio". Y agregó: "No entendemos por qué algunos intendentes, como el de Pilar, donde no regirá el aumento ya que tiene otra prestadora, salieron a apoyar la medida del Ministerio"..
La quita de subsidios afectará a 1,5 millones de consumidores
La Nación
Alrededor de un millón y medio de familias y comercios del interior bonaerense deberán abonar la próxima factura de luz , que llegará entre agosto y septiembre, con un aumento promedio del 15% . Esto ocurrirá a partir de que el gobierno de Daniel Scioli decidió autorizar las subas requeridas por las distribuidoras del servicio de acuerdo con los incrementos en sus costos de mano de obra y materiales.
A través de la resolución 243 del Ministerio de Infraestructura provincial, el Ejecutivo aprobó una reactualización de los cuadros tarifarios en los distritos del interior, con o sin subsidio, que en algunos casos alcanzará hasta un 28 % de aumento en las facturas por consumo eléctrico. Por esta medida quedan exentos los usuarios del conurbano.
Las cuatro distribuidoras y las 200 cooperativas que prestan el servicio ya fueron informadas y comenzarán a aplicar las nuevas tarifas a partir de los consumos posteriores al primer día de julio. El gobierno bonaerense salió a respaldar el incremento de la tarifa de energía eléctrica y dijo que en la mayoría de los casos el porcentaje representa un incremento concreto de entre 5 y 7 pesos.
"El aumento está justificado porque las empresas no iban a poder asegurar la prestación del servicio a partir de agosto. Con el incremento se cubre el costo operativo y los valores para los usuarios rondarán los $ 7", dijo a LA NACION un vocero de Scioli.
En lo que respecta a los clientes residenciales de la Empresa Distribuidora de Energía La Plata SA (Edelap), que brinda el servicio a unas 268.000 familias de la capital provincial y distritos aledaños, el 80% de ellos verá incrementado el valor de su consumo promedio en un 20% (unos $ 7 más por mes).
Según informó la empresa, la mayor parte de los usuarios particulares gasta 400 KWh por bimestre. "En 2001 ese cliente abonaba $ 45, y actualmente $ 48. No ha tenido prácticamente variaciones, a pesar de la inflación que se ha registrado desde 2001", se explicó a través de un comunicado.
El ajuste en las ciudades del interior rondará, en cambio, el 10 %, porque las compañías que distribuyen la luz en regiones del sur y el noroeste bonaerenses y de la costa atlántica fueron beneficiadas con un ajuste tarifario en junio de 2011, según informaron a LA NACION.
"El ajuste mensual para una tarifa residencial promedio no supera los $ 6,5 (sin impuestos)", indicó una vocera de la Empresa Distribuidora de Energía Norte SA (EDEN). El aumento alcanza a la totalidad de los clientes de esta compañía (unas 334.000 familias y comercios) que viven en el noroeste bonaerense.
En el caso de la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica SA (EDEA), que brinda el servicio de luz en forma directa a 17 localidades y a 35 a través de cooperativas tercerizadas, 447.000 usuarios del sudeste bonaerense recibirán las facturas con subas -los residenciales sufrirán un incremento promedio del 10%; los comerciales, un 8%-. Los restantes 15.000 clientes de la compañía gozan del beneficio de la tarifa social, "por lo que no se los va a tocar", afirmó a LA NACION una fuente de la empresa.
Hacia el sur de la provincia, 178.000 vecinos y comerciantes de distritos como Patagones y Bahía Blanca y otras ciudades aledañas verán llegar las facturas de luz con aumentos que oscilarán entre 6 y 17%.
A más aumento, corresponderá menos subsidio
Página 12
Luego del aumento en las tarifas eléctricas que el gobierno de Scioli les autorizó a las distribuidoras y cooperativas bajo su órbita, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, informó ayer que la Nación le descontará a la provincia de Buenos Aires subsidios a la generación eléctrica en la misma proporción, tal como ya lo hizo con Córdoba, Santa Fe y San Luis. “Si no les descontáramos los subsidios a la generación eléctrica en la misma proporción de los aumentos a la distribución a las provincias que suben sus tarifas estaríamos discriminando a aquellas administraciones que comprometidamente apoyan las políticas de inclusión y competitividad que en materia energética lleva adelante el gobierno nacional”, informó el funcionario a través de un comunicado. Cerca de Scioli señalaron ayer a este diario que la reacción de la Nación no los sorprendió y que ahora están evaluando a qué sectores se les transferirá el costo adicional que implica la quita parcial de subsidios. El objetivo es que no suponga un aumento adicional para los usuarios residenciales.
Scioli decidió el martes autorizarles un aumento de hasta el 28 por ciento a las eléctricas que operan bajo la órbita provincial a través de las resoluciones 243 y 244. Las beneficiadas son Edelap, EDEN, EDEA, EDES y unas doscientas cooperativas que le brindan servicio a más de 2,1 millones de hogares, industrias y comercios en La Plata y el interior de la provincia. En el conurbano, donde prestan servicio Edesur y Edenor, dos empresas reguladas por la Nación, las tarifas permanecen sin cambios.
El aumento varía según el tipo de usuario. Edelap, la distribuidora que opera en La Plata y otros cinco partidos lindantes, aplicará un ajuste del 20 por ciento en promedio, pero para los clientes residenciales de consumos medios y bajos (R1 y R2) será del 14 por ciento y para el resto de los hogares llegará al 28 por ciento. Mientras que para las demás distribuidoras el aumento domiciliario será de 10 por ciento en promedio. El ajuste alcanzará además a comercios e industrias.
En la provincia justifican la decisión por la delicada situación financiera de cada una de las distribuidoras, las cuales tienen las tarifas congeladas desde hace diez años, en los últimos tiempos manifestaron problemas para pagarle la energía a Cammesa y arrastran serios déficit de inversión en sus redes.
Más allá de las razones que esgrimen cerca de Scioli, desde la Nación tienen la política de retirarles parte del subsidio a las empresas provinciales que deciden aumentar la tarifa. “Aquellas provincias que en total autonomía decidan redefinir las políticas tarifarias de sus distribuidoras eléctricas estarán sujetas a que el Estado Nacional consecuentemente asuma su potestad de fijar los niveles de subsidios a la generación, que aplica a cada una de ellas”, sostuvo ayer De Vido a través de un comunicado. En ese mismo texto afirmó que “tal como lo hemos explicado en diciembre último, cuando otras provincias reclamaban ‘respeto a la autonomía’ para poder aumentar sus tarifas de electricidad, no es intención del gobierno nacional restringir las facultades de nadie, sino advertir que quienes avanzan en ese sentido se apartan claramente de los ejes liminares de las políticas nacionales en materia energética que viene llevando adelante el gobierno nacional desde 2003”.
A fines del año pasado, la Nación tuvo un conflicto por este mismo tema con los gobiernos de Córdoba y Santa Fe. En Córdoba, por ejemplo, el gobernador Juan Manuel De la Sota autorizó a EPEC a aplicar un aumento del 15 por ciento a partir del 1º de diciembre y otro 11,3 por ciento en marzo. La reacción del gobierno nacional no se hizo esperar y De Vido dejó en claro en aquel momento que recortaría de manera proporcional los subsidios que recibía la empresa. A los pocos días, el secretario de Energía, Daniel Cameron, envió una carta a la provincia donde adelantó que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) le cobraría un cargo adicional equivalente al incremento promedio de la modificación de las tarifas por la energía que EPEC le compra. El monto adicional reclamado era de 56,7 millones de pesos, pero EPEC obtuvo un amparo en la Justicia que luego fue ratificado por la Cámara de Apelaciones de Córdoba y la disputa aún no está resuelta. Algo similar ocurrió en Santa Fe, donde EPE subió la tarifa en diciembre entre 8 y 13 por ciento. Cammesa respondió recortando subsidios por 36 millones de pesos y la empresa fue a la Justicia, donde logró fallos a favor en primera instancia y en la Cámara Federal de Rosario. Por lo tanto, ni en Córdoba ni el Santa Fe el gobierno nacional ha podido hasta el momento cobrar un ingreso adicional a través de Cammesa por la energía que se les vende a las empresas eléctricas de esas jurisdicciones.
En la provincia de Buenos Aires afirman que no van a judicializar la disputa. Fuentes cercanas a Scioli dijeron a este diario que la Nación ya estaba al tanto del ajuste que iba a autorizar el gobernador y que a su vez ellos sabían cuál sería la reacción del gobierno nacional, en línea con lo ocurrido en las otras jurisdicciones. De hecho, ayer ningún funcionario del Ejecutivo provincial salió a responder a las declaraciones de De Vido. Hasta el momento, la decisión es aceptar el recorte parcial de subsidios y ver de qué manera se les transferirá ese monto a los usuarios. El objetivo de Scioli es que eso no suponga un aumento adicional para los clientes residenciales y que recaiga exclusivamente sobre los usuarios más grandes, pero no se ofrecieron detalles sobre ese tema porque aún no hay una decisión tomada.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, advirtió a las provincias que dispongan un aumento en las tarifas de electricidad, que la Nación “les descontará subsidios a la generación eléctrica en la misma proporción” del ajuste.
“Aquellas provincias que en total autonomía decidan redefinir las políticas tarifarias de sus distribuidoras eléctricas, estarán sujetas a que el Estado Nacional asuma su potestad de fijar los niveles de subsidios a la generación, que aplica a cada una de ellas”, señaló el funcionario.
De este modo, De Vido hizo referencia a la decisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y también el de Salta, de avanzar con incrementos para el servicio eléctrico que brindan las distribuidoras y las cooperativas de esos distritos.
En un comunicado, el ministro señaló que se trata de “una cuestión de justicia o equidad”. “Si no les descontáramos los subsidios a la generación eléctrica en la misma proporción de los aumentos a la distribución, estaríamos discriminando a aquellas provincias que apoyan las políticas de inclusión y competitividad que en materia energética lleva adelante el Gobierno Nacional”, remarcó.
"Tal como lo hemos explicado en diciembre último, cuando otras provincias reclamaban respeto a la autonomía para poder aumentar sus tarifas de electricidad, la intención del Gobierno Nacional es advertir que quienes avanzan en ese sentido se apartan claramente de las políticas nacionales en materia energética", añadió.
Por ultimo, el funcionario se refirió a la decisión de las empresas de energía de cortar el suministro eléctrico a dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: "el problema no es el subsidio, si no que la Ciudad no paga la cuenta", explicó.
"Si ellos no subsidian el ABL a sus contribuyentes, no veo por qué la Nación deba hacerlo con la electricidad de la Ciudad", concluyó De Vido.
Para Edelap, suba en Buenos Aires es aún insuficiente
Ámbito Financiero
Tras la suba tarifaria del servicio eléctrico autorizada por el Gobierno bonaerense, el gerente de Relaciones Institucionales y Asuntos Regulatorios de Edelap, Diego Massera, señaló que «pese a que con esta recomposición se rompe una inercia de congelamiento tarifario de muchos años, el incremento resulta insuficiente para equilibrar la situación económico financiera de la empresa, y por tanto mejorar la calidad del servicio».
«Vamos a continuar insistiendo en una recomposición integral de las tarifas de Edelap», remarcó desde una empresa que este año pasó a la jurisdicción provincial y que brinda servicio a los partidos de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio.
Según Massera, «desde 2001 los costos que la empresa debe afrontar para brindar el suministro a sus clientes aumentaron un 531% en general y un 838% en lo que respecta a salarios, mientras las tarifas permanecían prácticamente sin modificaciones».
Tal como lo informó ayer este diario, el Gobierno de Daniel Scioli autorizó una actualización tarifaria -desde los consumos de este mes- a Edelap, Eden, Edes y Edea, además de a 200 cooperativas que operan en la provincia. La medida alcanza a 2.130.000 usuarios.
Por la iniciativa, el 70% de los usuarios residenciales recibirá -para consumos promedio, y a consumos iguales- un incremento del 18% promedio para el caso de Edelap, y del 10% promedio para el resto de las empresas. En ambos casos, no superará los 7 pesos mensuales. Para el 30% restante de los usuarios residenciales, los usuarios de Edelap recibirán un alza del 28% promedio, mientras que en el caso del resto de las firmas, el aumento será del 14% promedio. En tanto, las pymes y los comercios serán alcanzados por una suba de entre un 8% y un 10%.
